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AVISOS POLITICOS > POR JUAN HERNÁNDEZ BRAVO DE LAGUNA

Democracia y Constitución

   

En un libro de divulgación matemática publicado estos días, el autor confiesa que tiene la convicción de que las matemáticas son una actividad “democrática” porque todo el mundo puede crear matemáticas. Lo que quiere decir es que tiene la convicción de que las matemáticas son una actividad inscrita en la naturaleza humana, una actividad propia de las personas por el hecho de serlo. Sin embargo, utiliza la palabra “democrática”, lo que significa que, a lo mejor, sabe muchas matemáticas, pero no tiene ni idea de lo que es una democracia. El segundo ejemplo es algo más trivial. El martes pasado, durante la retransmisión televisiva del partido de la selección española contra Liechtenstein, el comentarista afirmó que el enfrentamiento de dos selecciones de calidad tan dispar era “democrático”. Lo que quería decir era que reflejaba en el fútbol el principio de igualdad de oportunidades. No obstante, utilizó la palabra “democrático”, lo que significa que, a lo mejor, sabe algo de fútbol, pero no tiene ni idea de lo que es una democracia. Los ejemplos anteriores podrían multiplicarse. En nuestros días todo el mundo habla de democracia, todo el mundo califica de democráticos a los sustantivos más dispares, pero no abundan los que sepan exactamente de lo que están hablando. En realidad, lo que sucede es que cada uno cree que su idea o su concepto de democracia son los únicos correctos, y el término termina por ser usado como un arma arrojadiza: todo aquel que no comparta mi particular -y errónea- idea de lo que es democrático, no es demócrata. Y así nos va. El fenómeno se ha repetido con la reforma de la Constitución. A la izquierda radical -y no tan radical-, sindicatos y partidos minoritarios, y a los nacionalistas de turno les ha faltado tiempo para oponerse a la misma. Y uno de las exigencias que han esgrimido desde esas trincheras es la celebración de un referéndum al respecto, en la vana ilusión de que, de tener lugar, podría producirse un resultado negativo. El gran argumento ha sido que un referéndum es más democrático y consagraría democráticamente la reforma constitucional. Nada más falso. Porque los que así razonan cometen similares errores que el matemático y el comentarista deportivo de los ejemplos de antes. La Constitución regula con absoluta precisión los procedimientos para su propia reforma. Y establece inequívocamente dos vías diferentes, según el alcance de la reforma y los preceptos que deseemos reformar. Como se trata del artículo 135, la Constitución dispone que se celebrará un referéndum para la ratificación de la reforma cuando lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras, el Congreso de los Diputados o el Senado.

La democracia empieza por el cumplimiento de la Constitución y las leyes; y lo democrático es no vulnerar ni la Constitución ni las leyes. De modo que el asunto está diáfanamente claro, aunque los de siempre sigan enredando. Si la décima parte de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras lo solicitan en plazo, lo democrático es convocar el referéndum. Y si no, lo democrático es no convocarlo. Y ahí se acaba la cuestión. El problema en la España actual es que un sector de la izquierda y los nacionalistas utilizan -y manipulan- la Constitución y las leyes cuando les interesa y en su exclusivo provecho. En otras palabras, el problema es que un sector de la izquierda y los nacionalistas vulneran la Constitución y las leyes, que para ellos son simples medios para conseguir sus fines; unos medios que son válidos solo cuando sirven para eso, y que dejan de serlo cuando no sirven. Lo ha expresado con meridiana claridad el representante de Esquerra Republicana de Catalunya en el Senado al hacer un llamamiento a los catalanes a “saltarse el muro constitucional” y asegurar que “Cataluña no cabe en la Constitución”. Y lo ha hecho el nacionalismo catalán, empezando por el propio presidente de la Generalitat, que ha manifestado su negativa rotunda a acatar las resoluciones judiciales contrarias a la inmersión lingüística y al modelo educativo exclusivamente en catalán. La Constitución dispone que los españoles tienen el deber de conocer el español y el derecho a usarlo. Y es obvio que el modelo educativo catalán de inmersión lingüística no garantiza el conocimiento suficiente del español y, sobre todo, no respeta el derecho de los alumnos a usarlo si lo desean. Y eso está sucediendo hace demasiado tiempo, aunque es ahora cuando, por fin, se han pronunciado los más altos tribunales. Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña insta al Gobierno catalán a cumplir el auto del Tribunal Supremo que obliga a incluir el español como lengua vehicular en la enseñanza en igualdad de condiciones con el catalán; es decir, que obliga a cumplir en el apartado de la enseñanza la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía. El problema es que demasiadas veces en el pasado los más altos tribunales de este país y los partidos más importantes han sido cómplices de esta situación y no han protegidos a los ciudadanos en sus derechos ni han defendido la Constitución. Demasiadas veces han hablado catalán en la intimidad. Porque al menos cuatro sentencias del Tribunal Constitucional, desde 1983 a 2010, han avalado la constitucionalidad del modelo educativo de inmersión lingüística. Y la Ley de Educación de Cataluña, que consagra ese modelo, es una ley vigente que no esta recurrida en cuanto al mismo. El Gobierno catalán ya ha presentado un recurso. Y, al final, todo terminará en una batalla de recursos judiciales y de cumplimiento de sentencias, mientras los ciudadanos de Cataluña seguirán viendo conculcados sus derechos lingüísticos y los comerciantes continuarán siendo multados por no rotular en catalán. Lo que no sucede ni en Andorra, cuya lengua oficial es ese idioma. Ni sucede en el resto de España, en donde tantos rótulos comerciales no contienen ni una sola palabra en español. Franco, como buen nacionalista, sí obligó a poner en español hasta los nombres de los cines y teatros en toda España.

La educación, la inspección educativa y el profesorado son competencias de la Generalitat, igual que lo son de otras Comunidades Autónomas. Y han de ser ejercidas de acuerdo con la Constitución, las leyes y las sentencias judiciales. En Cataluña los nacionalistas las ejercen únicamente de acuerdo con sus intereses. Y es seguro que continuarán haciéndolo.