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El Defensor del Pueblo insta al SCS a cumplir la política de privacidad

   

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias vuelve a situarse en el ‘ojo del huracán’. Hace unas semanas eran los recortes de personal y material en los centros de salud, así como el presunto cierre de quirófanos debido a la crisis. Y ahora, el motivo son unas reiteradas denuncias de la organización no gubernamental Unapro (Unión para la Ayuda y Protección de las Personas Afectadas por el Sida) acerca de unos supuestos descuidos en materia de protección de datos, que habrían cometido algunos trabajadores del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Según explica a este periódico el presidente de Unapro, Nicolás García, desde hace tiempo su entidad viene detectando “graves irregularidades” en lo que se refiere a la confidencialidad de la información relacionada con los procesos de los pacientes afectados por VIH/sida y otras enfermedades. En este sentido, y después de reclamar sin éxito ante la propia Consejería, la ONG decidió elevar una queja formal al Diputado del Común de Canarias, quien a su vez transmitió toda la documentación al Defensor del Pueblo, cargo que ahora ocupa María Luisa Cava.

Ésta, después de analizar pormenorizadamente los casos denunciados por Unapro (al menos cuatro), decidió dar un toque de atención a la Consejería, a la que instó a cumplir “con rigurosidad” la normativa y le recordó que la reiteración de los hechos podría acarrear acciones legales.

En concreto, en un documento al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, la Defensora del Pueblo dejó claro a Sanidad que, con fecha 9 de marzo de 2011, recomendó que se valorase “la posibilidad y conveniencia de dictar las instrucciones oportunas en orden a que en los centros de salud implicados en la atención a pacientes seropositivos se extremen las medidas establecidas en relación con el derecho a la intimidad como derecho fundamental y, singularmente, respecto a los criterios que presiden la organización asistencial, al objeto de garantizar, en todos los casos, la confidencialidad de toda la información relacionada con estos pacientes”.

Un mes después, el 28 de abril, el Diputado del Común efectuó una nueva recomendación a Sanidad, a la que instaba a adoptar las medidas oportunas para que se extremasen las medidas de control; además, exigía al Servicio Canario de la Salud a que implante medidas de gestión adecuadas para la investigación y estudio de los hechos denunciados; y pedía que se procediese a la difusión de la normativa de protección de datos en todos los centros públicos y concertados con el sistema sanitario canario, “a través de instrucciones precisas, o en todo caso, emitiendo las resoluciones o acuerdos que se consideren oportunos”.

Tras el ‘tirón de orejas’ y después de hacer caso omiso a las denuncias de Unapro, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad emitió una respuesta en la que aceptaba las recomendaciones del Diputado del Común y de la Defensora del Pueblo, “por estar en consonancia con las obligaciones impuestas por la normativa vigente”.

Desde la Consejería, no obstante, entienden que “se está trabajando en la línea adecuada para avanzar en un tema tan importante”, aunque reconocen que no pueden garantizar al cien por cien “el funcionamiento correcto en todo momento y en todos los centros y servicios”.

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Responsabilidad “disciplinaria o penal”

Sanidad reitera que, de las iniciativas adoptadas se infiere “el interés de este organismo por ajustar la actuación de su personal y del personal que presta servicios en los centros concertados, a la normativa vigente sobre confidencialidad y protección de datos de carácter personal”. En este sentido, desde la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud se recuerda que, con fecha 8 de febrero de 2010, el director del SCS, dictó una instrucción relativa “a la actuación del personal que, con motivo del desempeño de su puesto de trabajo, trata datos de carácter personal”.

En uno de sus apartados, dicha instrucción deja claro el “deber de confidencialidad”, y también reconoce que “el incumplimiento de las normas en materia de seguridad de datos por parte del personal “podrá dar lugar a la responsabilidad disciplinaria, administrativa o penal que en cada caso corresponda”.

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