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Tiempo al tiempo

La reforma de la Constitución > Juan Julio Fernández

   

La circunstancia, que podrá explicar el director, posibilitó que con mi firma apareciera el pasado domingo un comentario sobre Oriente Próximo que nunca escribí y de cuya autoría supe al verlo reproducido en la edición del martes día trece, lo que, en primer lugar, me obliga a excusarme ante su autor por lo que me pueda concernir en la suplantación y, en segundo, a felicitarle por un análisis que ni sé ni puedo hacer. Y si hasta ahora ha sido habitual achacar estos trasiegos a los duendes de la imprenta, pienso que, con los actuales adelantos, habrá que imputarlos a los de la electrónica.

Dicho esto, no quiero renunciar a lo que en su momento escribí que, si en parte ha perdido actualidad, conserva algo que, con la poda conveniente, repito. Dije entonces que los indignados tenían razón cuando alegaban que la Constitución se ha reformado con premuras y bajo presiones externas; y no la tienen cuando reclaman un referéndum. El artículo 167 de la Ley Magna es inequívoco: “Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada uno de las Cámaras” y solo en el caso de que no se consiguiera esta aprobación se exigen otros requisitos para intentar lograr su aprobación por el mismo procedimiento en un segundo intento y siempre que en este supuesto se obtuviera el voto favorable de la mayoría absoluta en el Senado, el Congreso podría sancionar la reforma por mayoría de dos tercios. Conseguida esta aprobación, el referéndum es una exigencia solo cuando lo pida un diez por ciento de los miembros de cualquier Cámara. Y los indignados, los sindicatos y los partidos minoritarios que ahora claman por el referéndum deberían tener en cuenta que sin esta consulta se aprobó la primera modificación de la Constitución para atender a otras exigencias que también venían de fuera, concretamente de Maastrich, y que, por la puerta de atrás, reformando Estatutos de Autonomía, Zapatero y los afines burlaron la legalidad reglada en el texto constitucional.

Eran otros tiempos y no se registraba el déficit democrático contra el que se revuelven las nuevas generaciones. Aquellos eran tiempos de abundancia y ahora estamos inmersos en una crisis que acogota cada día a más gente y con ella y un Gobierno en tiempo de descuento, los ánimos se exacerban y se pone de manifiesto la falta de liderazgo y la ausencia de dirigentes capaces de reconducirlos con el fin de superar una situación adversa, a la que en España, al margen de maniobras especulativas en un campo abonado por la globalización de los mercados, se ha llegado por una degradación de la política y aprovechando resquicios en la Constitución, a pesar del esfuerzo de la buena voluntad de los constituyentes, para desvirtuarla.

Los padres de la Patria y el pueblo en referéndum aprobamos un texto legal que nos ha permitido vivir y convivir en paz y bienestar a las generaciones que sucedimos a los que, activa o pasivamente, se enfrentaron en 1936, las primeras que hemos podido crecer sin padecer los desastres de una guerra. Y con este propósito, la Constitución, en su artículo 168, se blindó de una forma que exige, para una reforma total o parcial que afecte a la unidad nacional, a la Monarquía parlamentaria, a la bandera, a las Fuerzas Armadas y a la libertad de expresión, un consenso mayoritario de las fuerzas políticas, con disolución inmediata de las Cortes que la aprobase, convocatoria de elecciones, estudio y aprobación del nuevo texto por las nuevas Cortes y refrendo por el pueblo soberano.

En la reforma última, Zapatero ha tropezado con la oposición de los nacionalistas que tienen una curiosa manera de entender la democracia, aceptándola cuando colma sus exigencias y alardeando de que ayudan a la gobernabilidad de España y, cuando no, amagando con la autodeterminación y la independencia. Y los sindicatos, que representan a menos gente de la que les gustaría representar y que, con los nacionalistas, exprimen las ubres del Estado, siguen pensando que se puede gastar más de lo que se tiene, contribuyendo, en su anacronismo, más a un Estado de malestar que a otro de bienestar. Demasiada incongruencia que abona el déficit democrático que denuncian, con razón, los ‘indignados’ del 15-M y hace pensar que la Constitución requiere una reforma más profunda, pero que, sin duda, habrá que hacerla en otro momento, atendiendo a que en tiempos de destemplanza, no conviene hacer mudanza, según consejo del vasco Ignacio de Loyola.

Casi siempre la Humanidad ha avanzado tras crisis provocadas por errores, desaciertos, desórdenes y abusos de poder. Y si se acepta que después de la tempestad viene la calma, cabe pensar que de la actual se saldrá con renuncias, cambios y nuevas exigencias para acabar con derivas desastrosas que han aplastado a una generación joven. Y reclamando más responsabilidad a los políticos que, como la mujer del César, además de competentes y honestos deben aparentarlo. Y tener actitudes y aptitudes para acometer un cambio de la Constitución que acabe con el déficit democrático que unos denuncian y muchos detectamos y padecemos. Y de manera especial quienes, con mayor o menor protagonismo, más riesgos y menos sueldos, nos esforzamos en llevar a buen puerto la Transición de la dictadura a la democracia, algo que algunos parecen haber olvidado.