X

Los funcionarios que nos rodean

   

Imagen de archivo de una protesta de funcionarios de educación. | DA

JOSÉ DAVID SANTOS | Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento Garafía fue noticia hace unos días por el retraso en el pago de las nóminas a sus empleados municipales, un hecho que ponía de manifiesto problemas financieros y, sobre todo, su falta de liquidez. Y es que el impago a los funcionarios es uno de los peores escenarios para una administración, puesto que supone la quiebra, al menos estética, de la entidad. Más allá de la cuestión económica del municipio palmero, la noticia derivó, a su vez, en un debate -cíclico en todos los niveles administrativos- sobre el adecuado número de empleados municipales de Garafía; un total de 77 para una población de unos 1.900 vecinos. Así, tocaría a un trabajador municipal por cada 27 habitantes. Si bien puede parecer un cifra llamativa, cuando se acude a datos estatales y autonómicos se descubre que, en España, existe un funcionario cada 17 habitantes, media que en Canarias se amplía y alcanza la cifra de un empleado público por cada 16 canarios.

Así, en el Archipiélago se estima que hay unos 130.000 trabajadores en las administraciones públicas para una población de 2,1 millones de isleños, de los cuales unos 26.600 pertenecen a la administración central, 61.000 a la comunidad autónoma, 39.100 a los ayuntamientos y cabildos y unos 3.400 al personal de las dos universidades canarias. Porcentualmente, esta división es similar a la del conjunto del Estado para un total de 2,7 millones de empleados públicos.

La pregunta de si son muchos o pocos está constantemente en la sociedad, pero lo cierto es que con un sistema educativo y sanitario universal y gratuito casi el 40% de los funcionarios en España se dedica a la docencia no universitaria (20%) o pertenece al sistema nacional de salud (18,5%). Estos datos han sido extraídos del Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, editado el año pasado por el Ministerio de Presidencia, eso sí, con datos de 2009, aunque quizá sea el único estudio con algún nivel de concreción sobre esta materia. No obstante, muchos de esos números ya están desfasados, toda vez que desde 2009, y al contrario de lo que ha pasado en el sector privado, se ha constatado que el número de empleados públicos ha aumentado.

Dicho informe desvela que, en términos generales, en las zonas con mayor poder adquisitivo, caso de Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra o País Vasco; el peso del empleo público está por debajo de la media -con la excepción de Madrid-. En Cataluña, que ostenta la ratio más baja, hay casi 25 habitantes por funcionario, pese a poseer más competencias que cualquier otro territorio y de ser la segunda comunidad más poblada. En el extremo contrario está Extremadura, donde con un millón de habitantes hay un trabajador de la administración por cada 11 vecinos; le sigue Aragón, donde hay un empleado público por cada 14,5 habitantes; caso aparte es el de Ceuta y Melilla. Cada uno de los funcionarios toca tan solo a siete habitantes, debido a los más de tres mil militares que hay en las ciudades autónomas.

En cualquier caso, los analistas consideran que el verdadero peso que tiene el empleado público en la sociedad se debe analizar no en función del número de habitantes, sino de las tasas de ocupación; esto es, en relación al número de trabajadores. Así, tras unos años de crecimiento vertiginoso del desempleo, en la actualidad se estima que uno de cada siete trabajadores en España está vinculado directamente al sector público. En Canarias la media es aún mayor y uno de cada seis canarios con empleo lo tiene en alguna administración. En comparación, Cataluña sólo tiene un empleado público por cada 10 trabajadores y en Valencia, Navarra y País Vasco es empleado público uno de cada ocho. En el otro lado de la balanza está, nuevamente, la comunidad extremeña, donde uno de cada cuatro trabajadores en activo (¡el 25%!) es empleado público, o el referido caso especial de Ceuta y Melilla donde una de cada dos personas empleada trabaja en el sector público.

¿Son muchos los funcionarios en España y en Canarias? Lo que en un principio parecía tener una respuesta clara, incluso para la clase política que lleva años apuntando al sector desde el comienzo de la crisis, quizá no lo sea tanto cuando se acuden a los números y, sobre todo, a las comparaciones. El amago de impago en Garafía es una señal de alarma a tener en cuenta porque si se comienza a poner en peligro el sueldo del funcionario se daña al que se erige en el primer sector productivo de Canarias: la propia administración pública.

Los cuatro niveles administrativos le cuestan a cada canario una media de 9.500 euros. | DA

[apunte]

¿Quiénes son los empleados públicos?

El Estatuto Básico del Empleado Público recoge que los empleados públicos pueden ser funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y personal eventual o de confianza. Solo los denominados “de carrera” (por oposición) son los que normalmente se entiende por funcionarios. Según el Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, en la categoría de personal laboral se inscribían en 2009, en España, unas 690.000 personas. Bajo el paraguas de otro personal se engloba a los eventuales (“realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial en virtud de nombramiento y con carácter no permanente”) y a los funcionarios interinos; un total de 375.143 personas. A ninguno de estos dos grupos se le aplica la condición de funcionario en cuanto a la perpetuidad del puesto de trabajo.

Conclusión: el 39% de los trabajador en el sector público no tiene plaza fija. En Canarias, las cifras en este sentido son similares a la media estatal, aunque si se analiza más en profundidad la situación de la Comunidad Autónoma se vislumbra que la dependencia hacia la administración pública es, al igual que en el resto del país, mucho más amplia. Por ejemplo, en las grandes ciudades, desde hace tiempo, se optó por la privatización de servicios básicos, cuyos trabajadores, si bien pertenecen a una empresa ajena a lo público, dependen de la administración. Se trata de servicios como limpieza, alumbrado, recogida de basura, mantenimiento, parques y jardines, etcétera. Obviando a los oficinistas (los, digamos, funcionarios más visibles), el sector público aglutina a maestros y profesores, personal sanitario de todos los niveles, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías locales y autonómicos, militares de los distintos rangos y ejércitos, personal de puertos y aeropuertos, de correos y telégrafos, bomberos… y un sinfín de personal adscrito a ministerios, consejerías, agencias estatales, sociedades y otros organismos.

Un sector que mueve millones

El departamento de estudios estratégicos de EAE Business School ha realizado un trabajo, con datos de 2009, sobre los costes de la administración pública en España. De ese estudio se desprende que, en Canarias, los cuatro niveles administrativos le cuestan a cada canario una media cercana a los 9.500 euros, lo que supone casi 400 euros menos que el coste medio de todo el país. Ese mismo estudio señala que el Gobierno de Canarias necesita, aproximadamente, dos de cada cinco euros de su presupuesto para pagar a sus trabajadores. Las Islas, junto con la Comunidad Valenciana, son las autonomías donde más elevado es el porcentaje de gasto derivado a las nóminas de sus empleados. Así, el Archipiélago emplea hasta el 38% de su presupuesto en este capítulo.

[/apunte]

La comparación con el resto de Europa sitúa a España en mitad de la tabla, aunque se anuncian recortes

Estudio europeo. Sorprende que, en relación a Europa, la aparente superpoblación funcionarial española no lo sea tanto. Pese a que son pocos los estudios al respecto, en 2008 se editó la comparativa más actual que existe en un informe titulado Administración and the Civil Service in the EU 27 Member States y que determina que, con datos de ese año, España estaría en el puesto 16 en la relación al número de funcionarios por habitante.

Los suecos, los que más. Al mismo nivel que España estarían países como Italia y Alemania, con un promedio de un empleado público por cada 17 y 18 habitantes respectivamente, cifra similar a la española. El país que lideraba esa lista era Suecia, donde hace tres años trabajaban para la administración 1.125.000 personas con que tocaban apenas a ocho habitantes por funcionario.

Rumanos y eslovacos, a la cola. Otros estados como Finlandia, Letonia y Malta, con nueve por cabeza, Bélgica y Francia, ambos con 12 funcionarios por habitante; e Irlanda, Portugal y Países Bajos, los dos primeros con 13 habitantes por cada empleado público y el último, con 16, estaban por encima de España. Con menos funcionarios que España había 11 países, incluidos Luxemburgo -en el puesto 17, con 21 vecinos por trabajador público-, Reino Unido -con 29 por cabeza- y Grecia con un funcionario por cada 30. Los tres países a la cola eran República Checa, donde un funcionario atiende a más de cien habitantes, Rumanía, con 127, y Eslovaquia, con hasta 135.

Propuestas electorales. Ya en las últimas elecciones locales, muchos candidatos apostaban por la necesidad de disminuir el volumen de los funcionarios en los distintos niveles administrativos. De hecho, la reducción del personal eventual y personal de confianza ha sido la bandera de los nuevos dirigentes locales. Pero los avisos van más allá, y a la suspensión de los procesos de oposiciones se unen propuestas como la eliminación de las diputaciones provinciales o la unificación de municipios.

Cambiar la tendencia. Desde que comenzó la crisis económica (mediados de 2007) se calcula que se han destruido cerca de dos millones de puestos de trabajo en el sector privado, en cambio en el público aumentó en 300.000, la mayoría en las comunidades autónomas. Así, en Canarias ya hay más empleados públicos (según la última Encuesta de Población Activa (EPA) unos 130.010) que trabajadores en el sector servicios (128.730).