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Por Leopoldo Fernández >

La moción herreña

   

Se está sacando de quicio el contexto legal de la moción de censura presentada por socialistas y populares para desbancar a la presidenta del Cabildo herreño, la nacionalista Belén Allende, y cambiar la mayoría de gobierno insular. Primero fue la presidenta de Coalición Canaria y luego varios dirigentes socialistas e incluso el presidente del Ejecutivo autonómico quienes erraron sobre la correcta aplicación de la ley, al dar a entender que si el PSOE expulsa a los cinco consejeros que promueven la censura éstos quedarán inhabilitados para formular la moción en sus actuales términos, ya que serían considerados tránsfugas. Nada más lejos de la realidad: antes que nada, para ser expulsados deben pasar por un expediente, un periodo de alegaciones y otros trámites reglamentarios y jurídicos que pueden acabar en los tribunales.

En la práctica, no hay tiempo para completar la expulsión antes del jueves y evitar así que se vote la censura. Además, los cinco consejeros socialistas no han cambiado de partido -lo que cuenta es su pertenencia en la fecha de presentación de la moción-, con lo cual tampoco pueden ser tenidos por tránsfugas; esta condición ni siquiera la adquirirían, a los efectos de la moción de marras, si son echados del PSOE. Además, no se puede expulsar a nadie de un partido solo porque se presupone que va a actuar en tal o cual sentido; en puridad, es obligado esperar a que se produzca la votación, salvo que se pretenda incurrir en ilegalidad, y obrar luego en consecuencia. En suma, salvo que alguno de los consejeros se eche atrás en su propósito inicial, la moción de censura no puede ser abortada en su desarrollo reglamentario. La Ley Orgánica que modifica la Ley del Régimen Electoral General, de 28 de enero pasado, y la doctrina del Tribunal Constitucional son muy claras en los casos de mociones de censura de los alcaldes, las cuales están asimiladas a las de los presidentes de Cabildo o de Diputación. Otra cosa es si resulta o no apropiada la censura de la presidenta herreña a apenas tres meses de su toma de posesión; pero el imperativo de la propuesta y los requisitos que la misma reúne, están a día de hoy, dentro del marco legal.

Las diferencias gestadas contra AHI-CC por los socialistas del Cabildo -a los que respaldan por escrito medio centenar de militantes de su partido en la Isla del Meridiano- y por los populares vienen de mucho tiempo atrás y en cierta medida no sorprende que terminen de este modo, más aún dada la falta de autoridad y de tacto que viene acreditando el actual equipo dirigente del PSOE canario que encabeza su secretario general y vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez