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Acuicultura: crisis sobre crisis

   

Explotación marina destinada al engorde de dorada y lubina, en el Sur de Tenerife. / DA

ROMÁN DELGADO | Santa Cruz de Tenerife

Iba a ser la panacea y hoy quizá sea más un problema que una virtud. Se iba a convertir, y de hecho lo fue, en la actividad de moda en el sector primario y hoy nadie quiere mirarla a los ojos. Pese al ingente volumen de ayudas y subvenciones, casi todas con aportación mayoritaria de la Unión Europea (UE), la actividad acuícola marina en el Archipiélago canario está en crisis, en una honda crisis. Y lo peor quizá sea que las soluciones para remontar el vuelo no son fáciles ni están hoy, en la coyuntura actual, muy a mano. El Gobierno de Canarias ha vuelto a fallar en el intento de implantar una actividad productiva con teórico futuro en las Islas. La política ha dado palos de ciego, y se ha tirado mucho dinero público.

El resultado obtenido en un decenio es bien visible alrededor: jaulas para engorde de dorada y lubina abandonadas en el mar, instalaciones de transformación y de frío inutilizadas, embarcaciones de apoyo oxidadas, parón en seco de la oferta, dificultades para competir en los mercados externos, consecuencias ambientales, críticas de pescadores y hoteleros, un sinfín de expedientes de reintegro de apoyo público concedido y pagado… Desastre, un auténtico desastre. Y también un desastre con compleja solución.

Está claro que la realidad es dura, y ésta ha echado por tierra el inexplicable optimismo de la entonces Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en relación con el futuro de la acuicultura isleña.

Jaulas para la cría de peces, con delfines. / DA

Se acabaron los discursos pletóricos y enaltecedores para dar paso al otro extremo: a la triste realidad de una crisis honda, muy profunda, quizá estructural, que afecta de lleno a numerosas empresas dedicadas a la producción de dorada y lubina en cautividad, firmas que han dicho basta ante la necesidad de exportar y vender en mercados globalizados en los que el precio (pese a las ayudas a la comercialización del Posei-Pesca) y las dificultades para ser competitivos son factores que conducen al fracaso, al cierre, sobre todo por los mayores costes de producción de las granjas canarias (lejos de los mercados, con insumos más caros, fuerte atomización de la oferta y sin producciones diferenciadas). La crisis ha tocado a la puerta de los productores canarios y parece que la Consejería de Agricultura, al menos en las manifestaciones públicas de sus portavoces, aún no ha querido demostrar que está enterada, que, por cierto, de verdad lo está.

Los datos oficiales de la propia Viceconsejería de Pesca son demoledores. En 2007, la producción de dorada y lubina en cautividad se situó en casi 8.000 toneladas, mientras que un año más tarde, solo 12 meses después, la oferta ya había reculado el 13%, o sea, que pasó al nivel de las 6.955 toneladas. Pero esta cifra anual casi se podría dar por buena si no fuera porque en 2009 igual la cosa va a peor.

A Canarias, pese a los designios de políticos y a las demasiado optimistas previsiones del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (Proac), la crisis de la acuicultura ha llegado, y lo peor de todo: parece que lo ha hecho para quedarse largo rato. En efecto, los problemas de las empresas de producción acuícola son conocidos en el propio sector y ya nadie los esconde, por claros y manifiestos. En Tenerife hay varias explotaciones marinas que ya han echado el cierre o han desistido, y mejor no hablar de lo que ocurre en La Palma. La actividad no es rentable y hay pocos empresarios que aguanten perdiendo tanto dinero. Pese a ello, el mensaje oficial no varía: somos los mejores.

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Del dato de 50.000 toneladas por año al frenazo en seco

En la política pocas veces hay escrúpulos, y además no es común que se hagan las cosas con el máximo criterio, en especial cuando el uso del criterio conduce de forma inexorable a reconocer el fracaso, a la confirmación de la crisis, a la verificación de que, de verdad, hay un problema, un verdadero y notable problema.

Un ejemplo de esta manera de actuar fue el de la exconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias Pilar Merino (del PP), que, en la presentación a finales del año 2008 del avance del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (Proac), cuyo objetivo teórico es regular esta actividad productiva y estratégica para la Comunidad Autónoma (hoy en el dique seco), se lanzó a la piscina (por su interés, claro), y ello lo hizo a sabiendas de que la realidad de la acuicultura en las Islas era otra y bien distinta: lo que el Proac define como un lindo y maravilloso futuro a medio plazo, en el horizonte de 2016, en la actualidad es sólo un desastre, un caos de empresas en quiebra, de explotaciones marinas abandonadas y una ristra de expedientes de reintegro de ayudas y subvenciones.

Esto ya era así, aunque menos, en 2008, pero Pilar Merino (y lo mismo, aunque de otra forma, repitió su sucesor en el cargo, Domingo Berriel, de CC) prefirió cerrar los ojos, no hacer caso a la tozuda realidad y centrar la mirada en un futuro prometedor. Y lo que es peor: intentó que la gente lo viera nítido y confiara en él, incluso estando claro que ello era inalcanzable. Ya se sabe que el papel lo aguanta todo. Y esto es muy fácil de entender. En la presentación del avance del citado documento, Merino se agarró a aquello de que semos los mejores y fíjate lo bien que lo hacemos y hasta dónde vamos a llegar: en 2016 produciremos un total de 50.000 toneladas anuales de doradas y lubinas, sobre todo de estas dos especies, lo que supone aumentar la producción el 612% en apenas ocho años. Y es este incremento porque la oferta por año en la actualidad es de unas 8.000 toneladas en las Islas, y bajando. Y se quedó como si nada.

El Proac se había convertido en la salvación, que no es tal, sino que solo debe representar una de las herramientas que permita impulsar el desarrollo sostenible de la actividad acuícola, aprovechar sus potencialidades para generar riqueza y empleo, y además lograr que se preserve y mejore la calidad medioambiental de la costa (con 50.000 toneladas por año, ¿cómo?). Luego pasó lo que tenía que pasar: que el discurso político que se apoya en postulados técnico-científicos, también sobre el papel, se convirtió en ceniza. Y basta con remitirse a las pruebas que hoy en día aportan las zonas marinas con instalaciones de jaulas: muchas abandonadas y otras sin producción, instalaciones en tierra inutilizadas, dificultades para ser competitivos… Es la historia de la crisis que sumó otra crisis. Pero era más chachi hablar de 50.000 toneladas en 2016.

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