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El Estado sostenible > Juan Julio Fernández

   

En esta precampaña, una mala campaña con desgobierno, no son casuales las movilizaciones de colectivos que tratan de defender sus particulares puntos de vista – puede que más intereses económicos que otra cosa-, intentando que los recortes presupuestarios no los afecten o afecten lo menos posible. Y tampoco es casual que estos movimientos se estén generalizando en las comunidades autónomas gobernadas por el PP y aireando que sus medidas no son sino un adelanto de lo que el previsible gobierno de este partido que salga el 20-N de las urnas aplicará en toda España, aunque sin apuntar que pueden ser menos drásticas que las que el candidato Alfredo Pepunto, devenido en profesor Rubalcaba, predica un día de una forma y otro de otra, en un funambulesco ejercicio para justificar un cambio que él mismo reclama pero que es poco creíble que pueda protagonizarlo, cuando pudo hacerlo en dos legislaturas y no lo hizo.
Particularmente llamativas resultan las movilizaciones de los docentes en la Comunidad de Madrid en contra de las aportaciones a los centros concertados y reclamándolas para la escuela pública, pero pasando por alto la cuestión de fondo de la ineficiencia del sistema educativo español, puesta de manifiesto en el Informe Pisa, en el que aparece en los últimos lugares de la excelencia.
En Suecia, durante muchos años paradigma de la socialdemocracia, que gobernó casi sin interrupción de 1932 a 1976 con apoyos electorales superiores al 40%, vio cómo el liberal conservador Carl Bildt, de 1991 a 1994 transformó el Estado benefactor en Estado de bienestar, más abierto y moderno, en medio de un desplome económico sin precedentes y acabando con el dogmatismo estatista de Olof Palme -que sigue siendo gurú para muchos socialistas españoles anclados en el pasado- y dio paso a un nuevo modelo del Estado, contando con los empresarios y los ciudadanos. El fundamento de la reforma fue abrir el sistema al sector empresarial para que participe “en la producción de servicios bajo condiciones que sean lo más cercanas posibles a un mercado competitivo” y limitar el ‘estatus de privilegio’ de los funcionarios que, en Suecia, por otra parte, ha estado restringido a muy pocos en la Administración pública, en particular, a los jueces. Y su primera aplicación práctica tuvo lugar en 1992, cuando Bildt introdujo el cheque escolar para la educación preescolar, básica y secundaria. Este sistema concedió a padres e hijos el derecho a elegir, sin coste extra, la escuela del sector público o privado que le mereciera más confianza, lo que supuso una amplia libertad para establecer escuelas independientes y competir en condiciones bastante justas con las del sector público. Nada de enfrentarlas, sino complementarlas e impulsarlas a recibir el mayor número de ‘cheques’, una fórmula que permite hablar del Estado posibilitador superando viejos antagonismos y conciliando libertad e igualdad, así como servicio público e iniciativa privada, y con una aceptación tal que fueron completadas por los socialdemócratas cuando volvieron al poder y que, cuando en 2006, lo volvieron a perder, dejaron al país con unas cuentas públicas saneadas y un Estado de bienestar distinto del Estado benefactor que tuvo vigencia hasta 1990, el Estado posibilitador.
Y este cambio en el sistema educativo, además de elevar su posición en la tabla clasificatoria -era muy baja- se ha reproducido de diversas maneras en otros sectores, como los de la atención preescolar, jubilados y ancianos y el sistema de salud.
Y todavía son muchos los que se preguntan, volviendo al sistema educativo, cómo ha sido posible acabar con el monopolio del Estado, aunque éste se reserva el derecho a autorizar nuevas escuelas y el control de todas, públicas y privadas, con una prohibición expresa de realizar cobros extras, y cómo se justifica el lucro que impulsa a los emprendedores a crear escuelas independientes. Pues bien -y copio de un detallado informe-: “El margen de ganancia está simplemente dado por la ineficiencia del sector público”.
Toda ganancia, en este terreno, viene de “la capacidad de producir servicios más atractivos a costos inferiores de los producidos por el sector público que es el que, a través de sus costos, determina el nivel de los vales del bienestar y, en general, de los pagos por servicios del bienestar”. Más que a eliminar la presencia del emprendedor privado, los socialistas españoles habrían de aplicarse a renovar su ideario que, en el siglo XXI, no puede discurrir por los mismos cauces de antaño. Y a entender que el Estado de bienestar no puede ser el Estado benefactor, sino el Estado posibilitador o, para entendernos, el Estado sostenible. Como lo han entendido los suecos.