X

En defensa del Diputado del Común > Miguel Cabrera Pérez-Camacho*

   

Hace unos días expuse honradamente en un foro de mi partido mi postura radicalmente contraria a la propuesta de suprimir la figura del Diputado del Común. La respuesta de mi interlocutor fue agria y descalificadora y, como suele ocurrir en estos casos, sin un solo argumento consistente, salvo que era la línea “oficial” del PP. No pude evitar recordar cómo me replicaba Aznar cuando yo exponía mis críticas en el Grupo Popular en el Congreso. Sus respuestas estaban llenas de humildad y tolerancia, que son, ambas, cualidades de los grandes hombres. De ellos deben aprender los pequeños y los que aspiran a ser grandes en un futuro no muy lejano. Al ser pública y notoria mi postura contraria a la representada por la “dirección”, que ha expresado en declaraciones públicas -Cadena Ser de Tenerife- que la opinión “relevante” es la suya, quiero que la ciudadanía conozca la opinión de este diputado y cuáles son las razones que lo mueven a cumplir con su deber oponiéndose a la supresión del Diputado del Común. Espero encontrar por parte de los lectores la compresión que no recibí de mis compañeros de partido. Siempre he mantenido que ese era un asunto que debía ser muy debatido y votado en el Grupo Parlamentario y que no concitaba unanimidades. Y en lo dicho no sólo no rectifico, sino que me ratifico. Podía haber dicho más… No dije que nos estábamos tirando a una piscina sin agua, pero pude haberlo dicho. No dije que era una propuesta imposible, antiestatutaria e inconstitucional con el estatuto vigente en la mano y sin 31 diputados para modificarlo. No dije que tan ilegal era la propuesta de supresión como la de no nombramiento de nuevo Diputado del Común, conservando su estructura. Pienso que poner en cuestión la figura del Diputado del Común, con un abolengo histórico que data de 1766, es poner en cuestión a las instituciones de la Comunidad Autónoma y al concepto mismo de la autonomía. Porque con los mismos o similares fundamentos que se utilizan para pedir su supresión podíamos también poner en tela de juicio a la Audiencia de Cuentas y al Consejo Consultivo, órganos de mucho más coste presupuestario. Incluso al mismo Parlamento de Canarias, llevado a un extremo el razonamiento. Si hay autonomía, las anteriores instituciones deben pervivir. Si lo que se quiere es poner en debate el Estado autonómico, que se plantee abiertamente y con todos los argumentos. Pero no copiemos medidas que, pudiendo ser aplaudidas en Castilla-La Mancha, aquí no serían fácilmente entendibles y no prosperarían. Nos quedaríamos solos en tal empeño. Reformemos la institución abaratando sus costes, pero no la suprimamos. Sería mucho más sensato presentar una proposición de ley por la supresión de la Tele Canaria y de la Policía Autonómica, que sí que son caprichos gravosos. Esa iniciativa sí que sería alabada. Ha habido otras declaraciones -poco estudiadas- en la que hacía referencia a los costes de la institución, sin reparar en que el problema no es de costes, sino de legalidad y de constitucionalidad. Además, en cuanto a costes, no tenían en cuenta las 1.600 visitas anuales de ciudadanos en busca de apoyo del Diputado del Común. Creo que la razón está de mi lado, políticamente hablando y que, con toda seguridad, tengo razón jurídicamente hablando, y defiendo que esa propuesta quede relegada al olvido. Me gustaría que los dos diputados del PP por La Palma -dejando a un lado cuestiones personales, de oportunidad o de forma que puedan mediatizar actitudes- dijeran si defienden o no la pervivencia de una institución que nació y tiene su sede principal en esa Isla. Si no lo hacen me veré obligado a recordarles las palabras de Imeldo Serís: “…siempre seré fiel al partido liberal, salvo que tenga que elegir entre los intereses del partido y los de la circunscripción electoral que me ha honrado con sus votos…”

*Diputado autonómico del PP