X
En la frontera >

Daño moral y responsabilidad del Estado > Jaime Rodríguez-Arana

   

La Constitución española dispone en el párrafo segundo del artículo 106, como es bien sabido, el principio de responsabilidad extracontractual del Estado y, consiguientemente, el derecho de todo ciudadano a ser indemnizado por la lesión que pueda sufrir, en sus bienes o derechos, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Es de tal trascendencia este derecho que la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, de 6 de diciembre de 2000, al tratar del derecho fundamental a la buena administración pública, lo contempla como uno de sus elementos integrantes más relevantes. Por tanto, una buena administración pública implica la satisfacción de este derecho cuando cualquier ciudadano haya sufrido lesiones en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos.

La doctrina y la jurisprudencia siempre han entendido que la indemnización debería ser integral. Es decir, plena y totalmente reparadora, en su dimensión material y moral, del daño o los daños sufridos consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos, entendidos éstos en sentido amplio.

Probablemente por eso, la jurisprudencia, la ciencia que estudia las soluciones justas a las controversias o dilemas jurídicos, entiende sin reserva alguna que en estos casos de sufrimiento o perturbación de carácter psicológico en el ámbito de la persona se admite la responsabilidad del Estado por daños morales. Por una obvia razón, ya que en ocasiones le lesiona, no solo un bien o derecho exterior, sino que se cercena un bien o derecho de los que conforman el núcleo más íntimo de la persona humana, que es el que podemos denominar patrimonio moral del ser humano. Las actuaciones administrativas, sean expresas, presuntas, tácitas, omisiones o inactividades, pueden lesionar estos bienes de la personalidad por lo que el Tribunal Supremo español desde los años setenta del siglo pasado asumió la doctrina del carácter indemnizable de los daños morales.

Si así no fuera, la reparación no sería, como debe ser, integral. Si solo se admitiera la indemnización de los daños materiales, con exclusión de los morales, se estaría atentando contra uno de los requisitos más importantes de la institución de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública, que es la integralidad de la reparación. Incluso, de no admitirse esta tesis, se estaría conculcando el principio de tutela administrativa y judicial efectiva, impidiendo al presunto lesionado la reparación o indemnización completa del conjunto de todos los daños producidos, en sus bienes o derechos, como consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos.

Los daños morales son los derivados de las lesiones de derechos inmateriales. Los casos más tratados en la jurisprudencia se refieren al derecho a la autonomía de la persona, especialmente cuando son lesionados, por ejemplo, en el ámbito de una intervención quirúrgica. También encontramos casos bien interesantes en materia de lesiones a los denominados derechos de la personalidad: privaciones de la libertad, lesiones del honor, a la intimidad, a la imagen, producidos, por ejemplo, por descréditos sufridos en el desempeño de la actividad profesional, o atentados a la inviolabilidad del domicilio como consecuencia de ruidos excesivos. Igualmente, el repertorio de sentencias existentes alude a trastornos psicológicos, daños derivados de la anulación de pruebas selectivas, daños psíquicos que han podido trascender al ámbito familiar creando una situación incómoda que no se tiene la obligación de soportar. ¿Cómo calificar, por ejemplo, los daños producidos a una persona que espera encontrarse con un familiar al que no visita desde hace décadas a causa del cierre unilateral del tráfico aéreo por las autoridades competentes?

Quizás la mejor expresión del alcance del daño moral la encontremos en la doctrina del Tribunal Constitucional correspondiente a 1985, año en el que el máximo intérprete de la Constitución entiende que el daño moral es toda lesión del patrimonio moral personal cuya esencia es la dignidad, valor espiritual y moral inherente a la persona que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida. Tal autodeterminación se vería lesionada, claramente, en un caso de imposibilidad de disfrutar de unas vacaciones por causa del cierre de un servicio público de transporte de personas.

El Tribunal Supremo ha concretado diversos supuestos de daños morales. En general, el Alto Tribunal entiende el daño moral como un sufrimiento o padecimiento psíquico espiritual, impotencia, zozobra, ansiedad, angustia o estado de ánimo permanente de una cierta intensidad. Si ahora pensamos en el cierre del espacio aéreo decretado por AENA coincidiendo con el inicio de las pasadas vacaciones de Navidad, no es difícil atribuir muchas, o todas, de estas situaciones de daño moral a las miles de personas que, sin previo aviso y de manera súbita, en un obvio supuesto de funcionamiento anormal de un servicio público, vieron truncadas sus más que merecidos días de descanso, especialmente en un país que en este tiempo está sacudido por una grave y lamentable crisis económica que afecta a una mayoría relevante de ciudadanos.

Para terminar, el Tribunal Supremo entiende que la indemnización de los daños morales ha de constituir en una suma razonable, determinada en virtud de pruebas practicadas, pudiéndose acudir a la fijación de una cantidad diaria de modo presunto. En el caso del cierre del tráfico aéreo al que nos referimos anteriormente, la producción de daños morales es obvia. En dos dimensiones: a todos los usuarios con carácter general, y en particular, a las personas que hayan sufrido lesiones especiales de su dignidad como consecuencia de las peculiares circunstancias de su situación personal. Obviamente, no es el mismo daño moral el que sufre una familia que ha de cancelar sus vacaciones que el que afecta a una persona que va a visitar a un pariente gravemente enfermo, a punto de fallecer, a quien podría acompañar de funcionar correcta y adecuadamente el tráfico aéreo.

*Catedrático de Derecho Administrativo | jra@udc.es