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Rojas: “En 2014 tendremos ya un único sistema de atención a la dependencia”

Inés Rojas, durante la entrevista. / JAVIER GANIVET

FRAN DOMÍNGUEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Una auténtica ‘macroconsejería’ es la que ahora dirige la lanzaroteña Inés Rojas (CC). Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda componen su departamento, fruto del organigrama pergeñado por el nuevo Gobierno de Canarias, en el que cohabitan nacionalistas y socialistas. DIARIO DE AVISOS charló con la consejera autonómica sobre el ámbito en que tiene más experiencia: el social, donde la agenda estará marcada por la situación actual de crisis y sus devenidos recortes y por la Ley de Dependencia y su aplicación. Rojas remarca que las prestaciones más básicas “no se tocarán” y confiesa que las malas épocas económicas “también brindan oportunidades para mejorar y reestructurar las cosas”.

-Hablemos de la palabra tan temida: recortes… ¿Cuál va a ser el tope?, ¿con cuánto dinero se podrá sostener sin que se caiga el sistema de prestaciones sociales canario?

“Lo que sí tenemos claro en el Gobierno de Canarias es que hay cosas que son intocables, como la atención a las personas dependientes, tanto a las mayores como a los discapacitados. También resultan intocables la infancia y la exclusión social, dado que son servicios absolutamente esenciales. Si eso habría que tocarlo, estaríamos hablando de palabras mayores, prácticamente sería una hecatombe. De todas formas, creo que hay una cosa clara: ya no va haber más recortes de los que ha habido en este sentido, porque llega a un punto de que no puedes más. Lo que sí habrá será eliminación de algunas cosas que estamos haciendo ahora, que son importantes pero no prioritarias. Estamos haciendo un recorrido por toda la Consejería para ver qué programas y qué cosas podemos eliminar en pro de asegurar los servicios a mayores, a la infancia y a la exclusión social”.

-¿De qué se puede prescindir?

“Lo básico aquí es que las tres administraciones canarias tengamos muy claras algunas cuestiones. La Ley de Acción Social, que tiene que salir esta legislatura, debe delimitar qué le compete a cada una de las instituciones y que cada una de ellas no se salga ni un ápice de sus competencias, porque si no, nos pasa lo que ahora, que estamos duplicando y triplicando servicios, que todos los financian las administraciones y, especialmente, el Gobierno de Canarias. Pongo un ejemplo, un ayuntamiento presta la ayuda a domicilio, es su competencia, pero es que los cabildos también suelen dar ayuda a domicilio. A ambos los financia el Ejecutivo regional, uno a través del Servicio Canario de Empleo; y otro, mediante el Plan Concertado por esta Consejería. Pero luego no queda así la cosa. También tenemos distintas entidades y las ONG que prestan ayuda a domicilio. ¿Por qué atomizamos tanto las cosas? Respecto a las entidades, decir que debemos tenerlas más especializadas, que se centren en determinados servicios para no atomizar. Todas van de casi todo, y por todo reciben financiación, luego lo justifican en una memoria… Me he planteado lo siguiente: ¿de verdad que todos esos dineros están dado resultado?”.

-¿Habrá un colapso de los servicios sociales en Canarias ante la actual situación de las instituciones públicas, en especial de los ayuntamientos?

“Creo que donde no lo ha habido, probablemente, no lo habrá. No lo habido porque nos hemos puesto a trabajar coordinadamente; en unos servicios los cabildos, y en los más comunitarios, los ayuntamientos, para que, precisamente, no se produjera ese caos social. Hemos colaborado de forma intensa con los ayuntamientos. Hay que darse cuenta que son los ayuntamientos mejor financiados de toda España y no se les ha bajado un ápice de su dinero. Incluso, desde esta Consejería lo que hemos hecho con el Plan Concertado de Prestaciones Básicas es no bajarlo, pero es que encima, en algunos servicios, como el de la infancia, lo que hemos hecho es subirlo. La situación no está mejor, pero no está peor… Hay un matiz importante en estos años venideros, los ayuntamientos, que quizás sean las corporaciones que más tarde hacen reestructuración, en estos momentos tienen que replantearse muchas cosas, como ya hizo el Gobierno. De ésta vamos a salir, pero para ello hay que tomar medidas: las primeras son de ajustes; y las segundas, de dinamizar la economía”.

Las administraciones deben saber qué competencias tienen: estamos duplicando y triplicando servicios

-Vamos a mentar la controvertida Ley de Dependencia. Usted siempre ha mantenido, y supongo que aún lo mantiene, que Canarias tiene desde el año 2000 su propio sistema de atención a personas dependientes, y que el problema radica en que la normativa estatal lo viene a desmontar… ¿En qué situación nos encontramos en este “tira y afloja” que la ciudadanía no termina de entender?

“Afortunadamente, con el Ministerio de Sanidad y Política Social ya no tenemos ningún tira y afloja. Me ha costado explicárselo a muchos ministros y ministras, todos lo entendieron perfectamente. Quizás con la ministra Leire Pajín lo que hemos hecho es una continuidad del trabajo que hicimos con Trinidad Jiménez, quien además vino a Canarias y que conoció la realidad de aquí, y entendió de lo que hablábamos. El Estado ha dado de plazo hasta 2015 para implantar la Ley de Dependencia, con lo cual a Canarias le ha dicho: perfecto, usted vaya, no engrosando su sistema propio, sino todo lo contrario, adelgazándolo y pasándolo al nuevo. Con el trabajo que hemos hecho Gobierno, cabildo y ayuntamientos desde diciembre de 2008, que logramos por fin ponernos de acuerdo, se permitirá que en 2013, y con total seguridad y como máximo a principios de 2014, tengamos un único sistema de atención a la dependencia. En estos momentos, nosotros superamos las 39.000 personas dependientes -en todos los niveles- atendidas en Canarias. De ellas, aproximadamente unas 11.000 son las que aparecen como dato de la dependencia en el Estado, no aparece el número de personas dependientes atendidas, sino las que están en el nuevo sistema estatal. Por eso nos dicen: “Canarias está la cola”. Esto no es así. Duele muchísimo que Canarias hoy tenga que escuchar que está a la cola por haber sido una adelantada: es durísimo. Nosotros en el periodo 1999-2000 creamos un sistema que es incluso mucho más potente que el de la Ley de la Dependencia. La única diferencia es que nosotros no dábamos, ni excepcionalmente ni de ninguna manera, prestación económica alguna a la gente, sino servicios, que es lo que esa normativa también prioriza. ¿Qué pasa? Pasa que con la excepcionalidad de la ley de esa prestación económica la gente creyó que era general para todo el mundo, y que la ley es una paga. Canarias está haciendo las cosas bien, está aplicando la ley. Y es que el Archipiélago se adelantó a la futura Ley de Dependencia: creó una estructura más potente. La Ley de Dependencia, por ejemplo, no contempla que un centro de día o una residencia atienda a las personas sanitariamente hablando. En las Islas no sucede eso. Salvo intervenciones quirúrgicas, tú no sacas a la gente de un centro sociosanitario, tienes allí la atención con los equipos especializados. Imagínese que yo, para cumplir con la ley, quite la atención sanitaria de los centros. Va a ser que no… Nos cuesta más dinero, pero lo vamos a mantener. Eso no quita, claro, para que que haya lista de espera para solventar un expediente. Hoy estamos aproximadamente en 10 meses, por eso estamos modificando muchísima burocracia para que estemos como máximo en seis”.

-Por cierto, ¿qué tal la relación con el nuevo socio de Gobierno, el PSOE, que siempre ha sido muy crítico con usted sobre la aplicación de la Ley de Dependencia?

“Lo han sido muchísimo, porque además hicieron bastión de esta ley. Se lo decía a los distintos ministros y ministras… Qué pena porque han confundido a la población, de tal manera que muchos creen que, además de los servicios que ya están recibiendo, van a percibir una prestación económica, y nada más lejos de la realidad. Ha costado luchar con eso. El hecho de que formamos parte del Gobierno con el PSOE ha sido una oportunidad fantástica porque les ha dado la oportunidad de conocer este asunto por dentro”.

-Tienen ustedes ya prácticamente elaborada la nueva Ley de Acción Social, que no se aprobó en la pasada legislatura… ¿En qué aspectos incidirá?

“Esperemos que un año o algo así pueda entrar en el Parlamento regional. A grandes rasgos, esta ley va a situar a Canarias socialmente hablando en el siglo XXI, en que cada una de las administraciones tenga claro cuál van a ser sus competencias y cómo se financiarán, y sobre todo, se tenga muy claro la sostenibilidad del Estado del Bienestar. Con esa ley lo haremos, por la experiencia que tenemos hasta ahora. Vamos a encajar ahí las diversas leyes existentes. Será una especie de ‘macroley’ que absorberá todo el campo social en Canarias, y lo va a reestructurar y reorganizar de tal manera que cada administración sepa lo que le corresponde”.

-La atención de menores inmigrantes fue uno los aspectos que marcaron el anterior mandato en su departamento, vinculado a la llegada en su momento de un gran número de cayucos y pateras… ¿Cuántos niños y jóvenes quedan bajo la tutela del Gobierno?, ¿con cuántos recursos nos quedaremos?

“Ojalá desaparezca algún día la ruta de Canarias, sobre todo, por lo que suponía de muertes para la gente que arriesgaba su vida al venir. Si ésta desaparece, eso se debe al trabajo y a la contundencia con que luchamos desde una comunidad tan pequeñita como la nuestra. Cómo fuimos capaces para que España y Europa se pusieran manos a la obra y que se actuara. Hoy no llegamos a los 400 menores inmigrantes tutelados, 200 de ellos en la Península. Aquí está el resto, prácticamente todos repartidos por los centros de los cabildos. Mantenemos, por prevención, dos centros en ambas provincias. Lo que sí ya no tenemos abiertos son recursos de emergencia”.

-¿En qué estado se hallan recursos como los centros de acogida de menores?

“Están en buena situación. Tenemos aproximadamente 2.400 niños en situación de desamparo, que los tiene tutelados el Gobierno de Canarias, algo más de la mitad, el 56%, viven en familia extensa. Sería un sueño que cuando acabara la legislatura no tengamos ningún niño en centros de acogida. Queremos crear en el Archipiélago un banco de familias acogentes, algo que ya comenzamos a trabajar durante el pasado mandato. Los menores deben crecer en una familia, el calor de ésta no se les debe negar a nadie. En las Islas tenemos muchísimas familias con niños o sin niños dispuestas a que convivan con ellas menores con dificultades. ¿Por qué no propiciamos ese encuentro? Ése es mi objetivo, crear ese banco. Al principio, será con un número determinado de familias. Ya en su momento, iniciamos una campaña denominada Cuando una puerta se cierra, otra se abre, en la que nos llamaron 600 familias. Les informamos e informamos de que esto no era una adopción, que era una cuestión temporal, con asesoramiento las 24 horas. Entre 2009 y 2010 alrededor de 27 niños fueron acogidos por unas 40 familias”.

-En cuanto a los menores con medidas judiciales…

“También están muy bien. Aquí, en Tenerife, tenemos el centro de Valle Tabares. Hemos bajado en un 70% el número de chicos internos porque hemos puesto a disposición de los jueces muchísimas medidas en el medio abierto y en el semiabierto para que el chico cumpla y se corrija en su propio entorno”.