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Propuestas para la confusión > Juan Hernández Bravo de Laguna

   

A estas alturas, todavía en este país ignoramos las cuestiones fundamentales del funcionamiento de los sistemas políticos y ponemos de manifiesto continuamente nuestra condición de inmigrantes recién llegados a los grandes temas de la cultura política, que son cruciales en el devenir de cualquier sociedad democrática contemporánea. Y el problema se agrava porque, a veces, algunos miembros de la clase política y sus compañeros de viaje contribuyen interesadamente a aumentar la ceremonia de la confusión reinante. De modo que una institución prevista por la Constitución y regulada por las leyes como puede ser una simple y vulgar moción de censura se complica hasta el infinito por una maraña de opiniones interesadas de partidos y políticos, informaciones periodísticas sesgadas o no, opiniones de expertos y supuestos expertos de toda condición y obediencia política, y demás ingredientes explosivos.

Al final, el ciudadano de la calle, ajeno a los aspectos técnicos y jurídicos del tema, pero con su sentido común intacto, termina por no entender nada y desentenderse del asunto, que etiqueta como una politiquería más al uso. La televisión basura es más divertida y, al menos, se sabe a lo que juega cada uno. Para mociones de censura discutibles y discutidas ahí está la que hace unos años se hizo a sí mismo Manuel Hermoso, cuando la presentó en contra del presidente Jerónimo Saavedra, de cuyo Gobierno era vicepresidente. Y entonces no se montó la tángana interesada que se ha montado ahora.

Pues bien, si encima unimos a este panorama desolador la inminencia de unas elecciones generales a las que todos los indicios le conceden la condición de elecciones de cambio, y la existencia de un candidato al que todas las encuestas dan como perdedor y, por consiguiente, intenta sacar votos de la nada, la tragicomedia está servida. Porque al lío de la moción de censura en el Cabildo de El Hierro, cuyo grave pecado es que socaba décadas de monopolio político en la Isla del Meridiano, asfixiante como todo monopolio político, se han venido a añadir unas extravagantes propuestas electorales del candidato Pérez Rubalcaba dirigidas a pescar apoyos electorales en el río revuelto de la política catalana. El candidato ha prometido cambiar la ley para evitar que el Tribunal Constitucional pueda anular normas que han obtenido el respaldo ciudadano directo por referéndum, como ocurrió con el Estatuto catalán, y ha opinado que la Constitución debería ser votada periódicamente -sometida a referéndum- para que todas las generaciones tengan la oportunidad de ratificarla o rechazarla.

Las dos propuestas no pasan de ser majaderías demagógicas que agreden directamente a la Constitución, a la que pretendidamente defienden. Una ley que prohibiera al Tribunal Constitucional anular normas que han obtenido el respaldo ciudadano directo por referéndum sería inconstitucional. Para ello habría que reformar la Constitución y, además, reformarla en un sentido tal que transformaría radicalmente la naturaleza del Tribunal, ese “legislador negativo” en el lenguaje de Kelsen, hasta casi destruirla. En definitiva, se quebrantarían la autoridad y la legitimidad del Tribunal, ya bastante quebrantadas, por otra parte.

El problema radica en la nefasta supresión del control previo de constitucionalidad que hicieron los socialistas en junio de 1985, durante el primer mandato de Felipe González. El control previo hubiese permitido, por ejemplo, la presentación de los recursos antes de que el Estatuto catalán fuera aprobado por el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales, y ratificado por referéndum. Es decir, se hubiera atajado a tiempo la cuestión. Así pues, se impone como tarea del nuevo Gobierno surgido de las próximas elecciones recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad, al menos respecto de los Estatutos aprobados por las Cortes antes de someterlos a referéndum.

En todo caso, es preciso precaverse en contra de una sobrevaloración del referéndum como expresión de la voluntad popular. Democracias tan genuinas como el Reino Unido lo evitan cuidadosamente o son muy renuentes a su uso a causa de sus evidentes peligros plebiscitarios y de manipulación de la opinión pública. Porque una consulta referendaria exige contestar sí o no -sin matiz alguno- a una pregunta que puede estar redactada de forma capciosa o estar sujeta a condiciones no suficientemente conocidas o entendidas por un sector de los votantes. O sea, un referéndum se puede convertir fácilmente en un plebiscito, como los que elevaron al trono a Napoleón Bonaparte o son ganados por mayorías aplastantes por cualquier dictador del Tercer mundo. En cuanto a la propuesta de Pérez Rubalcaba de que la Constitución debería ser votada periódicamente -sometida a referéndum- incide en la sobrevaloración de este proceso electoral y desconoce que la propia Constitución permite y regula su reforma, incluso completa, mediante dos procedimientos de diferente dificultad según el alcance y el contenido de la reforma.

Como el resto de las normas jurídicas, las Constituciones pueden -y deben- ser cambiadas para acomodarlas a los nuevos tiempos y las nuevas realidades, a los cambios sociales, culturales, políticos y económicos que se producen necesariamente en toda sociedad. Pero desconocer estos procedimientos de reforma y someter la Constitución en bloque a referendos periódicos de aceptación y revisión atenta en contra de la necesaria -imprescindible- rigidez y estabilidad constitucional de la democracia, generaría graves problemas de seguridad jurídica y no añadiría legitimidad a la Constitución ni a la democracia misma. Porque, además, ¿cómo se sometería la Constitución a referéndum, en bloque o por partes? ¿Qué partes serían esas? ¿Cómo se contarían los votos, globalmente o por Comunidades Autónomas? ¿Y si el resultado del referéndum es afirmativo en total pero negativo en el País Vasco o Cataluña? El problema de fondo en España no reside en la reforma de la Constitución o en la aprobación de un Estatuto de Autonomía o de una u otra ley. El problema de fondo es que nos encontramos permanentemente en un momento fundacional del Estado y en un interminable proceso constituyente. Y las propuestas del candidato socialista solo consiguen, una vez más, cuestionar España, deslegitimar la Constitución y confundirnos a todos.