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Los ‘chiquiparques’ acogen a niños en detrimento de las guarderías

INMA MARTOS | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Los centros infantiles o guarderías que se acogieron a la nueva normativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias porque cumplían con la normativa para estos casos han salido perdiendo con su condición legal actual. Son cerca de 40 centros que con la crisis, la proliferación de chiquiparques y las exigencias del propio decreto 38/2008, de 28 de marzo están estrangulados económicamente. El resto de las guarderías que cumplen con la normativa anterior a 2008, tienen una moratoria concedida por el Ejecutivo autonómico hasta 2013 para acometer los cambios reflejados en la ley, y hasta 2014 para los preceptos relacionados con la formación del personal contratado.

Moratoria

La merma de bebés y niños matriculados en los centros infantiles con permiso vigente de la Consejería ha sido tal, que muchos de sus propietarios están arrepentidos de no haberse acogido también a la moratoria de adaptación. Una de las diferencias es que la nueva ley exige un espacio de dos metros por niño, mientras que en la anterior el espacio obligatorio era 1,5 metros, con lo que los últimos pueden matricular a un mayor número de niños y obtener beneficios más altos.

A esto se añade la amenaza de los chiquiparques, centros en un principio con autorización de los ayuntamientos para el entretenimiento de niños mayores de tres años en horas no lectivas; es decir por las tardes, están acogiendo a usuarios desde los cuatro meses y desde las 07.30 horas. Estos parques infantiles no tienen supervisión ya que no están regulados y no deben cumplir con unas condiciones específicas como los centros infantiles en materia de infraestructura y asistencia. Pero son más baratos y la crisis económica obliga a muchos padres trabajadores sin apoyos familiares y con salarios bajos a echar mano de los chiquiparques para que cuiden de sus hijos. La educación obligatoria comienza a partir de los seis años, en Primaria, pero todos los colegios tienen Educación Infantil a partir de los tres y la mayoría de padres a esta edad optan por una escuela, así que el negocio de estos parques infantiles que abren por las mañanas está en la ratio de edad de 0 a 3. Se trata de una situación de vacío legal que perjudica a las guarderías por lo que la presidenta de Acinte, Marina Amador, pide que se regule. En este sentido, indica que los centros infantiles son además de educación, ya que están autorizados para impartir el primer ciclo de infantil no obligatoria, y “se deben establecer las diferencias, competencias y las facultades de unos y otros porque la situación es insostenible”.

Reducción de matrículas

Asimismo, la ausencia de subvenciones públicas a los centros infantiles o, en su defecto a los padres, está no solo convirtiendo a las guarderías en un negocio no rentable, sino, además, con pérdidas. En los últimos meses se ha reducido el número de matrículas y en muchos más casos las horas porque las familias no pueden costearlas. “Hay padres que dejan a sus hijos de ocho a doce y a esa hora son los abuelos los que les vienen a recoger para darles de comer en casa”, comenta Marina.

La contratación de personal cualificado, profesionales titulados y universitarios marcado por la Ley o en el caso de los comedores la contratación del catering o bien la adaptación de la cocina a la normativa sanitaria al respecto, dejan un margen económico de rentabilidad muy reducido, según asegura la presidenta de Acinte. A esto en algunos centros, hay que sumar el gasto por las obras de adaptación. Los centros infantiles cumplen en la actualidad una labor social indudable, dado que son el mejor aliado de la consecución de los derechos de la mujer en materia de igualdad laboral. Las madres, en muchos casos trabajan por necesidad y si además, no tienen apoyos en su entorno para cuidar a sus hijos las expectativas de calidad de vida son muy remotas.