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Por Nuria Roldán-Arrazola >

Tarjeta electrónica escolar

   

Desde 2008 la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias facilita la gratuidad de los libros de texto y parte del material escolar del alumnado de los centros canarios sostenidos con fondos públicos. El programa pretende el acceso a los materiales educativos básicos para el buen aprendizaje del alumnado. La propiedad de los libros, compartida entre el alumnado y el propio centro, tiene una duración de cuatro años, en los cuales las editoriales varían la información en ellos contenidos y hacen necesaria la renovación de éstos. Lejos de una reflexión más en profundidad en torno a los libros de texto y materiales complementarios (fichas del alumnado, materiales del profesorado, etc.) en la sociedad de la gestión del conocimiento, donde alumnado y profesorado cuentan con materiales y recursos muy variados, me gustaría detenerme en los agentes, la dinámica y el funcionamiento del citado programa.

Para la puesta en marcha del citado programa es necesario el acuerdo con las entidades financieras canarias, las asociaciones empresariales del comercio del libro y las editoriales. Por otro lado, la tarjeta electrónica requiere de la gestión de los progenitores, la administración educativa y los equipos directivos de los citados centros.

A los costes directos en la provisión del libro de texto hay que sumar los costes de gestión del personal de la Consejería encargado del control y seguimiento, los equipos directivos de los centros y los costes no mercantilizados que realizan los progenitores para la activación, encargo y recogida de los citados libros. Éstos oscilan, dependiendo de los problemas de distribución o de demanda de los textos, haciendo que en ocasiones haya padres que prefieran no solicitar la tarjeta electrónica y comprar directamente. El actual sistema viene a sustituir a la distribución de los libros por parte del propio centro, cuyos directivos se encargaban de la selección y el seguimiento de los pedidos, acelerando el proceso y evitando transmitir trabajo mercantilizado a las familias y, por ende, ocultación de costes. La práctica de las administraciones en transmitir trabajo mercantilizado y, por tanto, computable y visible a las familias, y así encubrirlo en prácticas participativas, no es nueva en las administraciones, pero sí cuestionable social y políticamente. Si estamos en momentos de reflexión, de análisis de costes y de racionalización de las prácticas de nuestras administraciones públicas, debemos contar no solo con los gastos directos, sino con el impacto en los agentes involucrados, y no perder el objetivo con el que el programa fue creado, sin dejarnos llevar por demagogias que en nada ayudan a un sistema educativo público tan debilitado como el nuestro. Las medidas generalistas en la política social nunca han tenido un impacto progresista ni por ende redistributivo de la renta, léase las ayudas a la maternidad de los 500 euros; sin embargo, la puesta en marcha de este programa sí denota otros impactos: el sector librero, que asegura sus ingresos; las entidades financieras canarias y las editoriales de libros de texto, detrás de las cuales encontramos grandísimos grupos de comunicación y multimedia de nuestro país. Todo ello hace que redirijamos nuestra mirada a medidas de estas características cuestionando la eficiencia y eficacia educativa del dinero público.

nuria-roldan.blogspot.com