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Despilfarro público > Francisco Muro de Iscar

   

La propuesta en el Congreso de los Diputados de la defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, de que se tipifique como delito el despilfarro público ha tenido cierta repercusión en los medios y un silencio descriptible entre los gobernantes y los legisladores. Tampoco hay que asombrarse. La defensora del Pueblo, que se debe a los ciudadanos y no a los políticos, le ha dicho al ministro de Justicia que estudie “con toda seriedad y rigor” una ley penal que ponga coto a los abusos en el ejercicio del poder. No se trata de ir contra los que ya no están porque los ciudadanos los han puesto en la calle, ni contra algunos de los que todavía están, porque las leyes no tienen efectos retroactivos. Lo que busca es dignificar la clase política y dar a los ciudadanos confianza en que, si quienes los gobiernan despilfarran lo que no es suyo, tendrán que enfrentarse a la ley. Ya sé que no siempre es así y que el escándalo de los ciudadanos indignados -que no siempre coinciden con los del 15M, pero que merecen tanto respeto, al menos, como ellos- no tiene respuesta la mayoría de las veces, pero no es de recibo que, tras el cambio en algunos gobiernos autonómicos o municipales, las facturas pendientes sean centenares de miles, las deudas se multipliquen por ocho o por diez y nadie responda de nada. La mayoría de los políticos son honestos y buscan el bien público. Pueden equivocarse y tomar decisiones erróneas. Les hemos entregado el poder para que decidan por nosotros y lo tienen que hacer. Pero cuando se lee que una obra pública, presupuestada en cien millones de euros acaba costando el doble, y no pasa nada, habría que aplicar la ley nonata que reclama la defensora del Pueblo. Y cuando se lee que en Aragón había 77 coches oficiales para el servicio de diez consejeros, la Justicia tendría que actuar si tuviéramos esa ley que reclama Cava de Llano. O cuando se sabe que en la Diputación de Barcelona -y posiblemente en centenares de organismos públicos- había en el último mandato cinco asesores para cada uno de los cinco grupos políticos que la integraban, que empezaron contratados como personal laboral y han acabado por conseguir una plaza de funcionario tras la pertinente oposición. Ante esto es normal que muchos se escandalicen.