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Gestos y cambios más que coyunturales > Leopoldo Fernández

   

“El Gobierno de Canarias sí cobrará su paga de Navidad”, titulaba el viernes este periódico llevando a primera página un hecho que en situación normal no sería noticia -lo natural es que perciban ese sueldo todos los que tienen derecho a él-, pero que en las circunstancias económicas que vive el país constituye una llamada de atención sobre la actitud del Ejecutivo ante la crisis. Esta decisión de las autoridades de mantener el salario navideño entre los altos cargos regionales la justifica el portavoz gubernamental en que la situación presupuestaria de las Islas no hace necesario afrontar “medidas extraordinarias” o similares a las que han establecido Cataluña y otras autonomías.

Creo que el Gobierno no comprende, o no quiere comprender, la auténtica importancia de la crisis. Todavía no ha sido suficientemente explícito sobre su verdadero alcance y sobre las negras perspectivas de futuro que presenta, también para Canarias -ahí están el paro y los datos sobre actividad económica para testimoniarlo-, pese a que el turismo, por factores exógenos de todos conocidos, sigue comportándose mejor de lo esperado. Sin duda, el Ejecutivo viene haciendo razonablemente bien sus deberes; pero me quedo en ese adverbio sin pasarme un pelo, pese a que el presidente y sus colaboradores más cercanos no paran de autoalabarse y justificarse cuando ni las cosas están tan bien como parece, ni los problemas se van resolviendo con la prontitud y firmeza exigibles. Los sucesivos gobiernos autonómicos vienen siendo muy habilidosos a la hora de diagnosticar las dificultades que nos afectan, pero nada diligentes cuando se trata de aplicar las mejores y más rápidas soluciones que cada caso demanda.

Si el Ejecutivo, y con él los más altos cargos de la Administración autonómica, hubieran renunciado a la paga extraordinaria de Navidad, habrían enviado un gesto a los ciudadanos en paro, a quienes en estos momentos están especialmente marcados por la crisis. Estaríamos así ante un rasgo de generosidad y solidaridad, una señal de solidaridad con los que más sufren en esta coyuntura atribulada. Personalmente creo que cuando la calle mira hacia los políticos es porque espera de ellos un signo de receptividad y comunión con sus problemas. Y ninguna acción mejor que aquella que supone un sacrificio, una renuncia, un ejemplo del camino que se quiere mostrar desde las atalayas gubernamentales para que la propia ciudadananía, y otras instancias de poder, lo entiendan desde sus responsabilidades respectivas.

Pese a esa medida de enorme carga simbólica que habría sido la supresión de dicha paga, e incluso el anuncio de la contención o reducción de sueldos públicos para el próximo ejercicio, al Gobierno seguirían sin salirle las cuentas. Aunque el ajuste presupuestario de los tres últimos ejercicios supere los 2.300 millones de euros, va a tener que seguir apretándose el cinturón porque gasta más de lo que ingresa y la deuda de la comunidad autónoma no sólo no se rebaja sino que aumenta -supera ya los 3.600 millones-, mientras los intereses siguen también al alza. En estas condiciones, y pese a los buenos propósitos gubernamentales, será inevitable seguir con la política de recortes y vamos a ver en qué medida éstos no afectan a los servicios sociales, la sanidad y la educación, sectores de atención prioritaria, dada la necesidad de equilibrar los presupuestos por imperativo legal.

Es urgente que el Gobierno ahorre, ahorre y ahorre; que emprenda cuanto antes la supresión de empresas, organismos, fundaciones, etc. y puestos inútiles; que reduzca el tamaño del sector público en su conjunto; que entre a saco, de una vez por todas, con la tan cacareada reforma administrativa, y que unifique en un solo cuerpo jurídico la tan dispersa y en ocasiones contradictoria legislación hoy existente en materia de ordenación territorial, medio ambiente y urbanismo. No se puede esperar a que una comisión aún no constituida trabaje sobre este o aquel problema cuando lo que la enfermedad reclama es la inmediata intervención para extirpar el cáncer del despilfarro a que dan pie las duplicidades y triplicidades competenciales. Y junto a ello, la articulación de una moderna arquitectura administrativa que acerque lo más posible la Administración, en sus distintos niveles, a los ciudadanos, de modo que opere con criterios de racionalidad, descentralización y coordinación, sin perjuicio de la necesaria unidad regional y de la valoración de los costes de la insularidad. Sólo así será posible un mejor funcionamiento de la gestión pública, que habrá de asentarse sobre bases de solidez, rigor, profesionalidad, coherencia, eficiencia, calidad y flexibilidad.

Un país moderno necesita preceptos jurídicos de fácil entendimiento y aplicación, que no den lugar a interpretaciones, retrasos, trámites o confusiones sin fin. Para la mejor planificación de su desarrollo, Canarias debe dotarse de unas leyes y normas menos farragosas, complejas y dispersas que no hacen sino dificultar en la práctica la tramitación de cualquier proyecto por parte de los agentes económicos y sociales.

Los controles administrativos son inevitables, pero cualquier actividad legal generadora de riqueza no puede estar condicionada, como hoy sucede, por la discrecionalidad política y administrativa cuando no por la improvisación y la burocracia arrolladora que todo lo dificulta y mangonea.

Si gobernar es elegir y dar prioridad a unas cosas frente a otras, el Gobierno tiene ante sí la oportunidad histórica de quitar, cuanto antes, los dos o tres grandes obstáculos que a día de hoy dificultan y retrasan el buen funcionamiento de nuestra propia capacidad de autogobierno a la hora de gestionar los asuntos públicos con presteza y eficacia.

¿Cuántos años andamos a vueltas con la implantación del gas natural y la extracción de los recursos minerales existentes en aguas de las Islas? ¿Cuántos que sufrimos los problemas de Granadilla y Arinaga? ¿Para cuándo la revisión del Plan Energético reiteradamente incumplido y olvidadas las soluciones que dimanan de las energías alternativas? ¿A qué esperan las autoridades para dar salida legal a los numerosos Planes Generales de Ordenación empantanados en distintas instancias administrativas? ¿No son conscientes del enorme daño que tanto retraso produce a pueblos y ciudades y a las posibilidades de crear empleo y riqueza? ¿Cuándo se resolverán los problemas de los concursos eólicos, la reforma educativa, la rehabilitación turística, las listas de espera médica, los casos de fuera de ordenación, las obras públicas -sobre todo en materia de carreteras- que se eternizan para cabreo general…?