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En el buen camino > Leopoldo Fernández

   

El Gobierno de Canarias acaba de dar un paso en la buena dirección al aprobar varias medidas encaminadas a “optimizar los recursos” de que dispone la comunidad autónoma para su funcionamiento. Ha tardado demasiado tiempo, pero al fin el Ejecutivo ha hecho lo correcto. Ahora importa mucho que este camino dé paso a  nuevas e importantes medidas de ejemplaridad, austeridad  y racionalización  del gasto público. Hemos vivido tiempos de cierta bonanza económica, nos hemos sentido ricos y no hemos ajustado nuestras cuentas -las hemos disipado o malgastado- a lo que debe ser una constante en cualquier circunstancia: la buena administración y el cuidadoso manejo de los dineros de todos. Con los vientos de la crisis soplando a todo meter, un canguelo generalizado se ha apoderado de las comunidades autónomas y, por extensión, de las corporaciones locales. Un día sí y otro también se dan a conocer recortes -algunos dramáticos, pero otros vendrán que los dejarán chiquitos-, restricciones, disminución de subvenciones, eliminación de prebendas y cargos de libre designación y un largo etcétera de medidas de ahorro en lo que desde siempre debería haber sido norma común de funcionamiento.

El Gobierno de Rivero trata de justificarse diciendo que desde hace un par de años viene suprimiendo cargos y reduciendo gastos, pero se trata de la mitad de la verdad porque debería haber recortado drásticamente unos y otros, por la sencilla razón de que son inútiles, improductivos y fruto del amiguismo. Urge la aplicación de nuevos recortes, la supresión de más empresas públicas, consorcios y fundaciones, así como de dos o tres consejerías, una decena de viceconsejerías y medio centenar de de direcciones generales, negociados y jefaturas de servicios. Además de vehículos oficiales, teléfonos móviles, tarjetas de crédito y otras canonjías impropias no ya de estos tiempos de crisis dramática, sino de los de mayor prosperidad. Así lo están haciendo estos días comunidades de similar población, como Baleares, las dos Castillas y Extremadura, en busca de la austeridad, el rigor y la máxima productividad en el manejo de la cosa pública. Resulta muy extraño que ahora, y sólo ahora, el Gobierno canario se acuerde de penalizar a los funcionarios incumplidores o abusadores, que son minoría. ¿Qué pasa, que antes tenían bula para hacer lo que quisieran sin temor a la aplicación de la ley? ¿Y viajaban sin ton ni son, cada uno por libre, sin que -como se propugna hoy- puedan reunirse a través de videoconferencias o, en su caso, compartir un mismo vehículo en los desplazamientos? Insisto: bien por el Gobierno, pero debe llegar más, mucho más, lejos.