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Los cajeros pasan por caja

   

Dos cajeros en fachada exterior, ubicados en el centro histórico de La Laguna.| DA

J. F. JURADO | La Laguna

Las entidades bancarias de La Laguna con cajeros a pie de calle deberán pagar a partir de ahora una tasa municipal por ocupación del espacio público. Esta es la principal novedad del periodo de pago voluntario que se abre hoy en la ciudad de Aguere, y que también afecta a las tasas por recogida de basuras y residuos sólidos urbanos para locales y los impuestos sobre actividades económicas y por la instalación de anuncios y vallas publicitarias.

El Consistorio lagunero cobrará a los bancos un mínimo de 340 euros anuales por las máquinas situadas en las fachadas de las vías. No obstante, en este primer ejercicio de la nueva tasa las expectativas de ingresos son bastante modestas, no más de 12.000 euros en total.

El Ayuntamiento de La Laguna es uno de los primeros de Canarias que pone en marcha este tributo. Los bancos se negaban a ello y llegaron a recurrir la normativa pero, finalmente, la Justicia le ha dado la razón a las administraciones locales, gracias a un pleito iniciado por el Ayuntamiento de Mallorca. De hecho, son numerosos los consistorios del país que también han instaurado ya esta tasa, que afecta solo a los cajeros automáticos habilitados a pie de calle, en fachada exterior. Son los casos de los ayuntamientos de Mallorca, Granada, Mérida, Las Palmas de Gran Canaria o Tías, entre otros.

El Tribunal Supremo, en una sentencia de fecha 11 de febrero de 2009, avala que los consistorios cobren a las entidades financieras una tasa por los cajeros automáticos que se sitúan en la vía pública. Incluso, con independencia de que el cajero se prolongue por detrás de la fachada, según precisa el mismo veredicto. El Alto Tribunal desestimó el posterior recurso de casación interpuesto por la patronal de cajas, CECA. El Supremo creó jurisprudencia con esta decisión, que reconoce que, en estos supuestos, “existe una utilización especial del dominio público que beneficia a la entidad financiera”, y que justifica, por tanto, el cobro de dicho importe por parte de los ayuntamientos.

Argumentó el tribunal que si no existiera la actividad callejera al utilizar los cajeros no existiría tampoco el servicio prestado, cuyo desarrollo, además, es trasladado desde el interior de la oficina bancaria a la vía pública. Además, se utiliza el dominio público para “algo especial”, “bien distinto del uso general colectivo de la vía pública”.


Expectativas de ingresos

Además de la CECA, entidades como Banco Popular y Caja Madrid habían impugnado esta tasa en diferentes ciudades de la Península. Otros tribunales de instancias inferiores ya habían constatado que el gravamen es legal, pero algunos de primera instancia dictaron sentencias en sentido contrario. De ahí la importancia del fallo del Supremo, que unificó doctrina.

En todo el país hay casi 62.000 cajeros de tres redes, Servired, red 4B y red 6000, según datos del Banco de España. Y al menos la mitad de ellos, según estimaciones del sector, se sitúa en la vía pública. De este modo, el montante total que pueden recaudar los alcaldes si aplican esta tasa sería de un mínimo de 10,5 millones de euros y un máximo de 16 millones.