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IURIS TANTUM > POR MARIO SANTANA

Ni Julio Verne > Mario Santana

   

Salvo excepciones, cuando dos personas contraen matrimonio o se unen como pareja, sinceramente lo hacen “para toda la vida y hasta que la muerte los separe”, pero en ocasiones tal expectativa se ve truncada, viéndose afectados los hijos, incluso en mayor medida. Y no digo que siempre resulten perjudicados, aunque sí en la mayoría de los casos. Sea como fuere, se producirán unos cambios físicos, palpables y cotidianos.

La primera manifestación del cambio es que alguna de las personas que antes vivía bajo el mismo techo cambiará de domicilio, pero no por eso el menor dejará de mantener un cierto contacto con ella. Ese contacto se regula mediante el “régimen de visitas” al que, no lo olvidemos, el menor tiene derecho. Así lo declaran la Convención sobre los Derechos del Niño, la Carta Europea de los Derechos del Niño y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “Todo niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses”.

Estas normas internacionales son directamente aplicables en España, y así lo establece con rotundidad nuestra Ley sobre Protección Jurídica del Menor (LO 1/1996, de 15 de enero). Está claro: los niños tienen derecho a relacionarse con sus progenitores.

Sin perjuicio de lo anterior, también los progenitores tienen derecho a relacionarse con sus hijos, y así lo establece el artículo 94 del Código Civil, salvo cuando el juez considere que esta relación es perjudicial para el menor. No olvidemos que el valor supremo a proteger es el interés de los niños.

Por último, tienen también derecho a relacionarse con el menor otras personas, y así lo establece el artículo 160 del Código Civil: “No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados”. Llamo la atención sobre el último grupo de personas que refiere el precepto, en tanto que, al parecer, el vecino del quinto puede pedir un régimen de visitas con el menor. Sin embargo, tiene su utilidad la referencia, como luego verá.

Lo que no regulan los tratados internacionales, la Ley de Protección del Menor ni el Código Civil es el supuesto de una pareja de dos señoras lesbianas que convivieron durante diez años sin contraer matrimonio (porque no les dio la gana, todo hay que decirlo, porque poder, podían), quedando una de ellas embarazada mediante técnicas de fecundación asistida con semen de donante anónimo. La cuestión es que la otra señora (no embarazada) no figuró en el Registro Civil. Cuando la criatura tenía tres años, se produjo la crisis de pareja y cese de convivencia, comenzando la discusión (dicho sea en términos civilizados y elegantes) por obtener la guarda y custodia del menor y, la que no la obtuviera, por el régimen de visitas para relacionarse con la criatura. No me lo he inventado, se los juro. Es el caso resuelto por el Tribunal Supremo en sentencia de 12 de mayo de 2011.

Ni que decir tiene que la resolución del caso tiene su aquello. En primer lugar, y para salir al paso de lo que algunos lectores sé que están pensando, desde un punto de vista técnico jurídico la orientación sexual de las litigantes (que así se llama todo el que pleitea) no tiene relevancia alguna a la hora de decidir la controversia, ya que no puede haber discriminación por razón de sexo, condición o circunstancia personal por imperativo del artículo 14 de la Constitución.

El caso que nos ocupa lo resolvió el Tribunal Supremo atribuyendo la guarda y custodia del menor a la madre biológica, y concediendo a su expareja un régimen de visitas con el menor, pero no en calidad de progenitora ni familiar, sino como mera “allegada” al menor y por aplicación del artículo 160 Código Civil. Y es que en muchos casos nuestras realidades superan lo previsible. Lo dicho, ni Julio Verne.

Mario Santana es Letrado
abogado@mariosantana.es