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Leopoldo Fernádez

Fusiones imposibles (2)

   

Ya se ha difundido el acuerdo de integración de la Caja Rural de Canarias, con sede en Las Palmas, en el grupo cooperativo almeriense Cajamar, del que forman parte una decena larga de cajas rurales de presencia predominante en el Levante peninsular, con unos 30.000 millones de euros en activos, 2,5 millones de clientes, un millar de oficinas y 5.000 empleados. El acuerdo fue aprobado por el Consejo Rector de la Caja grancanaria a finales de agosto pasado por un voto de diferencia (siete contra seis), precisamente el del presidente de la entidad, Lucas de Saá, pero deberá ser ratificado por la asamblea general, donde consta que existe una evidente división y profundo malestar a cuenta del proceso seguido. Las razones son de fondo y, al parecer, muy fundadas, pues proceden de un exhaustivo estudio realizado por la consultoría Analistas Financieros Internacionales (AFI), que dirige el economista Emilio Ontiveros. Este estudio, que encargó la propia Caja Rural, subraya que la opción más conveniente para los intereses de esta sociedad cooperativa era su fusión en igualdad de condiciones con Cajasiete, la antigua Caja Rural de Tenerife, dado su similar tamaño y las ratios de solvencia, eficiencia y liquidez de esta última. Las otras dos opciones que contemplaba el estudio eran la integración en el Grupo Ibérico o en Cajamar. Se ha elegido esta última cuando, según los datos que han trascendido, el rating de ésta se halla situado justamente por encima del llamado bono basura y, a criterio de AFI, la renovación de los 3.000 millones de euros de su financiación mayorista resultará complicada y cara, con altísimo riesgo para su estabilidad y para la cuenta de resultados. ¿Cómo es posible que en estas condiciones se haya optado por la peor de las tres soluciones a juicio de los expertos? Por lo que ha trascendido, la Caja tinerfeña -que está integrada en el grupo de Cajas Rurales con medio centenar de entidades respaldadas por el Banco Cooperativo- mantuvo contactos con la de Las Palmas y mostró siempre la mejor disposición al acuerdo de fusión. El Gobierno de Canarias y los círculos económicos con los que he contactado me dicen que veían con sumo interés y simpatía esta fusión que ahora se impide por razones inexplicables, aunque está por ver si finalmente prospera y da al traste con la potenciación de una sola entidad que ratificaría una vía de canariedad y larga tradición al servicio del sector primario isleño. Aunque se trata de empresas privadas, a lo mejor la visión e la influencia de algunos responsables políticos y económicos pueden impedir aún que se consume lo que tiene toda la pinta de una aberración de tomo y lomo.