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La reforma constitucional > Jaime Rodríguez-Arana

   

>apatero y Rajoy, Rajoy y Zapatero, acaban de sellar un pacto para reformar la Constitución. El pacto consiste en introducir en la Carta Magna el principio de estabilidad financiera. Es, desde luego, una medida de sentido común, que, en la actualidad, dadas las circunstancias, era urgente y necesaria. Se ha realizado con exquisito respeto al procedimiento previsto en la Constitución para estos casos y de acuerdo a las exigencias que la política económica de la Unión Europea demanda en este momento. El principio de estabilidad presupuestaria, por otra parte, aparece reforzado por el artículo 31.2 de la propia Constitución, que impone que el gasto público, que debe realizarse en un marco de equidad, se ejecute de acuerdo a la eficiencia y la economía. La urgencia del pacto sólo viene motivada por el elevado déficit en que ha incurrido el reino de España en estos años. En efecto, hemos acumulado una deuda de tal calibre que hace imprescindible asumir una mayor disciplina en el gasto del Estado, en el gasto público de la Administración central y en el gasto de las administraciones autonómicas y locales.

El pacto suscrito entre el Gobierno y el partido de la oposición demuestra que es posible entenderse en cuestiones básicas. Tras el 20-N, que traerá un cambio de rumbo en la política general de España, debe ampliarse a aspectos centrales del título octavo de nuestra Carta Magna, como son los del reparto competencial o la financiación de las administraciones territoriales. Esta reforma, en efecto, es consecuencia de la situación financiera española y de una tímida interpretación del artículo 31.2 de la Constitución, que, de haberse entendido correctamente en estos años, hubiera impedido llegar a la situación actual.

El problema del que derivan todos los males financieros que ahora nos colocan en una muy delicada posición, todos lo sabemos, es que se permitió, sin duda, subvirtiendo el orden constitucional, gastar y gastar sin control.

Todos, Estado, autonomías y entes locales, unos más que otros, evidentemente, olvidaron la eficiencia y la austeridad del gasto público y se lanzaron a una loca carrera por endeudarse sin darse cuenta de que tarde o temprano el sistema haría crack.

Ahora, tras el reciente cambio de Gobierno en autonomías y entes locales, encontramos deudas e impagos que hacen muy difícil una gestión pública razonable y adecuada. Veremos tras el 20-N qué saldo encuentran los nuevos gobernantes.

En estos momentos, a pesar de tener en ciernes un relevante proceso electoral, se precisa sentido de Estado: pensar en los ciudadanos, especialmente en las generaciones de españoles que han de venir.

Sin embargo, ante la mediocridad imperante en la clase política española en general, con honrosas excepciones por supuesto, la obsesión por conservar a cómo dé lugar la posición puede dificultar un entendimiento entre las principales fuerzas políticas que en otros países, no hace mucho, ha permitido tomar las medidas necesarias que han enderezado la situación.

El país, a pesar de las dificultades, puede, debe, salir adelante. Para ello necesitamos de políticos que sean conscientes de que los tiempos que se avecinan van a ser muy duros, de que la gestión y administración de lo público ya no puede ser como antes. Se terminó el despilfarro, el uso del dinero de todos como si no fuera de nadie. Vienen tiempos de rigor y de control. A partir del 20-N, ojala que se puedan adoptar las medidas de regeneración democrática pendientes desde hace tiempo. Los ciudadanos se merecen que quienes sean llamados a dirigir la cosa pública lo hagan con diligencia y competencia, pensando en el bienestar de todos. A partir del 20-N lo veremos.

*Catedrático de Derecho Administrativo | jra@udc.es