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La reforma que nunca llega > Leopoldo Fernández

   

El Gobierno de Canarias acaba de anunciar una reforma administrativa que afectará a la Administración de las Islas en sus tres niveles: autonómico, insular y local. Es el enésimo anuncio de esta naturaleza en los últimos años, pero que nunca se lleva a cabo pese a que cada vez resulta más urgente racionalizar y dimensionar el aparato administrativo regional. No sé si verdaderamente existe voluntad política para abordar este grave asunto; da la impresión de que no se tienen claras las ideas, pese a que en sendos estudios el ex vicepresidente Soria y el exconsejero Ruano ya dejaron por escrito más que un bosquejo sobre la arquitectura político-administrativa del Archipiélago.

Sigo sin entender la intención gubernamental de crear una comisión de expertos locales -procedentes del Ejecutivo, las universidades, los cabildos y los ayuntamientos- y contar con una empresa externa para elaborar las propuestas de reconversión administrativa ¡a lo largo de dos años!, con informes trimestrales sobre posibles actuaciones. ¿Para qué tanta dilación si la reforma se presenta como inaplazable, si Canarias no puede sostener financieramente un monstruo administrativo de tamaño tan descomunal? ¿Acaso no es posible detectar dónde existen duplicidades y aún triplicidades competenciales, cómo se encuentra la financiación en cada nivel administrativo a efectos de atender sus eventuales responsabilidades y qué Administración resulta más aconsejable para desempeñar unas u otras atribuciones según sea su especificidad, su interés determinante y el destinatario del servicio?

Suele decirse que si no quieres resolver un problema con diligencia, crea una comisión, y da la sensación de que en esas estamos, de que al Ejecutivo autonómico le cuesta hacerse a la idea de que debe desprenderse de muchas competencias para descargarlas en los cabildos, que han sido históricamente la primera organización administrativa de Canarias y la más apreciada y eficaz de todas. No debe ser fácil meterle el diente a un hueso tan duro como el del solapamiento competencial, la burocracia que no cesa, la ineficiencia de un sistema que perjudica a los ciudadanos, la necesidad de separar las funciones políticas de las administrativas… Hace falta coraje, hace falta habilidad, hace falta talento para aplicar las mejores recetas a la gestión pública. Y hace falta, por encima de todo, una simplificación rigurosa de los trámites administrativos para que se preste el mejor servicio con la máxima calidad y el menor costo. Además de un Código de Buen Gobierno, claro.

Para que una reforma como la que se propone sea exitosa debe abarcar todo el ámbito político-administrativo de la comunidad autónoma, de arriba abajo. A fin de recortar sin piedad, articular nuevas formas de organización, perfeccionar los mecanismos de cooperación intra e interadministrativa, aplicar al máximo las nuevas tecnologías y mejorar las políticas de coordinación, interactividad, calidad, rapidez y eficiencia, acrecentando al tiempo los procesos de control y transparencia administrativa mediante la fiscalización social de las acciones de gobierno a través de la participación ciudadana. Y también, porque resulta obligado, para introducir los mejores procedimientos posibles en la selección, formación y promoción de los empleados públicos.

Esta legislatura termina sin la esperada Ley de estatal de Financiación Local, que debería marcar un antes y un después para la tesorería de las corporaciones locales. Aun así, el Gobierno de Canarias puede y debe buscar un modelo administrativo óptimo que pase por la consideración de la Isla -y, en nivel competencial descendente, los ayuntamientos- como centro de gravedad y eje básico del máximo grado de autosuficiencia administrativa. Lo lógico es que la gestión pública sea la más cercana y eficaz posible en esta etapa de transformaciones profundas y cambios sociales que demandan de los gobiernos su más rápida asimilación y modernización. Para estar a la altura de las circunstancias e incluso para ir por delante de éstas merced políticas de flexibilidad y adaptabilidad, tal y como se estila en países de la vieja Europa.

Son numerosas las recetas que los administrativistas han ido sugiriendo para una más eficaz gestión de los asuntos públicos. En unos casos se opta por nuevas estructuras, por compartir servicios, incluso presupuesto y personal, entre diferentes departamentos -como en el Plan Copérnico belga-, y en otros se prefiere la externalización de servicios, la creación de agencias, consorcios o unidades mancomunadas, la implantación de la ventanilla única, la interconexión registral y los acuerdos supramunicipales. No hay fórmulas mágicas de éxito garantizado, aunque sí predominan principios de autoorganización en función de las peculiaridades de cada municipio, isla, provincia, comunidad, Estado o nivel administrativo, así como un grado de homogeneidad y uniformización imprescindibles en todos los procesos. Y partiendo siempre del principio de que la innovación, la evaluación y la gestión eficaz de la Administración -no sólo su gobernación o dirección- forman parte de los mismos objetivos.

Como ya ha quedado acreditado, Canarias infló su plantilla de empleados públicos en las etapas de bonanza económica y al inicio del proceso autonómico, cuando se produjeron necesidades perentorias y hubo que improvisar un cuerpo de funcionarios, muchos de ellos eventuales o temporales. Según datos de la EPA de junio pasado, las Islas cuentan con más de 130.000 funcionarios, que absorben el 19,5% de los puestos de trabajo existentes: 60.950 trabajan para la Administración autonómica, 39.110 para ayuntamientos y cabildos, 26.550 para la Administración central y 3.400 en las dos universidades. Se trata de una carga excesiva que es preciso reducir y ubicar con arreglo a las nuevas circunstancias administrativas y económicas, regionales, insulares o locales.

En lo que atañe a la estructura del Ejecutivo regional, debe derogar cuanto antes la Ley de Sedes. No se puede mantener una duplicidad de dependencias -si acaso podría continuar la de la Presidencia del Gobierno para evitar que se reabran viejos pleitos y heridas- en tiempos en que los adelantos informáticos permiten la comunicación instantánea y la resolución de cualquier problema administrativo. Y debe dar a los cabildos lo que histórica y tradicionalmente les corresponde, que es casi todas las competencias -salvo la planificación, la gestión y la coordinación que corresponden al Ejecutivo en el ámbito regional-, incluidas desde luego mayores responsabilidades en los ingresos económicos.