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ANÁLISIS > POR LEOPOLDO FERNÁNDEZ CABEZA DE VACA

Patrimonios bajo escrutinio público

   

Está siendo la comidilla de la semana, el no va más del cotilleo. Eso de dejar a sus señorías los diputados y senadores patrios en pelota picada económica tiene mucho, pero que mucho, morbo. A nadie debe extrañar por tanto que sea el centro de numerosas conversaciones en plan chismorreo, una vez que se han desvelado interioridades y secretos referidos al patrimonio, bienes y rentas de sus señorías, además de a las actividades que realizan en compatibilidad con sus cargos.

La obligación legal de dar publicidad a las propiedades y quehaceres de los representantes en las Cortes Generales deviene de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General aprobada el pasado 15 de julio pasado. Pero los antecedentes se remontan a la disposición adicional novena del Texto Refundido de la Ley del Suelo, de 28 de mayo de 2007, que modificó la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985 en orden a diversos aspectos inmobiliarios y urbanísticos a favor de la transparencia y para evitar la corrupción en el ámbito de la Administración local (ayuntamientos, cabildos y diputaciones). En muchos casos, esta norma no se cumple y, lo que es peor, el infractor no recibe la correspondiente sanción.

En cambio, Congreso y Senado han decidido hacer frente a la inexcusable obligación legal que exige a sus representantes hacer públicos sus ingresos, bienes patrimoniales y participaciones en empresas, junto a las declaraciones de impuestos y los trabajos al margen de la actividad parlamentaria. A juzgar por la respuesta popular recibida en las páginas web de ambas instituciones -colapsadas en distintos periodos durante los últimos días-, se diría que la ciudadanía estaba ansiosa por conocer los movimientos económicos de diputados y senadores en estos tiempos de crisis. Como resumen general, vislumbro una cierta desilusión, y eso que sus señorías tienen una media de dos viviendas y alrededor de 163.000 euros en la respectiva cuenta corriente, más que muchos pero bastante menos de lo que algunos sospechaban. Como mucha gente, deben dinero o hipotecas y tienen cuentas pendientes con cajas y bancos.

No creo que la mayoría de los parlamentarios hayan accedido a la política para forrarse

Personalmente me parece que los patrimonios divulgados propenden a la normalidad, por más que algunos desconfiados pretendan escudriñar en exceso en las cuentas. Pero, no soy tan ingenuo para creer que los declarantes han dicho la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Aunque se trate de pura suposición, es probable que algunos trampeen u olviden alguna propiedad por considerarla poco digna de mención.

Otros ciudadanos, por el contrario, considerarán que hay mucho diputado rico, pero para llegar a esta conclusión habría que determinar primero qué es ser rico, o sea, desde qué cifra o cantidad se puede entender la riqueza, tanto a efectos generales como a la hora de fijar las consecuencias de ese impuesto que el candidato Rubalcaba quiere fijar para los adinerados si llega a acceder a la Presidencia del Gobierno tras las elecciones del 20-N.

Por citar un ejemplo ilustrador, el del diputado Llamazares, tradicional martillo pilón de acaudalados y potentados, que declara más de 300.000 euros y se ha apresurado a advertir que su patrimonio “parecerá alto para uno de izquierdas, porque hay gente que piensa que los de izquierdas tienen que ir vestidos de mono y vivir debajo de un puente”. Si él lo dice… Pero, ¿puede ser considerado rico el diputado comunista? Y si lo fuera, ¿qué? ¿Acaso no tendría derecho a serlo?

En este contexto, no me sorprenden, por ceñirme solo a Canarias, los 143.825 euros y participación en tres sociedades de Borja Benítez de Lugo. Y la participación accionarial de Miguel Zerolo en doce sociedades por valor de 612.873,45 euros. Y el piso propio, apartamento y cuenta de ahorro con 117.782 euros de José Segura. Y los 150.000 euros en joyas de Pilar González Segura, prestigiosa abogada de Las Palmas y rica de familia, que declara 13 viviendas. O las deudas de Ana Oramas (casi 300.000 euros), Josefa Luzardo (328.000) y Fernando Ríos (más de 200.000), etc. Aunque ya no es senador, porque dimitió tras el escándalo que protagonizó en Madrid, si hemos de hacer caso de El Confidencial, Casimiro Curbelo, en la actividad pública desde 1982, sería dueño de 26 propiedades inmobiliarias, que alcanzarían al menos un valor de 3,5 millones de euros, y de tres empresas en colaboración con su esposa. Más de lo que cabía suponer, sin duda. Pero lo verdaderamente importante no es lo la fortuna que cada cual atesore, dependiente muchas veces de herencias familiares y legítimos desempeños profesionales; lo que debe contar, además del talento y la cualificación, es que las propiedades y/o el dinero contante y sonante se hayan obtenido en buena lid, sin fraudes ni trampas, sin cobro de favores, en especie o en metálico, o en plan ingeniería financiera. Y que los aumentos patrimoniales nada tengan que ver con el desempeño de la representación popular por vía de influencias, privilegios, prebendas o prácticas poco recomendables. De entrada, no creo que la inmensa mayoría de los parlamentarios nacionales hayan accedido a la política para forrarse o para valerse de su privilegiada posición a fin de escalar peldaños en la escalera del buen vivir. Sus sueldos son normalitos, sobre todo si se comparan con los que perciben los profesionales españoles con los que pueden equipararse en sus actividades privadas, o con los salarios de políticos de otros países europeos occidentales, incluso con los de los eurodiputados; quizás por ello resulten razonables las compensaciones vía viajes, dietas, ceses y planes de pensiones.
En todo caso, siempre será esclarecedor, en ese afán de transparencia, el saber cómo se llega a la política y cómo se sale, para que los ciudadanos puedan descartar o confirmar cualquier sombra de sospecha sobre la dignidad y limpieza de los representantes ciudadanos en el desempeño de su papel institucional. Una forma de contribuir a la dignificación de la actividad pública y su reconocimiento social, que buena falta hacen en estos tiempos en que gran parte de los ciudadanos tiene un mal concepto de la clase política.