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El buen gobierno > Pedro Millán del Rosario

   

Mucho se ha hablado sobre la necesidad de que nuestros gobernantes cambien sus hábitos del pasado reciente y se adapten a los tiempos de crisis económica en los que estamos sumidos. La austeridad y el control del gasto público se han convertido en los ejes directrices de la gestión política actual. Cualquier acción en el sentido contrario, de gasto desmedido o sin control, es rápidamente conjurada y vilipendiada, tanto por los del bando contrario como por los propios.

Sin embargo, muy pocos se atreven a apuntar que el buen gobierno no se consigue simplemente por el ahorro y el recorte de los presupuestos. De hecho, si eso fuera así no necesitaríamos a los políticos en la gestión, bastaría con los funcionarios. Para poder conseguir resultados en la gestión de un departamento o de un área de la administración pública resulta necesario -incluso deseable- que las personas designadas para timonearlos sean competentes, con una cierta formación o experiencia en la materia, con habilidades políticas y técnicas, aunque no tienen porque estar directamente vinculadas.

En Canarias ocurre justamente lo contrario. Aquí se reparten cargos y responsabilidades en función de la fidelidad al partido, algo comprensible dado el miserable caldo del cultivo predominante. A esto hay que sumar la partida de nacimiento del candidato/a. Hay que repartir equitativamente los cargos para atender las “sensibilidades” políticas de todas las islas. Esa selección de personal es francamente aberrante y va en contra del sentido común, si lo que se quiere es buscar a los mejores para los cargos. Aunque es correcta si la principal prioridad es tener contentas a las respectivas tribus. A diferencia de la empresas privadas, en política no prima el talento para conseguir un puesto (salvo honrosas excepciones). Y así nos va.

Este es el caso de la malograda Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del Gobierno de Canarias, un caso que conozco bien porque asistí a su esperanzador nacimiento y asisto ahora a su decepcionante defunción, ante la indiferencia generalizada de propios y extraños. La Agencia dependía de Presidencia del Gobierno porque -os decían- iba a intervenir de forma transversal en todas las políticas generadas, no solo las ambientales propiamente dichas, sino en todas las demás, economía, sanidad, industria, etc. Para lograrlo, había que poner al mando a un técnico sólido, con capacidad y experiencia demostrada. Ese hombre fue el urbanista Faustino García Márquez, que trató de conseguir esos objetivos a pesar de la oposición del PP, entonces cogobernante. Hasta que fue ninguneado en la Ley de Medidas Urgentes y dimitió. Creo que el único dimitido por su voluntad de la legislatura anterior en Canarias, un caso excepcional que deja bien a las claras su talante personal. Para sustituirlo el Presidente Rivero buscó otro técnico, aunque con más perfil político y con mayor “cintura” que su predecesor en el cargo. Se trató de Jorge Bonnet, biólogo con dilatada experiencia en la gestión y con una larga carrera como funcionario en la administración ambiental del Cabildo de Tenerife. Con muy pocos medios y casi nula atención de sus compañeros gobernantes, Jorge se encargó de mantener viva la Agencia, esperando tiempos mejores.

Esos tiempos nunca llegaron. Al revés, empeoraron. Una vez repartidos todos los cargos de importancia, descubrieron a última hora que se habían olvidado de la Agencia de Lucha contra el Cambio Climático, y que esta agencia “necesitaba” a alguien para dirigirla.

El PSOE fue más rápido, y CC no luchó por mantenerla en las condiciones que la había creado. Además, se necesitaba un lugar para colocar al presidente de los socialistas palmeros, Álvaro Argany, que se mantuvo fiel a las consignas del jefe de filas, José Miguel Pérez. De poco o nada sirve añadir que Argany, un farmacéutico jubilado de 69 años, nunca ha trabajado o investigado en algo mínimamente vinculado al Medio Ambiente, que sepamos. Es obvio que este es un tema menor para los que lo han elegido.

Pero aquí no acaba la historia, no crean. Dado que entre socialistas se dirime esta cuestión, la guinda del pastel es desplazar a la citada Agencia de la vera del Presidente Rivero -aquello de la primitiva y obligatoria transversalidad de las políticas ambientales ya no es necesario- y pasarla a la Consejería de Educación, bajo la égida de su correligionario, el mencionado señor Pérez. Y así acaba -por ahora- el despropósito que certifica la defunción de un proyecto político y ambiental ilusionante.

Por supuesto, no tengo nada en contra de este señor, y le deseo lo mejor a pesar de mis fundadas dudas sobre su empuje, capacidad y conocimientos para desempeñar este cargo. Y, por otro lado, tampoco se trata del único nombramiento incomprensible del nuevo gobierno, lo realmente curioso es que a casi nadie le preocupe o le importe a quién nombren para desempeñar esta responsabilidad. Sin duda, es un indicio bastante fiable de la importancia que le conceden los gestores de la política regional.

En conclusión, si escuchan por ahí la cantinela de consumo fácil de que el buen gobierno consiste en ahorrar, reducir presupuestos a la mitad o disminuir el sueldo de los funcionarios, reflexionen en cómo en nuestra tierra aún se reparten cargos, no por méritos, experiencia o formación sino por carnet y/o partida de nacimiento. Mucho me temo que mientras se mantenga esta forma de actuar es imposible que Canarias progrese. Tal vez en el futuro, en otros tiempos, con otros hombres…

*Geógrafo y máster en Desarrollo Local