Enrique Arias Vega

¿Quién cumple la ley?

Hay que agradecer al portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, su sinceridad al decir que no piensa acatar el auto judicial sobre la equiparación vehicular de los dos idiomas oficiales de aquella comunidad.

Normalmente, los políticos presumen de cumplir las leyes y luego las vulneran todos los días. Incumplen sistemáticamente sus promesas electorales, sortean las licitaciones públicas troceando el importe de las adjudicaciones, pagan sin chistar unos sobrecostes la mayoría de las veces dolosos, nombran para cargos oficiales a amigos no cualificados, subvencionan a asociaciones claramente espúreas,…

Ni siquiera son ciertos los patrimonios personales que ahora declaran por la moda o por la presión social de hacer más transparente su gestión: desvían fondos a cuentas de familiares, infravaloran activos inmobiliarios, disfrazan la titularidad de ciertas acciones,… Muchos de ellos presentan, al final, unos resultados negativos que demostrarían, en el mejor de los casos, que son unos inútiles o unos dispendiosos.

Para remate, políticos y demás fauna del gold gotha gozan de una absoluta impunidad, disfrutan de periódicas amnistías fiscales, sus delitos prescriben o, simplemente, no se toman en cuenta. ¿Qué ha pasado, si no, con los consejeros que han llevado a la quiebra a Caja Castilla-La Mancha, CajaSur o la CAM y nos han costado un riñón a los contribuyentes? ¿Y no han gestionado esas entidades en estrecha connivencia con los políticos de turno?

Ya dijo el jurista Francisco Silvela hace siglo y medio que España tenía un ordenamiento jurídico muy duro, “solo atemperado por su inobservancia”. Le faltó añadir, claro, que eso se aplica a los de arriba y que si uno roba un jamón o no paga una hipoteca se le cae el pelo. Francesc Homs, su sinceridad al decir que no piensa acatar el auto judicial sobre la equiparación vehicular de los dos idiomas oficiales de aquella comunidad.

Normalmente, los políticos presumen de cumplir las leyes y luego las vulneran todos los días. Incumplen sistemáticamente sus promesas electorales, sortean las licitaciones públicas troceando el importe de las adjudicaciones, pagan sin chistar unos sobrecostes la mayoría de las veces dolosos, nombran para cargos oficiales a amigos no cualificados, subvencionan a asociaciones claramente espúreas,…

Ni siquiera son ciertos los patrimonios personales que ahora declaran por la moda o por la presión social de hacer más transparente su gestión: desvían fondos a cuentas de familiares, infravaloran activos inmobiliarios, disfrazan la titularidad de ciertas acciones,… Muchos de ellos presentan, al final, unos resultados negativos que demostrarían, en el mejor de los casos, que son unos inútiles o unos dispendiosos.

Para remate, políticos y demás fauna del gold gotha gozan de una absoluta impunidad, disfrutan de periódicas amnistías fiscales, sus delitos prescriben o, simplemente, no se toman en cuenta. ¿Qué ha pasado, si no, con los consejeros que han llevado a la quiebra a Caja Castilla-La Mancha, CajaSur o la CAM y nos han costado un riñón a los contribuyentes? ¿Y no han gestionado esas entidades en estrecha connivencia con los políticos de turno?

Ya dijo el jurista Francisco Silvela hace siglo y medio que España tenía un ordenamiento jurídico muy duro, “solo atemperado por su inobservancia”. Le faltó añadir, claro, que eso se aplica a los de arriba y que si uno roba un jamón o no paga una hipoteca se le cae el pelo.