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Por Fernando Clavijo Batlle * >

Reforma: mal en el fondo y en la forma

   

La reforma de la Constitución Española avanza al galope de una nueva forma de imposición, la de los mercados financieros, que me parece rechazable en el fondo y en las formas.

Quiero explicarles mi posición al respecto. PSOE y PP, que al parecer ya representan lo mismo en la política económica de este país, es decir, mucha resignación y poco compromiso con el ciudadano de a pie, argumentan su urgente iniciativa en la necesidad de calmar la tensión internacional sobre la deuda pública española.
Me parece una tesis inverosímil con los hechos en la mano. Porque, también con el mismo argumento, fueron tomadas otras decisiones de política económica que, más allá de su eficacia o no, apelaron a la necesidad de tranquilizar la presión de los mercados. Recordemos la reforma (a la baja) de las pensiones, el recorte en el salario de los empleados públicos, la inconclusa reforma laboral o la privatización, ya en marcha, de las cajas de ahorros. Estemos o no de acuerdo con estas decisiones del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que el PP apoya aunque luego las vote en contra por interés partidista, ninguna de ellas ha resultado útil para el objetivo que las inspiró, y tampoco cabe esperar que una reforma de la Constitución por la vía rápida, con evidente tufillo a decretazo e imposición foránea, suponga un cambio en la dinámica perversa que, para salvar los intereses de la comunidad financiera global, perjudica seriamente los intereses de la economía productiva española, o sea, los de sus pequeños empresarios, asalariados, jóvenes, etcétera. Y si las reformas y ajustes no son suficientes para calmar a unos mercados dominados por la especulación, ¿no ha llegado el momento de plantear seriamente una reforma de los mercados? Parece algo evidente.

Podría interpretarse que con esta reflexión quiero defender el endeudamiento. No es así. Quienes me conocen saben que creo en el presupuesto equilibrado y el uso eficiente de los recursos, sean públicos o privados. Lo que defendí como emprendedor lo sostengo como economista y lo practico en el servicio público, porque además tampoco me pasa como a otros, que al parecer descubrieron las virtudes de la austeridad al despertarse ayer por la mañana. Pero también sé que el actual déficit público español, más allá de algunos regalos electoralistas de Zapatero que todos recordamos, es sobre todo una consecuencia de la crisis económica que padecemos, y no su causa.

En tiempos de bonanza no resulta demasiado difícil cerrar presupuestos con superávit, una tarea que se vuelve literalmente imposible cuando el ciclo económico se torna adverso. La lógica económica y el sentido común recomiendan tener ambas variables en cuenta, de modo que la cuestión en realidad no es gastar mucho o poco, sino gastar lo que se tiene y gastarlo bien, para que los ciclos económicos no supongan un duro castigo para los más débiles de nuestra sociedad.

Esto no lo han hecho ni PSOE ni PP, enfangados en una batalla diaria de la que solamente se salen, ya resulta curioso, para obedecer ciegamente las órdenes dictadas desde la comunidad financiera. ¿Y qué pasa con la economía real, la de los empresarios, asalariados o desempleados? Al parecer no es una prioridad ni merece la consideración que nuestra Constitución le otorga. Les recuerdo al respecto el contenido literal del artículo 40.2 de nuestra Carta Magna: “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo”. ¿Es el pleno empleo, el crecimiento económico, una prioridad actual para Zapatero, Rajoy y Rubalcaba? Francamente no lo parece, y menos con esta ciega apuesta por una reforma que además ignora formalidades existentes para garantizar la calidad de nuestra democracia.

Los líderes del PP y el PSOE han olvidado hasta lo que parece evidente en la calle, que los problemas de nuestra democracia se resuelven con más democracia, y no con menos. Y que la legitimidad de las decisiones es un presupuesto mínimo para que estas tengan éxito en su aplicación. Por eso esta reforma, equivocada en sus fines y su método, tiene que recibir el veredicto ciudadano a través de un referéndum.

*Alcalde de San Cristóbal de La Laguna