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Ayudas que no llegan > José Francisco J. Galván Morera

   

Ninguna previsión o planteamiento riguroso debe centrarse en la explotación de un producto único, por muy rentable que éste sea. Aquello del “turismo, un gran invento” que incrementó los insumos de la economía palmera, convirtiéndose durante décadas en el gran talismán que estimulaba la codicia y prepotencia de nuestros gobernantes, comienza a ponerse en cuestión ante la falta de un plan socio-económico global. Dicho plan, fundado obviamente en nuestra diversidad cultural, histórico-artística y bionatural, deberá configurar la ciudad, el campo y el mar, no como elementos antagónicos e irreconciliables, sino como eslabones ineludibles en el marco de un horizonte inteligente, sostenible e integrador.

Ocurre, sin embargo, que los augures del bienestar social, aquellos que procediendo de las profundidades del campo han desertado del arado para vender nuestra identidad a los impostores y liberados de una opción política beneahorita que nunca llegaron a profesar, hoy se pasean arrogantes -como regidores perpetuos de nuestros destinos- por todos los rincones de la Isla; pregonando las consecuencias devastadoras de una crisis que ellos mismos han agudizado al socaire de un despilfarro y una irresponsabilidad de tal calado que ha conducido inexorablemente a la atonía e inmovilización de los agricultores palmeros. Lo cierto es que estos desertores del arado, olvidando la aurora de su historia, se han servido de la aventura política para perpetuarse pro-temporem en los vicios y acomodos de la vida cortesana.

En efecto, han gestionado el Programa de Desarrollo Rural como si del reparto de un sustancioso “botín” se tratase, sin someterse a otra norma que no sea la voluntad todopoderosa o el arbitrio despótico de los gobernantes. Tan perniciosa y nefasta ha sido la gestión de este Programa que el Parlamento Europeo interpeló a la Comunidad Autónoma de Canarias, apercibiéndola con interrumpir e interdictar las etapas sucesivas de implementación de estas ayudas al campo; habida cuenta de los bajos niveles de ejecución en los créditos asignados al desarrollo rural de Canarias. La realidad, que es rotunda y tozuda, demuestra, en fin, dilaciones indebidas y una excesiva morosidad en la ejecución del Programa; empero no imputemos dichas dilaciones indebidas y la excesiva morosidad a circunstancias accidentales o azarosas. Antes bien de que de los 330 millones de euros consignados en el Programa sólo se hayan ejecutado créditos en un porcentaje que no excedía el 15%, en el momento en que la Unión Europea interpeló a la Comunidad Autónoma; se aleja por la fuerza misma de los hechos del halo aleatorio que la accidentalidad o el azar tienen: bien entendido que el Programa vincula expresamente al Gobierno de Canarias, obligándolo a la ejecución de la totalidad del crédito consignado, 330 millones de euros en el plazo de siete años.

Sea como fuere, el origen del mal causado debe buscarse, ciñéndonos escuetamente a los hechos, en una conducta infame, culpable e irresponsable de los gestores del Programa, que, con indudable premeditación e intencionalidad, han demorado implacablemente la consignación de los créditos en que estas ayudas económicas se basan, obviamente con fines presuntamente torticeros y/o fraudulentos. Todo ello viene a ratificar la predicción de la Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (COAG) sobre el informe del Parlamente Europeo: “Supone volver a poner de manifiesto las dudas que, por parte del conjunto de las administraciones europeas, se tienen sobre la manera de gestionar los fondos europeos en el ámbito agrario por parte del Ejecutivo autonómico”.

He aquí pues el fondo de la cuestión: las dilaciones, demoras o retrasos de estas ayudas económicas que en la isla de La Palma no terminan de llegar; se debe a una estrategia premeditada de nuestros desertores del arado encumbrados a gobernantes que, en un intento de blindar el reparto del “botín”, han posicionado al frente de las dependencias administrativas gestoras a sus afines políticos, limitándose, una y otra vez, a impedir, obstaculizar u obstruir la tramitación razonable de los expedientes; conminando a los solicitantes al cumplimiento de unos requisitos exorbitantes y desproporcionados.

La consecuencia de esta arbitrariedad y voluntarismo absolutamente sectario, despótico y discriminatorio es que los agricultores solicitantes de estas ayudas, embargados de desilusión o simplemente de aburrimiento, acaban por desistir o abandonar el procedimiento: acreciendo los remanentes de las ayudas desistidas o abandonadas a los agricultores de siempre… ¡Sic mundus transit!

*Doctor en Derecho