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Por Antonio Casado >

La excepción educativa

   

La lucha contra el déficit público, que en una economía que no crece se centra casi exclusivamente en el recorte del gasto, es justa y necesaria.

No sé si hasta el punto de justificar una apresurada reforma de la Constitución pero ineludible en las actuales circunstancias. Lo que no se justifica es la tendencia de algunos gobiernos autonómicos a convertir la educación -en algunos casos también la sanidad- en víctima colateral de la cruzada contra el gasto público. Peor que peor si esos arañazos en el Estado del bienestar, por ahora circunscritos a cuatro o cinco comunidades autónomas, son precursores de una política nacional. Dicho sea en alusión a esa proclama de Dolores de Cospedal, presidenta castellano-manchega y secretaria general del PP, que ha puesto su durísimo plan de ajuste como ejemplo de lo que su partido hará desde La Moncloa si gana las elecciones generales.

Al fin y al cabo, Cospedal es la número dos del PP. Y el número uno, Mariano Rajoy, se ha apresurado a elogiar los planes de aquella porque “siembra hoy para recoger mañana”.

Puede que tenga razón este líder político en términos de equilibrio presupuestario, pero, si nos atenemos al capítulo educativo, que debería ser una excepción en la justa y necesaria lucha contra el déficit público, es al revés.

No estamos sembrando nada bueno y nada bueno recogeremos en formación de capital humano. En cuanto a la reyerta política permanente entre los dos grandes partidos, decae la credibilidad que pudiera tener el PP cuando acusaba a Zapatero de poner en peligro el Estado del bienestar con sus medidas de ajuste.

No se puede ir por ahí diciendo que la educación es un resorte decisivo en la salida de la crisis económica y luego anunciar reducciones de plantillas entre los docentes, como está ocurriendo en Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid, todas ellas gobernadas por el PP. En dichas autonomías, además de Navarra, de momento, se está camuflando el ataque a la excepción educativa con una mera ampliación de los horarios lectivos del profesorado.

Ello permite decir públicamente a Esperanza Aguirre, presidenta madrileña, que la inmensa mayoría de los españoles trabajan mucho más horas que los docentes, aún con las dos, tres o cuatro más que, según las distintas comunidades, se va a incrementar su permanencia efectiva en el aula a los profesores de todos los niveles (excepto el universitario, claro).

Lo que pasa es que todo eso se hace a mayor gloria de los sacrosantos recortes y no en nombre de la eficiencia y la racionalización.

Ese es el quid de la cuestión: más horas de trabajo de los docentes fijos como excusa para despedir o no renovar a 3.000 interinos (que es el caso de Madrid), de modo que el trabajo que éstos hacían antes lo harán aquéllos ahora, con más alumnos por aula o impartiendo materias que no dominan.

Y eso no va a mejorar los niveles educativos en un país abonado al fracaso escolar.