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Tres detenidos por vender títulos educativos falsos para aspirantes a militar

   

EFE | Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido a tres jóvenes, de entre 20 y 25 años, acusados de falsificar certificados educativos para aspirantes a ingresar en las Fuerzas Armadas y de utilizar documentos robados en vehículos del municipio grancanario de Mogán para realizar compras fraudulentas.

Los tres detenidos en esta operación, denominada “Cordura” e iniciada en abril de 2010, han sido imputados en delitos de robo con violencia, falsedad de documentos públicos y privados, estafa y usurpación de estados civiles.
Además de contra ellos tres, se han abierto diligencias penales por un delito de delito de falsedad documental contra otras 34 personas, informó hoy el instituto armado en un comunicado.

Entre estas últimas figuran dos militares, destinados en Zaragoza, uno natural de allí y otro de Las Palmas de Gran Canaria, que lograron ingresar en las Fuerzas Armadas tras comprar certificados falsos de graduación en Educación Secundaria de una reconocida academia de formación a distancia de Las Palmas de Gran Canaria, por los que, según la Guardia Civil, pagaron entre 50 y 500 euros.

El mismo documento adquirieron otros 21 aspirantes, en su mayoría residentes en el sureste de Gran Canaria, que no llegaron a ser admitidos a la fase de formación o bien no la completaron.

La Guardia Civil destaca que en esta operación, que ha instruido el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, se han revisado 1.600 expedientes de la Fuerzas Armadas en toda España para comprobar la veracidad de los documentos aportados por sus titulares.

Las falsificaciones de estos certificados educativos se descubrieron en el transcurso del registro del ordenador personal del cabecilla de la organización, residente en el municipio grancanario de Agüimes y detenido en septiembre de 2010.

En ese registro, la Guardia Civil constató también que la banda manipulaba documentos personales que robaba en vehículos estacionados en el municipio grancanario de Mogán para solicitar con ellos altas de líneas de telefonía móvil o comprar ordenadores portátiles, una actividad con la que se estima que ha estafado unos 30.000 euros a 24 personas.