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El tocomocho > María Vacas Sentís

   

Que se permita que los fondos de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) sirvan para comprar deuda pública lo explica pedagógicamente Chema Tante en La Casa de mi tía: Cito textual: “Es como si el Gobierno de Canarias dijera a empresarios y profesionales: como no tengo dinero porque les he perdonado a ustedes unos impuestos para que los invirtieran; y, a pesar de que ustedes no los han invertido como debieron, no solamente no les sanciono y les exijo su devolución, sino que les permito que ahora me los presten ustedes a mí, para hacer yo, Gobierno de Canarias, lo que ustedes no hacen y, además, les pago una remuneración por ese dinero, que en definitiva es dinero público”.

Así desmenuzado resulta escandaloso. Y qué distinto suena cuando el consejero de Economía adorna este normalizado tocomocho fiscal con la jerga de los economistas, anunciando la última emisión de deuda pública por valor de 200 millones de euros apta para la RIC, en la modalidad de bonos a cinco años con un tipo de interés nominal del dos por ciento. Aproximadamente la misma cantidad, otros 200 millones de euros, es el recorte previsto en las cuentas autonómicas para el 2012.

Mediante la RIC las empresas radicadas en Canarias han podido detraer cada año hasta un 90% de sus ganancias, teniendo cuatro años de margen para materializar en forma de inversiones productivas estos dineros exentos de impuestos.

Hasta el pasado año, más de 20.000 millones de euros se habían acogido a este incentivo fiscal. Pero frecuentemente esos plazos se han incumplido, o bien el dinero se ha canalizado hacia sectores especulativos, como el inmobiliario, entre constantes debates jurídicos sobre dónde, cuándo y cómo invertir; y lamentos empresariales pidiendo sucesivas prorrogas.

La RIC nació en 1994 para que estos fondos detraídos a las arcas públicas sirvieran para generar riqueza, crear puestos de trabajo estables y diversificar la economía. Sin embargo, el balance es bastante penoso. La economía canaria continúa destacando por sus elevadas tasas de desempleo, pobreza y desigualdad, sueldos precarios y escasa diversificación.

¿No sería más lógico, entonces, máxime en tiempos de crisis y recortes presupuestarios y dada la ineficacia de la RIC (siguiendo la terminología economicista de sus defensores), que se diera fin a ese instrumento fiscal, dejando que el Estado decida a qué destinar ese dinero público, que ahora no recauda, en beneficio de las mayorías?

Entretanto yo, contribuyente peatona, con una nómina bien controladita por el fisco, demando que a mí también se me permita comprar deuda pública con el veinte por ciento de mi sueldo que cada mes se me descuenta -cual inmisericorde hachazo- en concepto de Impuesto sobre la Renta.

Yo también estoy dispuesta a prestar al Gobierno canario el porcentaje salarial que tenga a bien perdonarme. Claro está, siempre que me lo remuneren al dos por ciento, como a ellos. Yo también quiero ayudar, con la misma voluntad de sacrificio del empresariado canario, a sacar a este bendito Archipiélago adelante. Porque todo sea por Canarias.

mvacsen@hotmail.com