X
la columna >

En busca del éxito presupuestario > Manuel Iglesias

   

El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, hizo entrega al presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2012, uno de los documentos más importantes de la gestión de un Gobierno.

En los momentos actuales, hay unos asuntos que son imprescindibles ver reflejados en un documento como un Presupuesto de la Comunidad. El primero está claro que debería ser el fomento de la creación de empleo y la dinamización de la economía, porque con cientos de miles de desempleados, conseguir disminuir las cifras del paro es una estrategia básica para aumentar los aportes y disminuir los requerimientos de ayuda a los trabajadores y las cargas en subsidios sociales fundamentales.

Ese es el caso de la situación de urgencia social para decenas de miles de familias que vienen recurriendo, de una manera u otra, a las ayudas oficiales o de las organizaciones asistenciales. No es previsible que este estado carencial cambie mucho a mejor en los próximos meses y tal vez años, si no se crea empleo, por lo que se precisa una política definida para dar respuesta a una exigencia social ineludible derivada del paro.

El tercer aspecto de un Presupuesto es el esquema de cohesión territorial y social, que implica acercar los niveles de vida entre las Islas mayores y menores, para que todos los canarios tengan una atención similar a sus necesidades, allí donde residan, dentro de las posibilidades de las que se dispone en estos momentos, así como reforzar las cotas de autogobierno y de adaptar el Estatuto de Autonomía y mantener la presión para lograr los mayores beneficios de la Unión Europea por la condición de región ultraperiférica.

Y surgen también otros capítulos no menos importantes, como son la actualización del Régimen Económico y Fiscal, reducir el déficit público (pese a la conflictividad que genera la obligación de los recortes en muchos sectores), la simplificación administrativa para evitar duplicidades y gastos perfluos en funcionarios, transmitir sensación de estabilidad a los administrados para dar seguridad jurídica y ejecutiva a las iniciativas, etcétera.

Pero no se puede evitar una sensación de incertidumbre ante el futuro presupuestario, porque todo esto es evidente que necesita de grandes acuerdos entre las fuerzas políticas, sindicales y empresariales, aquí y en Madrid, y eso no está claro en un próximo futuro.

Es muy probable, casi seguro, que el estado de cosas se necesite de unos acuerdos con el Partido Popular, porque si el PP gana las elecciones y dirige el próximo Gobierno nacional, tendrá un poder decisivo en muchas de las cuestiones que se han expuesto. Lograr ese consenso va a ser una de las claves del éxito o fracaso de las intenciones presupuestarias.