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Por Leopoldo Fernández >

La menos mala de las soluciones

   

Aunque precipitada, improvisada y realizada con modos y maneras poco recomendables, la reforma en curso del artículo 135 de la Constitución resultaba inaplazable. No resolverá en el corto plazo los gravísimos problemas económicos del país, pero su solo anuncio ya ha servido para evitar la intervención de España, cortada la segunda semana de agosto con la compra de 15.000 millones de euros de deuda soberana por el Banco Central Europeo, y para enviar un gesto relevante a los mercados, en un intento por ganar su necesaria confianza antes de que sea tarde.

Aun así, con los precedentes de Irlanda, Grecia y Portugal, las tormentas sobre el euro y los líos en los mercados internacionales, está por ver cómo evoluciona la delicada situación que atraviesa el país a cuenta de los desequilibrios de la economía nacional y por las dudas que suscita nuestra capacidad para hacer frente a las obligaciones exteriores de pago. Sólo garantizando mediante rango constitucional unas políticas inequívocas de estabilidad presupuestaria y dando por muertas tantas reformas cosméticas inútiles -y veremos si se logra-, estará España en condiciones de superar su actual encrucijada de emergencia. Sin estas premisas básicas no se puede tener idea clara de la enorme importancia del pacto PSOE-PP y, por tanto, del fondo de una reforma exprés que, por otra parte, trata de embridar a las comunidades autónomas como sujetos corresponsables de obligaciones fiscales iguales, bajo principios de lealtad, solidaridad y corresponsabilidad, sin perjudicar por ello su autonomía.

Se trata de una reforma legal y legítima, realizada al amparo de las normas vigentes y con la urgencia que la gravedad de las circunstancias demanda. En una coyuntura normal, exigiría un debate político y social sosegado y riguroso, pero no da tiempo, ni tampoco las urgencias permiten un voto popular que necesariamente ralentizaría todo el proceso aunque aportaría una mayor calidad democrática. Mas tampoco es éste un requisito indispensable, antes bien parece la apelación a un recurso demagógico cuando países de nuestro entorno como Alemania, Francia o Italia han realizado modificaciones profundas, más de una veintena de veces cada uno, de sus Constituciones sin utilizar nunca la vía del referéndum.

Algunas minorías nacionalistas se han quitado la careta y puesto en tela de juicio el histórico consenso constitucional. No se han sumado a la propuesta de los dos grandes partidos por cuestiones de forma y alegando que no se atienden sus reivindicaciones, entre otras el concierto económico para Cataluña y el límite de su contribución a la solidaridad nacional, el pretendido derecho a la autodeterminación del pueblo vasco, la elección entre monarquía y república que plantean los comunistas, la supuesta soberanía de los parlamentos autonómicos para fijar sus propios techos de déficit y hasta el ‘encaje’ de Canarias en España, con el reconocimiento de sus singularidades, unas ciertísimas y otras fruto de pura ensoñación. Será imposible aspirar a ningún consenso básico si cada comunidad autónoma presenta una lista de reclamaciones que ahora mismo no vienen a cuento, ya que no se trata de revisar a fondo la Constitución, sino de una modificación técnico-política puntual.

En estas circunstancias un tanto revueltas no sorprenden las 29 ausencias a la hora de votar, o el no-voto de CiU y PNV -aunque ambos partidos estén de acuerdo con el fondo de la reforma-, ni los cinco votos en contra (dos de ellos socialistas, amén de los tres diputados del PSOE que se ausentaron del hemiciclo). Al final el resultado es inequívoco: 316 votos a favor de la reforma, es decir, más del 90% de la cámara baja respalda el proyecto y el resto no alcanza ese 10% que, como expresión del relieve de las minorías, obligaría a llevar el asunto a referéndum.

Por otra parte, claro que resulta sorprendente el acuerdo PSOE-PP, más aún en los estertores de la legislatura; fuerzas políticas, organizaciones sociales y ciudadanos particulares se han pasado dos legislaturas apelando a la necesidad de un consenso básico sobre cuestiones de Estado entre los dos grandes partidos, sin que éstos, sobre todo el socialista, hicieran el menor caso, antes bien se enzarzaron en encontronazos, broncas y toda suerte de zancadillas. Mientras, el país se hundía en el paro y la recesión y la clase política perdía buena parte de su credibilidad. Precisamente por eso, si el acuerdo de hoy es preludio de otros de similar alcance mañana, bienvenido sea porque, gobierne quien gobierne, urge un leal ejercicio de responsabilidad compartida en momentos tan difíciles como los que nos aguardan. Algunos confunden la estabilidad presupuestaria y el máximo déficit estructural, que no equivale a techo de gasto, con el déficit cero, que es una abstracción, porque seguramente han idealizado la deuda como propuesta política; pero nos hallamos en momentos en que la defensa a ultranza del euro, al que estamos vinculados, y el compromiso de unas cuentas públicas saneadas no es coyuntural sino permanente, como decidieron Alemania y Francia para los 17 países del Eurogrupo para que rija antes del verano de 2012. Si ello equivale a entronizar, por razones de coyuntura, determinadas soluciones pretendidamente neoliberales en detrimento de algunos radicalismos ideológicos y a cortar la deriva del Estado Autonómico, que necesita una reconducción -como ocurre con el conjunto de las administraciones- para hacerlo viable, supongo que no será para rasgarse las vestiduras ni echarse alocadamente a la calle.

Quedan algunas incógnitas que habrá de recoger la futura ley orgánica de desarrollo (cuya flexibilidad debe evitar reformas constitucionales a la carta en función de las circunstancias económicas), así como variaciones de calado en el mercado laboral para reducir las altísimas cotas de paro e inactividad económica, la educación, la Justicia y la propia norma constitucional que -en este caso sí- requieren grandes consensos, debates y participaciones del cuerpo social, vía referéndum.

Respecto a Canarias será entonces cuando, mediante una política unitaria, proceda defender a capa y espada sus especificidades, especialmente las fiscales y económicas, a fin de garantizar su desarrollo y progreso sostenidos.