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El Senado aprueba la reforma constitucional con tres votos en contra

   

Vista del pleno del Senado que debate la reforma del artículo 153 de la Constitución. | EFE

AGENCIAS| Madrid

La reforma del artículo 135 de la Constitución que garantizará la estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas ha quedado esta tarde aprobada definitivamente tras ser avalada por el Senado con 233 votos a favor de PP, PSOE, PSC y UPN, tres en contra, los dos de Coalición Canaria y el de Foro Asturias.

Por su parte, CiU, PNV e ICV no han participado en la votación final de la reforma, aunque sí de sus enmiendas, pese a permanecer en el Hemiciclo y los senadores de ERC y BNG han abandonado la sala. Tampoco han apoyado la iniciativa los dos senadores socialistas Roberto Lertxundi e Imanol Zubero, que ya adelantaron su oposición al texto y este miércoles no han acudido al Senado.

La reforma ha salido adelante con el apoyo de los mismos grupos del Congreso, después de que la mayoría de socialistas y ‘populares’ hiciera inviable la incorporación de las enmiendas que habían presentado los partidos de izquierda y los nacionalistas vascos y catalanes.

Una vez que el trámite en el Senado no ha supuesto ningún cambio en la propuesta de reforma pactada entre PP y PSOE, el texto no deberá volver al Congreso y ahora se abre un plazo de quince días para solicitar la celebración de un referéndum, para lo que se require la firma de 26 senadores o 35 diputados.

El Pleno ha comenzado con dos turnos a favor y dos turnos en contra de la reforma. Mientras que, por un lado, PP y PSOE han defendido la legitimidad y utilidad de introducir estos cambios en la Carta Magna para dar confianza y garantizar la viabilidad de la economía española y del Estado del bienestar, CiU y ERC han censurado tanto el fondo como la forma en que se han acometido los cambios en apenas 15 días.

El portavoz del Grupo Popular, Pío García-Escudero, ha puesto en valor el acuerdo entre los dos partidos mayoritarios y ha asegurado que no es únicamente una respuesta coyuntural a la crisis, sino “un principio básico permanente e irrenunciable”.

Además, ha rechazado los argumentos en contra que la califican de antisocial y ha advertido de que “no hay nada más social que el compromiso permanente con unas cuentas públicas saneadas”, coincidiendo con la portavoz del PSOE, Carmela Silva, que ha calificado de “demagogia fácil” estas acusaciones.

Los portavoces de PP y PSOE han coincidido también en rechazar que la reforma suponga una merma a las competencias de las comunidades autónomas y han defendido que garantiza la igualdad de España y sus ciudadanos ante la crisis económica.

Asimismo, han compartido la urgencia de la medida debido a la “situación límite” a la que ha llegado España, según ha expuesto el portavoz ‘popular’. A quienes piden la celebración de un referéndum, Carmela Silva les ha recordado que no está exigido por la Constitución y hacerlo ahora sería “contraproducente”.

UPN ha sido el único partido que ha apoyado la reforma tanto en el Congreso como el Senado, aunque ha reprochado a los dos grandes partidos que no la acometieran antes. “Si lo hubieran hecho antes, probablemente no se habrían producido algunas de las críticas a la reforma y no hubiéramos pasado el verano tan crítico que hemos pasado” en lo que respecta a la inestabilidad financiera, ha subrayado.

Sin el aval de los nacionalistas

La reforma constitucional que obliga a las administraciones a cumplir un techo de déficit saldrá adelante en el Senado sin el aval de los nacionalistas, ya que, según sus portavoces, quedan lesionados el autogobierno de las comunidades y su autonomía financiera.

Coalición Canaria, representando en el pleno por Narvay Quintero, ha reiterado que la reforma socava las competencias de las comunidades, si bien ha aprovechado la ocasión para solicitar que en la Constitución se reconozca la insularidad canaria.

El portavoz de CiU, Jordi Vilajoana, considera que una reforma de este calado requiere “sosiego y consenso” y ha afirmado que “va en contra del actual reconocimiento de autonomía financiera y limitar esta autonomía es limitar la autonomía política de las comunidades autónomas”.

El senador de ERC Miquel Bofill ha sido uno de los más críticos con el nuevo artículo 135 y ha utilizado la reforma para afirmar que Cataluña “no cabe en la Constitución”. “Los catalanes nos tenemos que preparar para saltar el muro constitucional, el pueblo catalán tendrá que ejercer su derecho a decidir”, ha advertido.

Para Bofill, la reforma de la Carta Magna es “innecesaria, poco democrática y antisocial”, al tiempo que “rompe todos los consensos constitucionales y limita la autonomía de Cataluña”. Asimismo, ha criticado que no sea ratificada por referéndum, por lo que ha anunciado que buscará el respaldo de los 26 senadores que son necesarios para pedir la celebración de la consulta popular.

En cuanto al PNV, su portavoz, Joseba Zubia, ha compartido el “absoluto rechazo” a la reforma porque, aunque ha señalado que comparte “el principio de que no se debe gastar más de lo que se tiene”, ha dicho no entender el motivo por el que el nuevo artículo 135 prohíbe el endeudamiento en fases de crecimiento económico “si se hace de forma responsable”.

Por parte de ICV, Joan Saura ha justificado el voto en contra en el el hecho de que, a su juicio la reforma es “socialmente regresiva, una propuesta recentralizadora y antidemocrática”. Además, ha advertido de que muchos ciudadanos, entre los que se ha situado a él mismo, se sienten más lejos de la Constitución tras esta modificación”.

Un senador recientemente designado por su Parlamento autonómico, Isidro Manuel Martínez, perteneciente a Foro Asturias, también ha votado en contra de la reforma. En su opinión, la única finalidad del cambio es “lavar los efectos de la irresponsable política” del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que considera que “lo que ha fallado calamitosamente es la política del PSOE, no la Constitución”.

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Diputados y senadores tienen de plazo hasta el día 22 para pedir un referéndum

Una vez que el Senado ha culminado hoy la tramitación parlamentaria de la reforma de la Constitución, los diputados y senadores tendrán de plazo hasta el próximo 22 de septiembre para pedir un referéndum, que sólo se convocaría si así lo solicitasen 35 miembros de la Cámara Baja o 26 de la Alta.

Según recoge el propio texto constitucional, el procedimiento seguido para incluir la modificación que fijará el límite de déficit de las administraciones públicas, abre la posibilidad de un referéndum.

El artículo 167 de la Constitución regula que, aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación si así lo solicitan, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Es decir, que hasta el día 22 de septiembre podrá solicitarse la celebración de la consulta, que se llevaría a cabo si lo pide la décima parte de los 350 diputados (35) o de los 261 senadores (26).

Unas cifras que los representantes de los grupos parlamentarios vaticinan que no se van a conseguir.

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