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Por Juan Hernández Bravo de Laguna >

Reforma, Constitución y fantasía

   

Algún curioso -y amable- lector me ha puntualizado, con toda la razón del mundo, que el Gobierno actual (es decir, los gobiernos socialistas de los últimos siete años) no han sido los más antirreligiosos y anticatólicos de la historia de España, como afirmaba en mi artículo de la semana pasada, y que son superados con creces por los gobiernos de 1931 y 1936 durante la Segunda República, y no digamos por los gobiernos republicanos de la Guerra Civil; unos gobiernos bajo los cuales el solo hecho de ser obispo, cura o monja significaba la muerte, la tortura y la violación, y en cuyos mandatos se asaltaron, quemaron y destruyeron multitud de iglesias y conventos.

Es cierto. Los duendes de la informática (que han sustituido a los duendes de la imprenta) hicieron que la palabra “reciente”, que figuraba antes de la palabra “historia” en el borrador del artículo, desapareciera inadvertidamente en su versión definitiva. En cualquier caso, el Ejecutivo de ahora debe figurar a continuación de los Ejecutivos republicanos citados, que han sido el modelo inspirador de Rodríguez Zapatero, empeñado en ganar la guerra que aquellos perdieron. En estos años no han faltado las profanaciones de iglesias y las agresiones a católicos ante la tolerancia, la pasividad o el silencio gubernamental. E, incluso, al igual que los republicanos fusilaron simbólicamente y dinamitaron el monumento al Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles, se han alzado voces pidiendo la voladura de la cruz del Valle de los Caídos, sin que el Gobierno repudiara la propuesta con la debida contundencia.

Lo que sí es muy probable es que los gobiernos de los últimos siete años hayan sido de los más incompetentes de nuestra historia, con algunos de sus miembros ayunos de la menor formación intelectual, y de los más sectarios, y eso que desde el siglo XIX hemos soportado excesivos ejemplos de sectarismo gubernamental. Por desgracia para España y los españoles, esa incompetencia y ese sectarismo se han manifestado en el ámbito de la economía en el contexto de una crisis de proporciones gigantescas, que los sucesivos gobiernos socialistas han contribuido a agravar con medidas y decisiones descabelladas y sectarias. Los gobiernos republicanos tuvieron que afrontar los efectos de otra crisis económica, la de 1929, y perpetraron bastante menos disparates, aunque bien es verdad que en esa época no existía la globalización económica y financiera que sufrimos ahora, y todo era más fácil. Y lo mismo podríamos decir de los primeros gobiernos de Adolfo Suárez, que cumplieron su andadura bajo la resaca de la crisis de 1973.

Los gobiernos socialistas han empeorado la crisis española hasta que hace menos de un año se acabó la paciencia de Angela Merkel, Sarkozy e incluso Barack Obama, que se unieron para hacer caer del caballo a Rodríguez Zapatero en el camino de la deuda y el déficit. Desde ese momento, y por fortuna, el Gobierno ha enderezado su rumbo y ha legislado al margen de su programa y de sus ideas, aunque sin poder evitar las incoherencias, las contradicciones, la falta de criterio y el despiste general que caracterizan su errático deambular. La penúltima prueba de ello ha sido que a los trece meses de aumentar el IVA que grava la adquisición de vivienda nueva, el Gobierno lo ha reducido otra vez del 8% al 4%, con la finalidad, ha explicado, de disminuir el inmenso stock de viviendas sin vender que tenemos en este país. Y, entonces, se pregunta el ciudadano de la calle, ¿con la subida del año pasado se pretendía lo contrario?

Aunque sin un rescate tipo Grecia, la economía española está de hecho intervenida por la Unión Europea, y el Gobierno, tarde y a trompicones, se limita a hacer lo que le dicen. Menos mal. Y como no somos un país fiable ni que esté en condiciones de garantizar el cumplimiento futuro de sus compromisos, y como, además, somos un Estado débil y cuestionado dividido en diecisiete Autonomías que campan por sus respetos sin control, la Unión Europea nos ha exigido que la estabilidad presupuestaria la incluyamos en la Constitución, en la confianza de que los gobiernos españoles venideros -y las autonomías- se repriman un poco ante el mandato constitucional y no tengan más remedio que cumplirlo.

A la izquierda radical -y no tan radical-, sindicatos y partidos minoritarios, y a los nacionalistas de turno les ha faltado tiempo para oponerse a la reforma. Los primeros persisten en el error voluntarista de suponer que la crisis es meramente política y no económica y financiera, y que en una economía de mercado se puede seguir legislando y actuando al margen de la realidad económica y de las leyes del propio mercado. Su bandera son las políticas sociales financiadas con un déficit y un endeudamiento constantemente crecientes y al final insostenibles. Es como si una familia pretendiera indefinidamente gastar más de lo que ingresa. Ahí está la bancarrota que se ha encontrado Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha como triste herencia de los gobiernos socialistas que asolaron esa Autonomía. Por eso las palabras más certeras que se escucharon el otro día en el debate del Congreso de los Diputados sobre la reforma constitucional fueron las de la portavoz del Grupo popular: “No hay nada que amenace tanto las conquistas sociales como las cuentas públicas insostenibles”. No hay nada que amenace tanto al Estado social como el déficit y la deuda, añadimos nosotros. Porque la familia que gasta más de lo que ingresa termina perdiendo los muebles y la casa. Y eso es exactamente lo que le puede pasar a España.

Si el voluntarismo es la falacia izquierdista, el victimismo es la nacionalista. Los nacionalistas se opusieron en el Congreso a la reforma porque cercena su manera de hacer política: primero la gestión presupuestaria irresponsable y después el poner la mano al Estado central. Y cuando el Estado central se niega a seguir echando agua en un recipiente sin fondo, acusarlo de conculcar los sagrados derechos de la presunta nación de esos nacionalistas, sagrados derechos que ellos identifican con sus intereses partidistas. CiU y el PNV, fiel a su estilo de no sabe no contesta y de defender simultáneamente una cosa y su contraria, ni se ausentaron de la votación ni votaron.

Ignorancia, irresponsabilidad, voluntarismo y victimismo son los ingredientes de la peligrosa fantasía en la que viven los que se oponen a la reforma de la Constitución. Una fantasía que siempre termina por convertirse en una siniestra realidad.