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Fiscalidad progresiva > Román Rodríguez

   

Mientras aumenta el sufrimiento en amplios sectores de la ciudadanía por el creciente paro o por el significativo empeoramiento de sus condiciones laborales y de vida, la aplicación de recetas de carácter neoliberal, convertidas en auténticos dogmas irrefutables, constituye, desde hace al menos dos años, la respuesta europea (y española, desde la más o menos obligada conversión de Rodríguez Zapatero y el Gobierno del PSOE) ante la actual crisis económica.

Unas recetas basadas, esencialmente, en el estricto control del déficit público, llegando al extremo de limitarlo en el propio texto constitucional español tras una reforma de la Carta Magna acelerada con la legislatura agonizante, pese a que no entrará en vigor hasta el años 2018, y sin posibilitar el debate ni la participación ciudadana en un asunto de tanta trascendencia que limita la acción del gobierno central y de las administraciones autonómicas.

Y para conseguir ese objetivo de reducción del déficit se procede exclusivamente, y sin el menor disimulo, al desmantelamiento del Estado del Bienestar: descapitalizando a la educación, a la sanidad y al resto de los servicios públicos, con profundos recortes presupuestarios y eliminación de personal; congelando, asimismo, las pensiones y disminuyendo el salario de los funcionarios, así como reduciendo la inversión pública.

¿Qué se ha logrado por esa vía señalada como la ‘única manera’ de afrontar la crisis por los dirigentes políticos europeos, conservadores o, en menor medida, socialdemócratas, así como por los máximos responsables de los diferentes organismos económicos internacionales?

La respuesta es tan rotunda como desoladora: grave disminución de los derechos sociales, parálisis económica, crispación social cada vez más amplia y mayores tasas de desempleo. Todo un éxito, como pueden observar, que en poco tiempo nos puede llevar a retroceder décadas en la calidad de vida de la ciudadanía.

La evolución del empleo en España es una buena muestra de lo que afirmo. Pese a los efectos mágicos que, decían, iba a producir la reforma laboral, lo cierto es que el desempleo no se ha frenado. Y los últimos datos conocidos, los del paro registrado correspondiente a septiembre, hechos públicos esta semana, confirman casi cien mil desempleados más en el conjunto del Estado, de los que una parte significativa procede de los recortes en personal docente y sanitario en diferentes comunidades autónomas, así como de trabajadores del conjunto de las administraciones públicas.

Socialmente injusta

Y, como la pescadilla que se muerde la cola, esa manera ultraliberal, socialmente injusta, de atajar el déficit supone menos personas con empleo, disminución del consumo, estancamiento de la economía y, por tanto, imposibilidad de que esta remonte y genere nuevos puestos de trabajo.

Lo ha hecho en España el Gobierno del PSOE, del que formaba parte hasta hace unos meses el candidato Rubalcaba, aunque ahora parezca sufrir un lapsus de memoria planteando políticas económicas distantes de las neoliberales que apoyó desde el Consejo de Ministros y que tanto han contribuido a la actual situación económica y, también, al desconcierto y el desafecto de muchos de sus votantes.

Aplicando duras medidas, por las exigencias de estabilidad presupuestaria de España y Europa, están intentando atajar el déficit los gobiernos territoriales que han incumplido con los límites establecidos. Y lo hacen, como vemos en Cataluña, Navarra o Castilla-La Mancha, poniendo en riesgo la calidad de la educación y la sanidad pública.

Pero vayamos por partes. En primer lugar, hay que reiterar que el déficit público no es el causante de la actual crisis, como se pretende vender. Las razones que nos han llevado al actual estado de cosas hay que buscarlas en la desregulación del sistema financiero y sus pésimas prácticas. El déficit lo ha generado la crisis al producir una brutal caída de los ingresos y, también, un aumento del gasto para permitir el rescate bancario, el estímulo de la actividad económica desde los Estados y las prestaciones por desempleo.

En segundo lugar, no hay una única manera de reducir el déficit ni de afrontar la crisis. Lo demuestran las distintas políticas de EE.UU. y de Europa. Las propuestas planteadas por Obama van en sentido bien distinto, el de un auténtico plan de estímulo económico: inversión pública en infraestructuras, apoyo (mediante deducciones fiscales) a trabajadores y empresas, así como a los parados; dotado con 330.000 millones de euros tiene como objetivo central disminuir al menos tres puntos sus actuales cifras de desempleo; el presidente estadounidense ha propuesto, igualmente, la eliminación de los recortes de impuestos para las rentas superiores aprobadas por George Bush.

En mi opinión, hay que incrementar los ingresos de las administraciones públicas, evitando ajustes brutales del déficit a base de recortes en el gasto que disminuyen la cohesión social, aumentan el desempleo y reducen la inversión pública, tan necesaria en etapas, como la actual, de reducida inversión privada.

Política fiscal

Son varios los ejes de esa nueva política fiscal destinada a una mejor y más justa recaudación. Por un lado, el de una fiscalidad progresiva que grave en justa medida a las rentas del capital y que no ponga todo su peso, como hasta ahora, en las rentas del trabajo. Es decir, adoptando medidas para aumentar la presión fiscal sobre grupos sociales y económicos que notoriamente escapan a la fiscalidad; y apostando por la imposición directa frente a la indirecta. Lo contrario de lo que han hecho los Gobiernos de PP y PSOE.

Fomentando, asimismo, una política decidida de lucha contra el enorme fraude fiscal que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda superó en 2009 el 23% del PIB español. Así como contra la economía sumergida, que en el caso de España duplica la europea (24% frente al 12%). Estableciendo una tasa internacional para las grandes transacciones financieras. Combatiendo de forma decidida a los paraísos fiscales.

En definitiva, impulsando una política fiscal progresiva, repartiendo las cargas y los sacrificios de la crisis y evitando que estos recaigan exclusiva e injustamente, como hasta ahora, en la mayoría de la ciudadanía y sin la menor solidaridad de los más pudientes y de los que provocaron la crisis. Igual basta con que se limiten a cumplir el contenido del artículo 31.1 de la Constitución: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”.

* Presidente de Nueva Canarias