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OPINIÓN > POR ROMÁN RODRÍGUEZ

Sí al referéndum

   

La Constitución Española aprobada en 1978 sólo ha experimentado pequeñas variaciones en estos casi 33 años de vigencia, dirigidas a posibilitar que los extranjeros comunitarios sean elegidos en las elecciones municipales, para así adecuarla a la legislación y los acuerdos de la Unión Europea. Sin embargo, no se consideró que era el momento para abordar otras, como las concernientes a eliminar la absoluta preponderancia masculina en la línea sucesoria de la Corona, así como el avance hacia un estado federal, poniendo al día el Estado de las Autonomías y el papel del Senado.

Sin embargo, y de manera sorprendente e inexplicable, cuando está a punto de producirse la disolución de las cámaras y apenas faltan cincuenta días para la celebración de las elecciones generales, el Gobierno de Rodríguez Zapatero impulsa una decisión de tanto calado como el establecimiento de un techo de déficit público en la Constitución, acompañada de una ley orgánica que lo fijará en un máximo del 0,4% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas. Aunque esta decisión no formaba parte del programa electoral del gobernante PSOE (sí del opositor PP), aunque no ha estado precedida del imprescindible debate social y político, PP y PSOE, incapaces de establecer grandes acuerdos a lo largo de la legislatura, pese a la gravedad de la situación económica, han estado muy ágiles para cerrar este asunto, que esperan aprobar el viernes 2 de septiembre.

Se secuestra de esta manera el debate en la sociedad y entre los propios representantes políticos de los ciudadanos y ciudadanas, los diputados y senadores, limitados a decir amén a un acuerdo entre las direcciones de los dos grandes partidos, solventando por la vía de urgencia, en escasamente una semana, un asunto que no entrará en vigor hasta el año 2018. Se trata de una decisión de enorme envergadura y que sólo desde la lógica de la subordinación a los postulados neoliberales puede ser zanjada con esos procedimientos. Valga como ejemplo que el país más liberal del mundo, Estados Unidos, lleva debatiendo esa posibilidad de establecer el límite de gasto en su Carta Magna desde hace 80 años y que, de momento, no lo han incorporado. Y aquí, Zapatero, con la inestimable colaboración de Rajoy, lo despacha en quince días.

15-M

En estos momentos, resulta obligado recordar cómo tantos dirigentes políticos se llenaron la boca tras el 15-M, reconociendo la importancia de la participación, eje de las movilizaciones junto a la crítica a una acción política enormemente distante de la ciudadanía y de sus preocupaciones. Y ahora, cuando hay una oportunidad para demostrar que se pueden y quieren cambiar las cosas, se hace justo lo contrario: cercenar la participación e impedir que la sociedad se pronuncie en un tema de primer orden, que modifica esencialmente las reglas de juego y que va a incidir directamente en sus vidas. En vez de profundizar en la participación y el protagonismo de la gente en la vida democrática se opta por otro camino, truncando esas ansias de avanzar hacia una democracia menos esclerotizada y más viva. Hurtando, en definitiva, la posibilidad de que ese cambio constitucional pudiera ser ampliamente debatido y argumentado, y ratificado o no en referéndum, una consulta popular que desde Nueva Canarias exigimos. Y si malo es el momento y el procedimiento, peor es el contenido. Nos encontramos ante una propuesta de corte absolutamente ultraliberal que han puesto en marcha muy pocos estados, y que menos aún han cumplido.

Llevar al máximo nivel, en el texto constitucional, ese equilibrio presupuestario ata a los gobiernos y a sus políticas, con enormes consecuencias sobre el futuro inmediato de los servicios públicos fundamentales, cercenando además la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas. Como señala Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, “el plan de reforma es una barbaridad política, económica y constitucional. Equivale a conducir un coche por una carretera llena de curvas sin posibilidad de mover el volante”. Torres López asegura que no hay ningún país, salvo los que tienen grandes recursos naturales, que haya tenido futuro sin endeudarse.

No olvidemos cómo ha sido la práctica europea en esta materia tan sensible. El Pacto de Estabilidad, aprobado en 1997 y reformulado en 2005, también aspiraba al equilibrio presupuestario, fijando un límite de déficit del 3% del PIB. Alemania y Francia, que hoy abanderan el dogma del déficit cero, incumplieron sistemáticamente el Pacto, negándose a semejantes restricciones en el gasto público. Y no aceptando las correspondientes sanciones, por cierto.

El Gobierno español ha tomado el camino más inadecuado en esta crisis. Centrando toda la acción para paliarla en políticas de recorte del sector público. No actuando, como debía, para promover que las entidades financieras, a las que tanto se les ha ayudado por parte del Estado, faciliten crédito a las empresas, para que puedan seguir funcionando, y a las familias, para activar el consumo. Y olvidando insistir en la interesante agenda de la primera reunión del G-20 en Londres (abril del año 2009) que planteaba, entre otras cosas, impulsar sistemas reguladores nacionales y fuertes del sector financiero, ampliar la regulación a fondos de inversión y agencias de calificación de riesgo (rating), controlar los paraísos fiscales y caminar hacia la creación de organismos internacionales de supervisión y regulación del sector financiero mundial, estableciendo tasas para las transacciones financieras o incrementando la presión fiscal a las grandes rentas.


Diferencial fiscal

Y la decisión de Zapatero es doblemente grave para Canarias, que cuenta con un sistema fiscal diferenciado, que podría debilitarse aún más con regulaciones que no reconozcan este hecho. La medida podría acabar definitivamente con nuestros derechos en materia fiscal y económica, imposibilitando aún más la superación de nuestra grave situación socioeconómica; por eso tiene mucho sentido que, al menos, en ese nuevo e impuesto marco se reconozca de manera explícita nuestra situación diferencial.

Román Rodríguez es Presidente de Nueva Canarias