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Un nuevo pacto fiscal > Juan Fernando López Aguilar

   

La reactivación del impuesto de patrimonio es una decisión que se inscribe en la necesidad de abrir un debate serio sobre la carga fiscal, sobre su equidad y su contribución con el sostenimiento del gasto social en un momento de escasez y grandes dificultades, así como en el reducido margen de maniobra del que dispone un Gobierno cuyo presidente ya ha anunciado que en pocos días disolverá las Cortes.

No hay tiempo en esta legislatura para manejar otras opciones, pero éste es el momento de afirmar que no vamos a salir de ésta, ni en España ni en Europa, solo reduciendo gastos con el argumento del déficit. Siendo cierto y necesario que hay que contener el déficit, también lo es que esa receta, por la que se prescribe con carácter exclusivo y excluyente la anorexia fiscal, conduce al fin de la sostenibilidad de los servicios públicos, especialmente de aquellos que estimamos más preciados por garantizar la igualdad en derechos y oportunidades.

Por tanto, hay que hablar cuanto antes de una reforma fiscal: no solo de reducir gastos, sino de asegurar un incremento de los ingresos. Y eso exige hablar de impuestos, para que sean los justos (no más de los imprescindibles), pero para que también sean justos.

El impuesto de patrimonio permitirá una recaudación en torno a los mil millones de euros, que no le sobran ni al Estado ni a las comunidades autónomas, sobre todo si se eleva el mínimo exento para no hacerlo cargar sobre los ahorros y los pisos de las modestas clases medias. Pero hay que hacer mucho más para abrir paso a un nuevo pacto fiscal de sostenibilidad de nuestro modelo social, y ello, tanto en España como en toda la UE.

Desde el comienzo de la legislatura, en el Parlamento Europeo, los socialistas hemos abogado por una cesta de recursos propios de la Unión que incluya una nueva tasa bancaria sobre las transacciones financieras y una estrategia dura contra las transacciones especulativas intra die, junto a impuestos ecológicos y, por supuesto, eurobonos. Pero además, es imprescindible que la UE actúe con una voz única en el G-7 y G-20 en la lucha contra los paraísos fiscales, la corrupción, el fraude y las mil picarescas de la economía sumergida. En los Estados miembros, por su parte, también hay mucha tela que cortar. No podemos defender nuestra moneda única sin avances definitivos hacia la unión económica, fiscal y presupuestaria. El horizonte de la convergencia fiscal exige un esfuerzo de armonización en el impuesto de sociedades, cuya heterogeneidad produce insoportables injusticias y competición desleal en el seno de la Unión.

Resulta especialmente intolerable que, en España, los trabajadores declaren ingresar más que sus empresarios: es evidente que empresarios, profesionales acomodados y rentistas se benefician masivamente de sociedades interpuestas (mercantiles, limitadas, de gestión de patrimonios familiares, unipersonales…), por lo que las fortunas medianas, grandes, enormes y hasta estratosféricas, tributan muy por debajo de lo que hacen los rendimientos del trabajo personal. La injusticia de esa situación requiere una reforma seria, sin maniqueísmo y sin demora, tan alejada de todo populismo y demagogia, como de la tentación de demonizar a los ricos. Lo que es indudable es que las rentas y patrimonios más altos, provengan de donde provengan (especialmente si vienen del capital y no del trabajo), deben contribuir a superar la crisis con inversiones productivas, generación de empleo y el correlativo esfuerzo para el mantenimiento de nuestro modelo social: educación, sanidad, dependencia y pensiones.

*Presidente de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo