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Inversiones Las Teresitas reclama 115 millones al Ayuntamiento

   

Los empresarios presentaron el lunes la demanda por registro de entrada. / DA

NANA GARCÍA | Santa Cruz de Tenerife

Inversiones Las Teresitas, SL (ILT), entidad gestionada por Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, ha presentado una demanda judicial contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mediante la que le reclama a la Corporación el pago de 115.995.715 millones de euros por la liquidación del contrato de compraventa del frente de playa que fue anulado por el Tribunal Supremo en mayo de 2007.

En su demanda, los empresarios implicados en esta operación urbanística argumentan que dada la “ilicitud de la causa del contrato” debido a una irregularidad del Ayuntamiento, no están obligados a “devolver lo recibido”, 52.588.559 euros que pagó el Ayuntamiento por las 11 fincas del frente de playa de Las Teresitas con el objeto de prohibir la construcción de inmuebles con usos hoteleros y residenciales.

Asimismo, Inversiones Las Teresitas, SL, reclama al Consistorio “la devolución del valor de lo entregado”. No obstante, para los demandantes entienden que, al haber transcurrido 10 años desde la formalización del contrato, las 11 parcelas han perdido su valor físico “porque ya no es posible mantener su configuración”, jurídico por “las mutaciones operadas en el Planeamiento y por su reparcelación”, así como económico porque “el aprovechamiento urbanístico que fue objeto de la compraventa se ha extinguido”.

Por tanto, al ser imposible la devolución de los terrenos con el valor que tenía a la fecha de la compraventa, los empresarios acompañan su demanda con una nueva “tasación pericial”, elaborada por Jordi Duatis Puigdollers, arquitecto, profesor de Arquitectura Legal, Derecho Urbanístico y Valoraciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, que cifra el valor de los terrenos en 58.949.865 euros. En el argumento principal de su demanda, Plasencia y González consideran que el Ayuntamiento “no puede demandar el precio que pagó, y sí debe devolver” o restituir “el valor” perdido en los terrenos. Sin embargo, en caso de que el Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife no acepte esta “reclamación principal”, la sociedad solicitará de manera subsidiaria “que se condene al Ayuntamiento a entregar el valor de las fincas y su correspondiente aprovechamiento urbanístico, en estricto cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo que anula la compraventa”, además de una “indemnización de daños y perjuicios” causados por la nulidad de la escritura de compraventa por importe de 137.888 euros.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, persigue asimismo “dar cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de febrero de 2010” que determina a las partes implicadas en el proceso están obligadas a poner término a la compraventa de los terrenos formalizado el 18 de septiembre de 2001 ante la jurisdicción civil, ya que lo considera un acuerdo privado. En un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife asegura que actuará judicialmente en la defensa del interés general de todos los vecinos del municipio, reclamando la devolución de las cantidades invertidas, sus intereses y lo demás que proceda. En relación con la demanda judicial presentada por la empresa Inversiones Las Teresitas, SL, la Corporación confirma que los servicios jurídicos municipales, que tenían conocimiento previo de la existencia de este documento, vienen preparando la mejor estrategia para defender la posición que se considere más adecuada para el bienestar de los ciudadanos de Santa Cruz que, esencialmente, consiste en la recuperación de las cantidades arriba citadas.

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Fechas destacadas del proceso

Contrato de compraventa. La adquisición de las parcelas de Las Teresitas se formalizó en escritura pública de compraventa de fecha 18 de septiembre de 2001, en la que el Ayuntamiento compró a la entidad Inversiones Las Teresitas Sociedad Limitada las 11 fincas del frente de playa por el importe de 8.750.000.000 pesetas, cuyo contravalor en euros hoy asciende a 52.588.599,13 €. Esta operación está siendo investigada desde hace más de seis años por la Fiscalía Anticorrupción.

Nulidad. La sala tercera (sección 5ª) del Tribunal Supremo (TS) dicta una sentencia el 3 de mayo de 2007 mediante la que estima parcialmente el recurso de casación interpuesto, “con la inmediata consecuencia de la anulación de la Compraventa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife [...] de las once fincas descritas en la misma escritura pública con su correspondiente aprovechamiento urbanístico”. El TS declaró dicho contrato contrario al Ordenamiento Jurídico.

Sentencia de 2010. La Sentencia del Tribunal Supremo del 23 de febrero de 2010 declara inválido el contrato privado y ordena que la liquidación de los efectos de tal anulación se lleven a cabo ante la jurisdicción civil.

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