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Por Fernando Ríos * >

El nuevo Leviatán

   

La figura del Leviatán, que hace referencia a un dragón o serpiente marina que aparece en el Antiguo Testamento, fue usada por Thomas Hobbes (1588-1679) para metaforizar al Estado.

Simplificando mucho, en su libro Leviathan Hobbes cree que la única manera de convivir en paz es haciendo un contrato social entre los ciudadanos y el titular del poder para formar un Estado que tiene que ser soberano (poseer poder absoluto) y dar miedo de muerte a sus ciudadanos, lo que garantiza su obediencia. Por eso, pinta a este Estado como si fuera un monstruo.

Más de tres siglos después, al Estado le ha salido un competidor, un nuevo Leviatán, los mercados, el nuevo monstruo que, este sí, tiene tal poder absoluto que fuerza al Gobierno y a los dos principales partidos del arco parlamentario a ofrecerle sacrificios que aplaquen su ira y de esa manera evitar que la prima de riesgo de la deuda se desboque nuevamente y pueda volver a superar los 400 puntos básicos.

Como en tiempos pretéritos, nos disponemos como sociedad a ofrecer sacrificios, en este caso, en forma de reforma constitucional, para elevar a dogma universal la necesidad del equilibrio presupuestario de tal manera que no pueda incurrirse en déficit, salvo contadísimas excepciones. Lo dramático del caso es que la Constitución de 1978, la más longeva de la historia española, tras más de 30 años de vigencia, requiere de una profunda modificación.

Las constituciones se debaten entre la vocación de permanencia, como la norma de convivencia ciudadana, y su necesaria adaptación a los cambios sociales. La del 78 ha cumplido de sobra las expectativas de los ciudadanos que la votaron (los que somo menores de 50 años no lo hicimos) consolidando un Estado social y democrático de derecho.

Sin embargo, las circunstancias han cambiado mucho desde su aprobación. El modelo democrático plasmado en el texto constitucional requiere una evolución desde el sistema representativo hacia uno más participativo en el que los ciudadanos se impliquen directamente en la toma de decisiones más trascendentes (es eso básicamente lo que se reclama desde el movimiento del 15-M), y que se modifiquen  otras cuestiones como la instauración de nuevos derechos necesitados de máxima protección, la integración europea, la modificación del Senado, la simplificación de las administraciones o plasmar adecuadamente las especificidades de terminados territorios como el canario, por poner algunos ejemplos.

En estos más de 30 años, desde distintos sectores y por causas diversas, se ha negado sistemáticamente la posibilidad de reforma constitucional.

Sin embargo, ahora que el nuevo Leviatán enseña sus fauces en forma de incremento de la prima de la deuda patria, los siervos de los mercados se apresuran a sacrificar la norma suprema y además, estérilmente, pues lo que se pretende bien se podría realizar por una mera ley orgánica. Parece que la voracidad de los mercados no se sacia con leyes. No le basta con la postración de los gobernantes: exige el sacrificio de la dignidad de un pueblo a través del sometimiento del máximo poder de un país, el que puede reformar su norma suprema.

Si ese es el objetivo, aplacar al nuevo Leviatán, han errado en los preceptos a reformar; más apropiado hubiese sido modificar, para que no cupiera lugar a duda, que, suplantando al pueblo español, la soberanía nacional reside en los mercados, que las Cortes Generales les representan y que el Gobierno no solo debe actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes, sino con plena sujeción a ellos.

Por si fuera poco grave lo que se pretende, extraña que lo quieran hacer en dos semanas, a finales de agosto y prácticamente sin que los ciudadanos se enteren. Es verdad que el referéndum para reformar esta parte de la Constitución es potestativo, de tal manera que únicamente se ha de realizar si así lo pide una décima parte de los miembros de alguna de las Cámaras (35 diputados o 26 senadores). Pero no es menos cierto que, en contra de lo que se excusa, ni la reforma es técnica ni compleja, pues se pudo hacer por ley y se empeñan en la reforma constitucional.

Por el contrario, es relativamente sencilla y sobre todo es política: su finalidad es calmar a los mercados. Eso lo entiende todo el mundo y por eso mismo los ciudadanos tienen el derecho a pronunciarse, a expresar directamente en las urnas si está justificado o no el miedo de muerte al nuevo Leviatán que profesan socialistas y populares.

Somos nosotros, sus representantes, los que no tenemos derecho a hurtar que esta reforma constitucional se someta a referéndum.

* Diputado de CC en el Congreso y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna