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El programa del PP > Leopoldo Fernández

   

El Partido Popular ha hecho públicas Cien propuestas para el cambio, a modo de “grandes líneas” del programa electoral con el que se presenta a las elecciones del 20-N. Se trata de objetivos prudentes y posibilistas, cargados de buenismo y ambigüedad y exentos de previsiones y provisiones impopulares.

Quien gobierne en España habrá de apurar el cáliz de la austeridad, el empobrecimiento, la contención del gasto y la implantación de medidas poco gratas a los ciudadanos, ante la prioritaria obligación de atender el pago de la altísima deuda soberana, con arreglo a la reforma constitucional aprobada en agosto. Dicho esto, es lógico que el programa popular rompa con las recetas económicas socialistas, que constituyeron un fracaso estrepitoso a la hora de favorecer la actividad productiva y la creación de empleo. En este orden, resulta obligado el otorgamiento de prioridad -incentivándola, claro está- a la creación de empleo y la reforma del marco laboral, la temporalidad y la negociación colectiva. La mayor fluidez del crédito, las rebajas impositivas, las ayudas a las familias, el fomento del ahorro y el apoyo a los hipotecados con problemas son las consecuencias naturales de la crisis, lo mismo que -en un orden más social- el reforzamiento de la autoridad del profesor, la implantación de mayores penas por hurtos e incivismo, la creación de una cartera básica de servicios sanitarios, de una FP dual y del Estatuto de las Personas Mayores, la Ley de Protección de la Maternidad, la mejor formación y selección del profesorado, la homogeneización de sueldos en ayuntamientos y cabildos, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la supresión del canon digital, la reducción fiscal de la compra por vivienda, la eliminación de organismos públicos y la modernización y reducción del tamaño de la Administración son la consecuencia natural de mirar al centro y al electorado más conservador.

Los “instrumentos para el cambio” que propone el PP adolecen de medidas concretas para la regeneración y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, que debería pasar por la reforma de la Ley Electoral y de los procedimientos de elección del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial -para que se de una verdadera separación de poderes-, además de cambiar la oficina judicial. Me parece muy bien que se recupere el recurso previo de inconstitucionalidad, que se diga no a la negociación con terroristas y que se proclame la transparencia como norte de la gobernanza. Queda por ver la letra pequeña, sobre todo en relación a Canarias, y los objetivos sobre turismo a partir del plan integral que se propone.