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Jaime Rodríguez-Arana*

La cuestión competencial

   

El sistema español de distribución de competencias entre los diversos entes territoriales data de 1978. Desde entonces han transcurrido ya más de treinta años. Treinta y dos años largos en los que las comunidades autónomas han ido sumiendo los poderes y competencias previstos en la Carta Magna, mientras que los entes locales, con una obsoleta ley de 1985 a sus espaldas, apenas consiguen prestar los servicios que les corresponden a causa de un deficiente sistema de financiación.

La realidad, guste mucho, poco o nada, es que el nivel de gasto generado por estos gobiernos territoriales ha traspasado los umbrales de la racionalidad convirtiéndose, sobre todo las autonomías, en centros de gasto que han intentado emular, cuando no sobrepasar, la propia estructura del mismo Estado.

Treinta y dos años después nos encontramos con no pocas duplicidades, superposiciones y coincidencias competenciales de dos o más gobiernos sobre una misma materia. Es verdad que la Constitución estableció competencias exclusivas, compartidas y concurrentes. Es verdad que el interés público territorial preferente ayuda a solucionar muchas veces los problemas. Es verdad que el Tribunal Constitucional ha hecho un esfuerzo relevante en orden a delimitar criterios valederos para resolver numerosos conflictos de competencias. Pero también es verdad que treinta y dos años después es menester pensar seriamente en la necesidad de establecer con mayor claridad el mapa competencial.

Efectivamente, si a esta obvia necesidad añadimos la crisis económica y financiera en que estamos sumidos, lo que es una oportunidad se torna ya en necesidad imperiosa. Es verdad que España no es Grecia, pero el hecho de que el país heleno haya suprimido de un plumazo dos tercios de los entes locales es, desde luego, un toque de atención que no puede pasar desapercibido. El reciente anuncio del primer ministro italiano de suprimir 36 provincias y 1.000 entes locales debe llevar a la reflexión.

La cuestión de las competencias es clave para la reforma de las administraciones que viene. Una reforma que tiene la virtualidad, si se sabe realizar con inteligencia y sentido común, de diseñar un nuevo esquema organizativo para el autogobierno de las comunidades autónomas y los entes locales. Un nuevo esquema que se apoye más en lo que son los intereses públicos propios y que posibilite levantar el edificio institucional y administrativo correspondiente sobre unas bases más sólidas y más racionales.

Una operación de este calado, sin improvisaciones y ocurrencias, reclama una nueva visión de la política autonómica y local. Nueva visión que me temo requiere de nuevos dirigentes capaces de entender el alcance de las transformaciones que se avecinan y que no tengan miedo a ponerlas en marcha. No podemos olvidar, en este sentido, que las encuestas de los últimos meses reflejan que los cambios que se precisan deben ser pilotados por autoridades con nuevas perspectivas, con una forma distinta de entender el sentido del espacio público y el papel de unos ciudadanos que ya no son meros receptores de servicios, sino protagonistas en la determinación y evaluación de las políticas públicas.

El problema es difícil de resolver porque quienes disfrutan de los privilegios y prebendas que ha traído consigo el ejercicio de la vieja política no es probable que faciliten la labor.

A pesar de ello, las reformas tendrán que hacerse sí o sí. Ojalá se puedan realizar con racionalidad y sentido de servicio a los ciudadanos. Ojalá que sean el fruto del acuerdo y del entendimiento y no el resultado de la imposición o de la unilateralidad.

* Catedrático de Derecho Administrativo | jra@udc.es