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oleaje extremo > medidas activadas tras el desastre

Llevan a la Fiscalía la falta de protección por temporales

   

J. M. | SANTA CRUZ DE TENERIFE

La organización de defensa de derechos humanos, civiles y culturales de España, a través de su delegación en Tenerife, ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que determine cuál es la administración pública responsable, civil y penalmente, de los destrozos provocados por el fuerte oleaje en San Andrés. Así lo explicó ayer a este medio el representante del colectivo y vecino de este pueblo de la capital tinerfeña, Juan Carlos Rodríguez, que presentó el citado documento en nombre de la organización el pasado miércoles.

Según explicó, el primer objetivo de esta denuncia, “dado que las administraciones se pasan la pelota unas a otras”, es determinar cuál es la competente y la responsable de tomar medidas al respecto, “para luego, en un segundo paso, solicitar indemnizaciones económicas provocadas por las inundaciones que se llevan sufriendo en el pueblo desde hace ya muchos años”. Como ejemplo, el portavoz de este colectivo sin ánimo de lucro matizó que “tras hablar con algunos comerciantes de la zona, solo en esta última inundación, se calculan unas pérdidas que ascienden a varios millones de euros”.

“Lo que ha motivado que presentemos esta denuncia es que llevamos muchos años, más de 30, esperando una solución para proteger al pueblo, y creemos que no se hará nada hasta que no haya una muerte”, apuntó Rodríguez. Del mismo modo, explicó que se desconoce si la competencia le corresponde a la Demarcación de Costas o la Dirección General de Transportes del Gobierno central, “por lo que hemos decidido que sea un juez o la Fiscalía quien determine esto”. Además, otro de los objetivos de esta asociación es la de conocer cuántos proyectos se han presentado para solucionar los problemas del frente costero de San Andrés.

Esta asociación, que asegura está en contacto con otros colectivos vecinales del barrio, tiene como fin “defender y promover los derechos de cualquier persona”, indicó Juan Carlos Rodríguez. Una vez la Fiscalía reciba la denuncia, dispone legalmente de 60 días para dar una respuesta.