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análisis

Reforma constitucional de dudosa legitimidad > Cristina Valido García

   

Ningún Estado está organizado de un modo perfecto y definitivo. Y, por ello, forma parte de un verdadero compromiso social afrontar su futuro dotándolo de la máxima eficacia, justicia y libertad.

La Constitución de 1978 es un instrumento jurídico sobre el que se levanta todo nuestro ordenamiento jurídico y político. Pero, sobre todo, es la expresión de la voluntad soberana de la nación.

En aquellas primeras ponencias de lo que se dio en llamar los padres de la Constitución quedó marcado en el texto y en su articulado el consenso entre los distintos grupos políticos, la lealtad democrática, el valor del pluralismo político de aquel momento histórico, en un texto con un espíritu de libertad, de tolerancia y de convivencia.

Nadie duda a estas alturas de que la Constitución permitió alcanzar el Estado de Derecho y la legitimidad democrática, que, el juicio, en definitiva, es positivo. Aun así, los tiempos cambian y la sociedad evoluciona. Y la norma fundamental permanece encorsetada ante el recelo de más de uno a su modificación y a su adecuación a lo que la sociedad demanda.

La reforma Constitucional es absolutamente necesaria. No hablo de la que tímidamente, por exigencias de la Unión Europea, se produce por segunda vez.

Esta reforma establece un límite al déficit. España ya tiene instrumentos para controlar el déficit y el gasto público, así lo ha reconocido una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, y además nos obliga la Unión Europea.

Por otro lado, los límites del déficit estructural serán efectivos a partir del año 2020. Mientras, lo clave se remite a una futura ley orgánica. Una política económica eficaz no es una cuestión normativa, sino de gestión pública estricta, transparente y, sin duda, austera. Esta reforma no era necesaria. Muchísimo menos de la forma que se ha realizado, obviando la consulta y la participación de los partidos políticos con representación legítima y por sufragio universal en ambas Cámaras. Lo peor, prescindir del referéndum.

Efectivamente, innecesario desde un punto de vista legal. Pero sí legítimo para la ciudadanía. Es sangrante que en un Estado democrático de derecho se bipolarice una reforma del texto Constitucional en los dos partidos mayoritarios, sin tener en cuenta al gran número de ciudadanos que están representados en las Cortes Generales a través de partidos políticos como Coalición Canaria (CC).

En este sentido, CC, fiel a su proyecto político y a su defensa de Canarias, propuso dos cuestiones ineludibles para admitir esa reforma: una, que se contemple nuestra lejanía en la Constitución, algo que se nos reconoce en el Tratado de Lisboa como región ultraperiférica, y otra cuestión, la que hace referencia a que las instituciones canarias sean consultadas en lo referente al impuesto general indirecto antes de hacer modificaciones.

Algo elemental, básico si se quiere. Por supuesto que no encontraron ningún eco en quienes actúan con la mayor de las celeridades para contentar a los mercados financieros y no a los ciudadanos.

Durante el tiempo que llevo en la vida pública he servido al ciudadano y a la Constitución con la más absoluta de las dedicaciones. Pero, sobre todo, con la plena satisfacción de hacerlo con responsabilidad, con una incansable motivación. Por eso, en un ejercicio pleno de convencimiento, pregunto: ¿quieren reformar la Constitución? Pues vamos a hacerlo. Con seriedad. La Constitución de 1978 es extensa, ambigua, con una orientación partitocrática -a la vista está-. Y excesivamente rígida en algunos aspectos.

El tratamiento de la unidad del Estado y la división territorial no está siendo eficaz. Hablemos, por lo tanto, en serio, de una verdadera reforma que contemple la forma de Estado, la Corona, el Estado de las Autonomías, el inexistente Senado, no solo como cámara de representación territorial, sino, además, reforzando las potestades legislativas que le permitan iniciar proyectos y proposiciones de ley. Una reforma que incluya a Europa.

Una reforma que exija la participación de la sociedad, el consenso, el pluralismo político. Y que contemple los distintos territorios que conforman el mismo Estado.

Canarias no puede quedar al margen, debe ser reconocida por sus especificidades, por sus cotas de mayor autogobierno y ejemplo de convivencia, de tolerancia, bajo un ordenamiento jurídico que articule la verdadera realidad social que se conforma en estos momentos.

*Portavoz del grupo CC en el Cabildo de Tenerife, vicepresidenta y consejera insular de Acción Social, Educación, Juventud, Igualdad, Cultura y Deportes