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La segregación del municipio herreño de El Pinar, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias

   

El Ayuntamiento de El Pinar se constituyó como tal en septiembre de 2007. | DA

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se celebró la vista pública del recurso presentado por dos asociaciones y un grupo de cinco vecinos de La Frontera contra la sentencia dictada por el Juzgado número 3 de Santa Cruz de Tenerife que ratificó la legalidad de la segregación de El Pinar de dicho municipio herreño porque, entre otras cosas, ambos núcleos poblacionales no forman un todo urbano, los dos poseen una base material y territorial que posibilita su existencia presente y su desarrollo político-social futuro, sus economías cumplen la suficiencia de recursos basada en los criterios del Fondo Canario de Financiación Municipal y porque la población que solicitó la separación en 2006 representaba más de la mayoría exigida por la ley.

El abogado de los apelantes, Rafael Vascos, sostuvo ante el tribunal que, según la legislación vigente, no basta la separación física para la segregación, sino un motivo real, un interés cualificado -interés público-, además de suficiencia económica y financiera de los dos núcleos resultantes de la segregación. Para Vascos, en este caso no se cumplen los requisitos económicos, como lo prueban las deudas de ambos ayuntamientos.

Además, a su juicio se produjeron irregularidades e infracciones legales en la tramitación del procedimiento administrativo, como la falta de identificación de parte de los solicitantes de la separación, la propuesta de segregación elevada al Cabildo y reiniciada indebidamente por éste, la votación realizada en el Ayuntamiento de La Frontera, tres informes del Consejo Consultivo que no se incluyeron en el expediente, etcétera.

Recurrentes

Para el letrado de los recurrentes, tampoco existe un estudio previo riguroso sobre los efectos de la segregación, ni se da la deseable proporcionalidad entre la población asentada en El Pinar y el porcentaje de deuda de La Frontera que debe asumir el nuevo municipio, ni se produjo una línea divisoria entre ambas localidades, ni un deslinde entre El Pinar y Valverde, donde el secretario del Ayuntamiento firmó un informe desfavorable. También se refirió a otros inconvenientes entre los que citó la división del territorio de la dehesa comunal y la ubicación del Faro de la Orchilla en el municipio de El Pinar, cuando la bandera de La Frontera incluye una representación del mismo faro.

El letrado de los recurrentes calificó la segregación de despropósito

El representante legal de la parte opuesta a la segregación dijo que la sentencia del Juzgado 3 santacrucero que desestimó su recurso contencioso no había despejado las dudas jurídicas suscitadas por la separación y, apoyándose en opiniones del Consejo de Estado, aludió a otros inconvenientes de esta división municipal, como el agravamiento de las finanzas municipales a consecuencia de la crisis económica, la insuficiencia financiera de El Pinar para afrontar sus responsabilidades y el exceso de funcionarios y minifundismo municipal resultante. Por todo ello calificó la segregación de “despropósito” y dijo que la misma había sido una “decisión territorial adoptada por un acuerdo entre el presidente del Cabildo y la comisión gestora creada al efecto en base a un informe inicial de Corporación 5”.

En nombre del Cabildo herreño intervino el letrado Martín Orozco, quien solicitó la confirmación de la sentencia del Juzgado 3 y, en una demoledora exposición, rebatió punto por punto las tesis del abogado Vascos. Vino a decir que no es el Consejo de Estado, ni los diversos informes de distintos órganos consultivos o de otra índole, sino la legislación vigente, la que determina el alcance efectivo de las normas, en este caso “los requisitos reglados y discrecionales, formales y sustantivos que precisa una segregación”.

Información pública

A estos efectos, señaló que los promotores de la segregación recogieron sobradamente el mínimo de firmas exigibles al efecto, lo que el Cabildo mejoró y enriqueció, mediante resolución motivada, el expediente -al que no se opusieron en tiempo y forma los ayuntamientos de La Frontera y Valverde- y el asunto pasó dos veces a información pública, en la que se manifestó una oposición que apenas sobrepasó el 10% de la población consultada, y contó con los informes favorables del Cabildo y el Consejo Consultivo de Canarias. Para Orozco, los cuatro barrios de El Pinar conforman una comarca, un núcleo diferenciado con suficiencia financiera, capaz de mantener el funcionamiento de los servicios con un buen nivel de calidad.

Insistió en que los informes no son pruebas periciales sino opiniones personales y/o jurídicas, y respecto de la suficiencia financiera requerida manifestó que se basa siempre en “supuestos suficientes de probabilidad”.

A tal fin citó los ejercicios de 2008 y 2009 en los que los municipios de La Frontera y El Pinar tuvieron superávit presupuestario y cumplieron así las pautas del Cabildo y la Audiencia de Cuentas. La corporación insular podía haber denegado -dijo Martín Orozco- la segregación invocando razones de interés general, una valoración que corresponde a la Administración; pero no lo hizo, como tampoco lo hizo el Gobierno de Canarias, de tal modo que en ambos casos se dio satisfacción a una aspiración popular expresada de forma mayoritaria. Finalmente, el abogado solicitó la desestimación del recurso y subrayó que no se estaba juzgando la oportunidad política de la segregación, dados los momentos de crisis que afectan al país, sino la juridicidad o no de la misma. En nombre del Ayuntamiento de El Pinar intervino el abogado Eligio Hernández, nacido en el hoy nuevo municipio, quien opinó que la segregación era un caso de “enjundia jurídica” y que la misma debería ser ratificada “sin la menor reserva legal”.

Eligio Hernández, abogado de El Pinar, rechazó que exista un conflicto de intereses

Tras coincidir con Orozco en distintas apreciaciones legales y rechazar el ejemplo de Tejina a efectos de segregación, destacó la negativa del Ayuntamiento de La Frontera a dar la documentación que requerían los promotores de la separación para la preparación del expediente, la ausencia de peticiones a la misma corporación sobre la identidad de los firmantes, etc., e insistió en que El Pinar forma un núcleo territorial, cultural y poblacional claramente diferenciado, con una lucha de siglos en defensa de su propia identidad.

El Pinar

Según Hernández, el desarrollo y el progreso se ha ido decantando hacia los sures de las islas, como en el caso de El Pinar, cuyas medianías, costas y producciones agrarias resaltó, lo mismo que las posibilidades que ofrecen los regadíos, por los abundantes recursos hídricos, y las potencialidades de la ganadería y el turismo.

Rechazó que exista un conflicto de intereses y, con un argumentario histórico en defensa del campesinado, subrayó que los recurrentes no están legitimados para solicitar un deslinde territorial en El Hierro -se trata de un procedimiento reglado del que exige informe previo del Instituto Geográfico Nacional-, porque La Frontera se quedaría sin el paraje natural de La Dehesa.

También insistió en que el Faro de Orchilla pertenece a El Pinar, del que destacó su “hermandad permanente con Sabinosa”, y que durante decenios fue atendido por los habitantes del ahora nuevo municipio. Dudó que todos los habitantes de La Frontera hayan visto su luz y apuntó que a su juicio se trata de una especie de “amor tardío surgido al calor de los acontecimientos”. Éstos dijo que deberían haberse producido hace tiempo y que los habitantes de La Frontera tenían que haberlos propiciado con visión de futuro, aunque favorecieran “al otro lado de la montaña”, que es donde debía radicar la capitalidad.

La Dehesa

Por último, el letrado Eligio Hernández indicó que la división de un bien comunal no afecta a su naturaleza aunque La Dehesa, inscrita en 1981 como bien de dominio público, ha estado 500 años en El Pinar y, si se pide el deslinde, allí seguirá, como ocurre desde 1546. El futuro de los pueblos -concluyó el letrado- a veces se gana a golpe de sentencias. A la vista celebrada en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC asistieron cerca de medio centenar de ciudadanos de El Hierro, entre ellos el alcalde de El Pinar, Juan Miguel Padrón, y varios concejales, así como el diputado autonómico, secretario general del PP y herreño, Manuel Fernández.