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EN LA FRONTERA > POR JAIME RODRÍGUEZ ARANA

La reforma del Estado de bienestar

   

El Estado de bienestar, en su versión estática, está en crisis. Quién lo pude dudar. Por eso la principal reforma del Estado de bienestar habrá de venir de la mano de ajustes razonables e inteligentes en la propia función básica del Estado.
Hemos de pasar de la perspectiva estática y clientelar, la que hemos vivido estos años en España, a una perspectiva dinámica y humana del Estado de bienestar que permita el libre y solidario desarrollo de las personas.

En efecto, el Estado de bienestar, entendido desde una perspectiva dinámica, no es más, ni menos, que un medio magnífico para que las personas dispongan de más espacios de libertad solidaria y autonomía.

El Estado de bienestar estático y clientelar ha muerto porque se acabó la financiación. Sin embargo, ello no significa que haya que cerrar las políticas sociales y educativas, sólo faltaría, sino afrontarlas desde el pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario, algo que se olvida cuando se aplican, como ha acontecido entre nosotros, políticas profundamente ideológicas.
Las prestaciones sociales, las atenciones sanitarias, las políticas educativas, son bienes de carácter básico que un gobierno debe poner entre sus prioridades políticas, de manera que la garantía de esos bienes se convierta en condición para que una sociedad libere energías que permitan su desarrollo y la conquista de nuevos espacios de libertad y de participación ciudadana.

Este conjunto de prestaciones del Estado, que constituye el entramado básico de lo que se denomina Estado de bienestar, no puede tomarse como un fin en sí mismo. Cuando así acontece, el Estado se reduce a mero suministrador de servicios, con lo que el ámbito público se convierte en una rémora del desarrollo social, político, económico y cultural. Además, una concepción de este tipo se traduce no en el equilibrio social necesario para la creación de una atmósfera adecuada para los desarrollos libres de los ciudadanos y de las asociaciones, sino en una concepción estática que priva al cuerpo social del dinamismo necesario para desarrollarse en libertad solidaria.

Las prestaciones, los derechos, tienen un carácter dinámico que no puede quedar a merced de mayorías clientelares, anquilosadas, sin proyecto vital, que puede llegar a convertirse en un cáncer de la vida social. Las prestaciones del Estado tienen su sentido en su finalidad al servicio del libre desarrollo integral de las personas.

Sírvanos como ejemplo la acción del Estado en relación con los colectivos más desfavorecidos, en los que -por motivos diferentes- contamos a los marginados, los parados, los pobres y los mayores. Las prestaciones del Estado nunca pueden tener la consideración de dádivas mecánicas, como ha ocurrido estos años en España.

Más bien el Estado debe proporcionar con sus prestaciones el desarrollo, el afloramiento de las energías y capacidades que están escondidas en esos amplios sectores sociales y que tendrán la manifestación adecuada en la aparición de la iniciativa individual y asociativa.

Ahora bien, esas prestaciones se deben ofrecer en el marco de inteligentes políticas de alianza con instituciones sociales especializadas en la materia, con obvias reducciones de costes y mejoras en la prestación de unos servicios que deben realizarse por quien esté en mejores condiciones de hacerlo. Claro, si se trata de asumir desde el espacio público todas estas actividades para colocar a los amigos y afines, el sistema, tarde o temprano, lo hemos visto, se agota.
Las nuevas políticas públicas se deben hacer siempre a favor de la gente, de su autonomía -libertad y cooperación-, dándole cancha a quienes la ejercen e incitando o propiciando su ejercicio -libre- por parte de quienes tienen mayores dificultades para hacerlo. Acción social y libre iniciativa son realidades que el pensamiento compatible capta como integradoras de una realidad única, no como realidades contrapuestas.

Las nuevas políticas no se hacen pensando en una mayoría social, en un segmento social que garantice las mayorías necesarias en la política democrática, sino que se dirigen al conjunto de la sociedad y, cuando están verdaderamente centradas, son capaces de concitar a la mayoría social, aquella mayoría natural de individuos que sitúan la libertad, la tolerancia y la solidaridad entre sus valores preferentes.

Hoy, sin embargo, la partitocracia reinante impide que estas instituciones sientan de verdad los problemas colectivos de la gente.

Más bien, las formaciones partidarias siguen obsesionadas por el poder: en cómo alcanzarlo y en cómo mantenerlo. No importa si para ello hay que aliarse con el gran capital en contra de la mayoría social o si es menester trastocar el equilibrio social o desnaturalizar instituciones promotoras de estabilidad.

El Estado de bienestar hoy, en plena crisis económica y financiera, claro que es posible. Es posible si se camina por una concepción dinámica e instrumental del poder.

Es posible si desde el poder se trabaja por la mejora de las condiciones de vida de las personas. Es posible si se fomentan políticas abiertas a la vida y a las instituciones generadoras de estabilidad social.

Jaime Rodríguez-Arana es Catedrático de Derecho Administrativo
jra@udc.es