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El debate sobre los plebiscitos > Manuel Iglesias

   

La reforma del artículo de la Constitución española respecto a los límites del endeudamiento en algunos círculos abrió el debate de si era o no necesario acudir siempre a los referendos para aprobar materias de constituciones y, más allá de este caso, si se debía ampliar la posibilidad de efectuar frecuentes plebiscitos, casi sobre cualquier materia, de manera que sustituyan total o parcialmente al legislador.

Ha sido más bien una discusión académica, pero interesante en sus implicaciones. Dejando de lado los grandes problemas técnicos del mecanismo plebiscitario (¿quién decide la convocatoria, quién las preguntas, qué sucede si para ejecutar lo resuelto se necesitan recursos no presupuestados, cómo resguardar los derechos de las minorías, cómo garantizar que no son instrumentos para golear a otros lados de la sociedad o al sistema, quiénes tienen derecho a votar, etcétera), el planteamiento mismo del mecanismo parece ser contradictorio.

El plebiscito se adapta a pueblos y sociedades pequeñas, como sucede en los cantones suizos, donde el problema que se trata es conocido por todos y en el que las propuestas y sus efectos los pueden prever y medir sobre sí mismo los votantes en función de ese conocimiento. Pero en las sociedades grandes un porcentaje importante del voto plebiscitario se ejercita con una información superficial del asunto que se plantea, incluyendo algunos de gran complejidad jurídica, y cabe la manipulación de grupos de presión que podrían moverse con mayor libertad o fomentar las consultas.

Así, la actividad legislativa pasa a ser algo anecdótico, pues impera la ley del más fuerte: la de quienes poseen más recursos, más fama, más capacidad de convicción o, simplemente, más tiempo para manifestarse y hacer oír sus planteamientos. Es el ambiente ideal para que prosperen el populismo y el autoritarismo. Un mundo en el que se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Y que se lo pregunten a los venezolanos.

Dicen sus opositores que un régimen plebiscitario conlleva un debilitamiento de la democracia representativa y contiene varios riesgos sociales. Pero el análisis restrictivo al sistema de plebiscitos no tiene buena fama, tal vez porque muchos de los argumentos que conducen al rechazo pueden ser malentendidos como una especie de “veto a las masas”, al derecho de los ciudadanos de participar en las decisiones o de creer que son incapaces en la realidad efectiva de tomar decisiones informadas.

Pero se argumente a favor o en contra, hay algo que aparece subyacente, el que surjan las voces por una democracia plebiscitaria probablemente se está originando en la percepción de que la clase política ha sido incapaz de resolver las demandas ciudadanas. Seguramente, en la medida de que un Gobierno y unos políticos afronten o resuelvan esos problema, disminuirá la demanda de las “otras soluciones”.