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Después de ETA > Alfonso González Jerez

   

El fin de ETA. La violencia terrorista etarra muy probablemente ha acabado, ETA misma, todavía no, y su placenta ideológica y cultural, aun menos. La actividad de la organización ETA ha acabado como resultado de la inviabilidad del asesinato y la coacción como metodología de acción política sedicentemente revolucionaria en la Europa del siglo XXI. Ha terminado por el acorralamiento, cada vez más sistemático, diligente y coordinado, de las fuerzas policiales y de los servicios de inteligencia españoles y franceses. ETA ha cerrado la tienda porque, en esta situación de debilidad estratégica, táctica y económica, cada día más agudizada, la mayoría de sus matarifes se inclinaron a admitir que la opción de participar en las elecciones y defender los postulados de un independentismo de izquierdas -adobado aun con todos los perifollos retóricos del comunismo y el asamblearismo- resultaba políticamente más rentable que seguir asesinando, secuestrando, amedrentando a la gente. ETA contó durante muchos años con un apoyo social amplio, que por supuesto no se limitó a la izquierda abertzale. Era un apoyo de variado y repulsivo registro semántico: los que apoyaban el asesinato político como vía insurreccional o estrategia de tensión, los que no lo apoyaban, pero lo consideraban un factor ventajoso; los que sentían asquitos, pero decían comprenderlo, entre cabezadas quejumbrosas, por la terrible opresión que sufría el País Vasco. Para la derecha peneuvista eran hijos descarriados y atrabilarios, pero, por supuesto, eran antes hijos que delincuentes: sangre de su sangre que a otros hacía sangrar. Siempre a otros. La dictadura franquista fue la mecha del independentismo etarra, pero este variopinto apoyo se mantuvo intacto, más o menos, hasta mediados de los años noventa, y solo a partir del atroz asesinato de Miguel Ángel Blanco comenzó a erosionarse seriamente: para pasmo de los terroristas, Ermua se puso en pié, y la reacción cívica se convirtió en legión de manifestantes hartos de sangre, miedo y necedades. En ese momento (1997) Euzkadi llevaba ya 17 años de gobierno autonómico ininterrumpidamente presidido por el PNV, 17 años de concierto económico, 17 años de diputaciones y ayuntamientos libremente elegidos, 17 años de desarrollo legal y normativos propios, 17 años con su propia política educativa, cultural y lingüística. Y había transcurrido más de una década desde que el Estado había abandonado toda tentación de violencia extralegal y extrajudicial: lo mismo que otras organizaciones e iniciativas estatales y paraestatales anteriores, el GAL, además de matar y torturar, significó un daño profundo, y no precisamente una solución, en el intento de desterrar la violencia etarra y desacreditar a sus apologetas. “España no sigue matando”. No era España, por supuesto. Y las instituciones democráticas españolas juzgaron en tribunales, sentaron en el banquillo y sentenciaron a prisión a un exministro, un exsecretario de Estado, un teniente coronel de la Guardia Civil y varios agentes y colaboradores necesarios. Para la España constitucional el GAL era una anomalía criminal y por el sistema legal español fueron juzgados y sentenciados como delincuentes. En cambio los asesinos etarras, para el sector mayoritario de la izquierda independentista, no eran vulgares matones, sino valientes gudaris cuyo nombre y gestas deberían honrarse, y así se hacía, y se sigue haciendo, en mítines, asambleas y manifestaciones. Son víctimas, también, y que nadie lo olvide, pero se les homenajea como a honestos verdugos.

2. Conflicto de legitimidades y doble programa. ETA deja de matar. No anuncia su disolución y tal vez no lo hará nunca: queda latiendo como una calavera sonriente suspendida en hibernación, como una amenaza fantasmal que custodia su propia historia. Queda un problema, claro: la convivencia democrática. La reconstituida izquierda independentista -y no solo Bildu, sino organizaciones como Aralar, que comparten análisis básico- tiene un programa de máximos y otro de mínimos y se moverá ágilmente entre ambos. El programa de máximos consiste en exigir que el Gobierno español negocie un proceso para una consulta sobre la independencia cuyos resultados se comprometa a respetar ante autoridades y observadores internacionales. “Ya no se mata, se secuestra ni se extorsiona. Hemos elegido la vía democrática y legalista. ¿No cabe todo en esta democracia de ustedes? Pues queremos y tendremos la independencia”. Bildu y sus aliados fácticos saben, por supuesto, que este programa es inasumible actualmente por el Estado español, pero dedicarán el próximo año y medio, hasta las elecciones autonómicas, para articular un frente soberanista con el PNV -ya se le ofreció a los peneuvistas una coalición electoral de cara a las elecciones del 20 de noviembre, rápidamente rechazada- y con el respaldo activo de su muy ampliada base municipal y provincial. El programa de mínimos se fundamenta en una negociación sobre “los resultados del conflicto”, según la estilística etarra y batasunera más tradicional: amnistía, liberación de presos, acercamiento de los mismos, modificaciones legales o hasta estatutarias. Son dos programas sobre los que Bildu y sus colegas pedalearán simultáneamente y sin riesgo aparente de caídas estruendosas. Básicamente los dirigentes de Bildu son brillantes estrategas políticos y magníficos propagandistas, como ha demostrado la llamada Conferencia de San Sebastián. La gestión de los recursos públicos les interesa -por el momento- mucho menos, salvo en lo que toca, precisamente, a las necesidades de adoctrinamiento, agitación y propaganda. Un sketch del programa Vaya semanita lo explica muy bien: en un ayuntamiento vasco unos concejales de Bildu con mayoría absoluta son advertidos por el interventor municipal sobre los problemas con el servicio de basuras. Los concejales se indignan y gritan al unísono: “¡Vamos a manifestarnos inmediatamente!”. Persiste, por supuesto, la proyección sistemática de un conflicto de legitimidades, que se mantiene al rojo vivo mientras se utiliza la legalidad vigente para denunciarlo desde el poder político y presupuestario que otorga el control de diputaciones y ayuntamientos.

3. La mística de la violencia revolucionaria y un totalitarismo de rostro humano. El sustrato de la mística de la violencia revolucionaria no ha desaparecido, aunque se renuncie a matar por objetivos políticos. La democracia, para Bildu y sus congéneres, es únicamente un conjunto de reglas que pueden y deben utilizarse para imponer un proyecto político irreversible desde una mayoría social al que le bastaría el 51% de los votos para sentirse legitimada per secula seculorum. El socialismo, el otro elemento del binomio programático, es un apéndice sin importancia. Es el suyo un socialismo cuyos principios y métodos no van más allá de enunciados abstractos y que entran en contradicción directa (por ejemplo) con los intereses sociales que defiende el PNV. Así que, en realidad, la independencia lo es todo, y la euskadización a machamartillo de Euskadi el objetivo prioritario. Sí, eso es todo: la independencia como cura de todos los males sociales, bálsamo de un dolor secular, apósito para la melancolía de una patria imaginaria, pago de la sangre derramada, llave de oro que abrirá la única puerta que conduce a la feliz dignidad del pueblo. Los que no compartan esta radiante necedad siguen siendo traidores al pueblo vasco y no tendrán sitio en el sagrado recinto de la libertad.