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el dardo

Buenos propósitos > Leopoldo Ferandez

   

El presidente del Gobierno anuncia que un grupo de trabajo, con expertos propuestos por Gobierno, cabildos y ayuntamientos, miembros de las dos universidades canarias y una empresa externa, va a estudiar la reconversión administrativa de Canarias. Albricias mil, ya era hora de que el Ejecutivo decidiera hacer algo de sentido común y máxima urgencia como es la racionalización administrativa. Pero Paulino Rivero agregó algo que me ha dejado patidifuso: el tal grupo realizará trimestralmente propuestas que su Ejecutivo podrá o no llevar a cabo. La verdad, no entiendo nada. ¿Tiene esta advertencia algo que ver con el anuncio del consejero de Presidencia, Hernández Spínola, de que el Parlamento debatirá una ley que dejará claras las competencias de Gobierno, cabildos y ayuntamientos para acabar con las duplicidades y optimizar el gasto? ¿Quiere decir el presidente que según avance el estudio así se irá modificando -o no- la legalidad vigente? Me parece que lo primero que conviene aclarar es dónde están las duplicidades y aun triplicidades competenciales y qué nivel de la Administración reúne las mejores condiciones para desempeñar cada una. Incluso sería conveniente preparar un diseño de la arquitectura jurídico-administrativa ideal para las Islas cara al futuro Estatuto de Autonomía. Para ajustar a él ese objetivo estratégico que es el mejor desempeño de las atribuciones de cada nivel de la Administración, de modo que se traduzca en la mejor y más eficiente prestación de servicios con el menor costo para el ciudadano. No me parece tampoco lógico que se propicie la creación de un grupo numeroso de expertos de tan variada procedencia porque posiblemente cada parte defenderá su cuota de poder, empezando por el Gobierno, que es quien más debería apretarse el cinturón a la hora de adelgazar su tamaño y propiciar la transferencia de competencias -debidamente dotadas de personal y medios económicos- a las corporaciones locales. Por otra parte, ¿no tiene Canarias expertos suficientes para echar a andar una reestructuración en toda regla, con eventuales fusiones municipales incentivadas, servicios mancomunados o insularizados y otro tipo de figuras que abaratan la prestación de servicios públicos? ¿Incluye este proyecto la plena implantación de la Administración electrónica, los servicios on line, la coordinación y simplificación administrativa y la mejor formación y productividad de los funcionarios, así como su adaptabilidad a los frecuentes cambios coyunturales? Algo de esto ya se ha hecho en Baleares y Galicia, y algunos reputados administrativistas, como Ariño, Nieto, Parejo y Rodríguez-Arana, podrían aconsejar al respecto.