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Las universidades tienen 10 años para devolver el dinero del Campus

   

Los rectores de la ULL y de la ULPGC se reunieron ayer con el consejero de Educación. / DA

ÁNGELES RIOBO | SANTA CRUZ DE TENERIFE

“Es como si nos invitaran a comer y luego pagáramos la cuenta nosotros”. Así ejemplifica el vicerrector de Internacionalización y Excelencia de la Universidad de La Laguna (ULL), Rodrigo Trujillo, la relación financiera entre las dos universidades canarias y el Ejecutivo autonómico con respecto a los 5,3 millones de euros concedidos por la calificación de excelencia para el Campus Atlántico Tricontinental, fondos que, por otro lado, aún no han sido transferidos a las arcas universitarias para ejecutar los diferentes proyectos que conlleva esta iniciativa.

El dinero, que en principio iba a ser una subvención a las universidades, ha pasado a ser un préstamo. “Se trataba de una subvención a las dos universidades, pero se ha convertido en un préstamo con un interés del 1,41%, que tenemos que reembolsar al Gobierno de Canarias”, lamenta Trujillo, y explica que dicho préstamo será descontado de los presupuestos de ambas instituciones académicas durante 10 años, a partir de 2014, con un 1.41% de interés.

“Nosotros diseñamos todo el proyecto del Campus de excelencia bajo la consideración de que recibiríamos una subvención; sin embargo, ahora resulta que estamos asumiendo una deuda que tenemos que devolver a plazos y con intereses”, deplora el representante universitario, quien avanza que “al conocer la decisión del Gobierno canario, lejos de negarnos, ambas universidades decidimos no tirar la toalla y seguir adelante con el proyecto”.

Aún no tienen el dinero

Trujillo remarca, además, que a día de hoy no se ha recibido ni un céntimo de los 5,3 millones de euros que el Ministerio de Educación ya ha transferido al Gobierno de Canarias, para que éste, a su vez, lo traslade a las dos universidades del Archipiélago, por lo que la ejecución de las numerosas acciones que contempla el Campus Atlántico corren el peligro de no poder ser desarrolladas a tiempo. “El 12 de diciembre de 2012, una comisión internacional evaluará la ejecución de los proyectos del campus de excelencia internacional, y corremos el riesgo de que nos retiren la calificación por no cumplir con las condiciones”, subraya.

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El Ejecutivo autonómico debe a los dos centros canarios 50 millones de euros

El Gobierno regional debe a las universidades canarias unos 50 millones de euros, según lo comprometido en el período 2009-2011 del contrato programa, un instrumento que el consejero de Educación, José Miguel Pérez, abogó por “redefinir” con ambos centros “para adaptarlo a la realidad”. Así lo manifestaron ayer los rectores de la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Regidor, tras analizar con Pérez los problemas económicos que afectan a estas instituciones.

Los rectores advirtieron de que esta deuda podrá superar los cien millones cuando finalice la vigencia del actual contrato programa, en 2013. En este sentido, el rector de la ULL especificó que “con arreglo al contrato programa, el Gobierno canario adeuda a la institución académica tinerfeña más de 27,5 millones de euros correspondientes al bienio 2010-2011”. Tal afirmación la realizó durante su discurso de apertura del curso universitario de la ULL el pasado viernes, tal y como informó DIARIO DE AVISOS. Doménech resaltó entonces que “estos recortes presupuestarios constriñen la capacidad de la universidad para desarrollar acciones”.

El rector especificó además que sólo en 2011 el recorte sobre lo que correspondía a la ULL por el contrato programa se ha visto reducido en 12 millones en gastos de funcionamiento y 5 millones menos en subvenciones.

Por su parte, el consejero regional de Educación reconoció que, pese a que las universidades canarias han cumplido los objetivos fijados en el contrato programa, la financiación prevista “no ha llegado” por la falta de ingresos de las arcas regionales, y añadió que “no es realista pensar que en los presupuestos de 2012 se podrán recuperar los millones necesarios para reponer lo que no se ha puesto en tres años”.

A pesar de esto, el consejero consideró “nefasto” renunciar al contrato-programa, una de sus fuentes de financiación, dado el papel que juegan en el impulso de la nueva economía en las Islas y en su proyección exterior.

Redefinir el contrato

José Miguel Pérez abogó por “redefinir” este instrumento para adaptarlo a la realidad, en virtud de las propuestas que formulen las propias universidades, cuyos rectores manifestaron su predisposición a “buscar soluciones a los problemas”, como apuntó Eduardo Doménech, y a reafirmar “la importancia de la universidad en tiempos de crisis”, según subrayó Regidor.

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