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caso arona > fin de la instrucción judicial

La defensa de 8 políticos imputados cuestiona al juez por ser de Arona

   

VICENTE PÉREZ | ARONA

Miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arona en el mandato 2003-2007 (formada por CC, PP y CAN) han presentado ante la Audiencia Provincial un recurso de apelación contra el auto que los mantiene imputados. En el escrito, cuestionan la imparcialidad del juez Nelson Díaz Frías por ser convecino suyo, y estiman que debió renunciar a instruir esta causa. “El instructor vivió y vive con su familia en Los Cristianos,de donde son la mayoría de mis representados, frecuentando los mismos lugares”, afirma la abogada de ocho imputados.

No obstante, la letrada reconoce que no pidió la recusación, porque “cuando se personó en las diligencias desconocía muchos de los datos” que ahora se saben sobre esta instrucción. En el recurso, se llega a arrojar sospechas sobre el modo en que se le asignó el caso al juez y en este sentido estos imputados se quejan de que “hasta en nueve ocasiones” han pedido, sin éxito, las normas de reparto de los asuntos penales efectuada por el Decanato de los Juzgados de Arona, lo que les deja en “total indefensión” a efectos de proponer la nulidad de las actuaciones.

Alegan además que “la instrucción ha sido cuanto menos irregular” porque “se han grabado de forma indiscriminada y difundido cuestiones personalísimas y “no existe prueba alguna de cargo fiable” para las imputaciones.

En el caso de las licencias urbanísticas con informes jurídicos municipales desfavorables, sostienen que el juez no ha tenido en cuenta los informes técnicos positivos, “lo que destruye de entrada la posibilidad de que se impute una prevaricación urbanística”. Por tanto, la abogada defensora cree que se trata de una cuestión de lo Contencioso Administrativo y no penal, aunque recuerda que “ninguna de las licencias ha sido anulada en vía administrativa o judicial” e incluso ve positivo en descargo de sus clientes la reciente publicación oficial de la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación.

La abogada invita, con ironía, a los magistrados de la Audiencia Provincial a acercarse a Arona “para comprobar las tan abominables infracciones urbanísticas efectuadas”, al tiempo que acusa al juez de “ligar cuestiones meramente administrativas con una trama de corrupción a lo Marbella que no tiene ninguna razón de ser ni indicio alguno”.

Igualmente, tacha de “bastante surrealista” que se haya citado a declarar a “una directora de una guardería, un policía local, un guardia civil, un emigrante, un albañil, un barrendero y un jardinero” y no “a los grandes empresarios de la Isla propietarios de las presuntas edificaciones ilegales, reuniones ilícitas, tramas políticas” o “los presuntos pagadores de cohechos”. El juez ha imputado en total a 30 personas, incluidos políticos, técnicos y funcionarios, entre otros.