DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife
La consejera de Cultura, Deportes, PolÃticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, respondió esta mañana en Comisión parlamentaria a la pregunta sobre su opinión acerca de la penalización impuesta por el Ministerio de Sanidad, PolÃtica Social e Igualdad a Canarias por su retraso a la atención a las personas dependientes.
Tal y como expresó Rojas “desde el Gobierno de Canarias no se entiende que haya habido penalización por algún tipo de retraso en la aplicación de la ley de dependencia, sino que el decremento de los fondos estatales en cuanto al nivel para Canarias, es fruto de un reparto, que desde nuestro punto de vista, es injusto y manifiestamente mejorable”.
La consejera recordó que uno de los grandes inconvenientes, en los que además ha hecho hincapié el Observatorio Estatal de la Dependencia, es el que atañe al sistema de financiación de la ley para la promoción de la autonomÃa personas y atención a las personas dependientes.
“Un sistema de financiación- prosiguió Rojas- con el que todas las Comunidades autónomas, casi sin excepción, estamos en desacuerdo y asà lo hemos expresado en los diferentes Consejos Territoriales de la Dependencia”.
“El núcleo principal de la falta de consenso entre las comunidades y el Ministerio, tiene que ver con la insuficiencia financiera, ya que la ley estipula que el Estado debe colaborar con el 50 % del gasto, pero no se tiene en cuenta el coste real de los servicios, sino el estipulado por el Sistema Estatal de la Dependencia, por lo que las Comunidades sufragamos en algunos casos más del 80 % del coste real de los servicios”.
“Ése es uno de los motivos por el que algunas comunidades están apostando por las prestaciones económicas, que la ley establece como una excepción, ya que aquà el Estado sà aporta el 50 %”- añadió Rojas.
La consejera señaló que, en todo caso, esta financiación solo está garantizada hasta el año 2015, año en el que deberá estar implantado todo el sistema.
“Pero a esta insuficiencia financiera ¿ continuó- hay que añadir la garantÃa financiera, ya que el presupuesto estatal para la aplicación de la ley se establece anualmente y según convenio, con unos indicadores de reparto. Todos estos indicadores, a excepción de la insularidad perjudican a Canarias, lo que ha motivado que se nos reduzca la financiación”.
Cabe destacar además que entre ellos no se incluye, por ejemplo, la lejanÃa, y, sin embargo, sà la superficie que, además, es la superficie terrestre. Este indicador, la superficie, beneficia a comunidades como Castilla-La Mancha, AndalucÃa, Castilla-León o Aragón, pero no a Canarias.
También para el reparto se incluye la dispersión, un parámetro que perjudica también a Canarias con una densidad de población alta y que favorece, por ejemplo, a Galicia, que se lleva el 55 % del total.
“Este cambio en los parámetros ha perjudicado a Canarias y esperamos que el Estado pueda recapacitar al respecto”- concluyó la consejera.